Se deslinda la Procuraduría Agraria en el conflicto campesino
Un reducido grupo de ejidatarios se apostó ayer en las afueras del palacio de Gobierno en protesta porque la Procuraduría Agraria no ha resuelto una disputa parcelaria que afrontan desde hace bastante tiempo y, en contraparte, voceros de la dependencia mencionada dieron a conocer que la misma no es autoridad responsable para solucionar la citada controversia.
En el levantamiento censal que sirvió de base para la incorporación de las 25 personas a la posesión de las 225 hectáreas en el predio Santa Anita –considerado como ampliación del ejido Montes de Oca-, municipio de Durango, la Procuraduría Agraria nada tuvo que ver, advirtió el sub director jurídico de esa dependencia, Agustín Ruteaga Ávila, en referencia a la crítica de 17 ejidatarios que fueron desplazados en la repartición de las tierras en cuestión.
Aunque hay controversias de tipo legal y antecedentes jurídicos que han propiciado diversos litigios, el conflicto por las tierras de Santa Anita, un rancho que fue adquirido en 1988 por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, también tiene implicaciones de carácter político, dado que hay una pugna entre 25 ejidatarios que son respaldados por la Federación Independiente de Organizaciones Agrarias y Campesinas –FIOAC- y 17 amparados por la Confederación Nacional Campesina, CNC.
Durante un plantón en los arcos del Palacio de Gobierno, Teodorico Leal Salas, secretario del Comité Particular de la Ampliación de Francisco Montes de Oca, respaldado por un grupo de diez ejidatarios y directivos de la CNC, exigió la destitución de funcionarios de la delegación de la Procuraduría Agraria por considerarlos responsables en la marginación del reparto de las 225 hectáreas adquiridas en el sexenio de José Ramírez Gamero.
De acuerdo con los antecedentes históricos, el rancho mencionado ubicado sobre la carretera a Mezquital fue comprado para subsanar una ampliación del ejido Montes de Oca que no había sido ejecutada, pese a la existencia de un decreto presidencial expedido en 1931.
En este contexto, la compra de las 225 hectáreas se concretó en la fecha mencionada y hasta 1992 se hizo la entrega formal de la superficie que en teoría debería ser repartida entre 40 ejidatarios que ingresarían al esquema de la ampliación; sin embargo, se produjo una fractura entre este grupo de campesinos de tal manera que 23 y dos agregados más se quedaron en la FIOAC y 17 se adhirieron a la CNC.
En la división, los 23 ejidatarios originales respaldados por la FIOAC y dos más impulsados por esta organización se quedaron con el reparto de las 225 hectáreas, mientras que la fracción de cenecistas fue excluida, según los antecedentes de esta controversia agraria.
Adicionalmente a este conflicto, los ejidatarios cenecistas exigieron la dotación de la documentación oficial que los ampare como propietarios legales de las 100 hectáreas del predio San Juan de Ávila, que fue adquirido en 35 millones de pesos, el 6 de agosto de 1988, por el Gobierno del Estado para subsanar la misma ampliación de Montes de Oca que no había sido ejecutada.
En el caso del rancho Santa Anita, explicó que hay un juicio de amparo, expediente 345/2000 tramitado ante el Juzgado III de Distrito, que arrojó un resolutivo donde se plantea la nulidad del reparto de la superficie de este predio en favor de 25 ejidatarios, y por el contrario se pide la incorporación de los 17 campesinos que fueron excluidos de la distribución.
Se deslinda de responsabilidades
Tras la existencia del amparo 345/2000 concedido por el Juzgado III de Distrito con sede en la ciudad de Durango, el subdirector jurídico de la Delegación de la Procuraduría Agraria, Agustín Ruteaga Ávila, dijo que esta dependencia está dispuesta a colaborar en la reposición del procedimiento que excluyó a 17 ejidatarios en la asignación de tierras del multicitado rancho.
Sin embargo, acotó que en virtud de los conflictos internos que hay entre los dos grupos auspiciados por la FIOAC y la CNC, y la queja interpuesta ante la judicatura tercera, la PA no puede intervenir para resolver la controversia por el reparto de las 225 hectáreas.
Asimismo, reiteró que la dependencia del sector agrario no es la autoridad responsable en el levantamiento censal del predio en disputa, en virtud de que los propios ejidatarios determinaron la identidad de quienes iban a ingresar a la distribución de tierras.
Siete décadas de conflicto
· En 1931, el decreto presidencial concedió la ampliación del ejido Montes de Oca; sin embargo, este ordenamiento nunca se cumplimentó porque los afectados, que en ese entonces eran pequeños propietarios, se opusieron a dejar sus tierras.
· En 1988, para subsanar la falta de tierras de la extensión, el gobierno federal adquirió 225 hectáreas en el rancho Santa Anita, que en teoría serían repartidas entre 40 ejidatarios.
· En el mismo sexenio del gobernador José Ramírez Gamero, se adquirieron 100 hectáreas en el predio San Juan de Ávila y aproxidamente otras 400 en Manuel de Mimbres
· En 1992 se entregan las tierras compradas, pero surgen los conflictos internos entre los campesinos potencialmente beneficiarios del reparto de la ampliación.
· En 1998, la Procuraduría Agraria emprende un procedimiento para regularizar el rancho y se emite un expediente al Tribunal Superior Agrario, que arroja como resultado la incorporación sólo de 25 sujetos; 17 quedan fuera.
· Abril de 2000: ejidatarios desplazados tramitan un juicio de amparo indirecto –expediente 345/00- ante el Juzgado III de Distrito, para revocar la asignación de las 225 hectáreas.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.