Las dirigencias estatal y municipal del Partido de la Revolución Democrática rechazaron desligarse de las gestiones en favor de los casi 18 mil ex braceros que esperan la retribución de un seguro americano ?calculado en cinco mil dólares-; incluso aseguraron que los 96 legisladores perredistas en el Congreso de la Unión pugnarán por la asignación de un presupuesto en el 2004 para cubrir el pago de los antiguos jornaleros agrícolas.
En cambio, sí se desligaron de Alma Espinoza Gámiz, Jesús Valdés y otros personajes vinculados al diputado local del PRD, Rafael Palacios Cordero, quienes criticaron la actuación de la dirigencia estatal perredista en las actividades de respaldo a los trabajadores que estuvieron en campos agrícolas estadounidenses entre 1942 y 1960.
José Posada Sánchez, presidente del Comité Municipal del partido del sol azteca, explicó que el lunes de esta semana sostuvieron una audiencia con el diputado Pablo Gómez, coordinador de la fracción parlamentaria de este instituto político en la cámara baja, con la finalidad de continuar con las gestiones de pago para los ex braceros.
El PRD no se ha deslindado de este movimiento; sin embargo, hay que aclarar que el siguiente paso (el pago) le corresponde al Congreso de la Unión, concretamente a las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista y obviamente el aurinegro.
Reiteró que los legisladores federales por el Partido de la Revolución Democrática han hecho el compromiso de pugnar por un presupuesto donde se incluya una partida que cubra el seguro que reclaman los braceros, pero será necesaria la adhesión de los otros grupos de diputados, aclaró Posadas Sánchez.
Por su parte, la dirigente estatal perredista, Soledad Ruiz Canaán, aseguró que el instituto político a su cargo no dejará a los ex braceros que se han incorporado a las gestiones emprendidas por Ana María González y Mario Silva, únicos representantes el PRD en este movimiento.
PROTESTA
Piden liberar a presos por armas de fuego
Decenas de familiares recluidos en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Durango realizaron ayer un plantón en el Palacio de Gobierno para exigir la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego, que implicará bajar condenas a las personas que purgan condenas por el delito de portación de pistolas, rifles y otros artefactos similares.
De acuerdo con las versiones de los manifestantes, tan sólo en el Cereso número uno, con sede en la ciudad capital, hay unos 110 presos por el mencionado delito, que en la legislación anterior y por la tipificación de la falta no alcanzan su libertad bajo fianza.