Vive el gobierno un momento particularmente difícil. El momento en que se verá si confunde o no el fin con los medios. El momento en que se verá si el foxismo sabe hacer política sin sacrificar el Estado de Derecho.
La prioridad gubernamental es concretar las reformas estructurales, pero la agenda previsible e imprevisible le complica brutalmente el escenario. Factores de poder aparecen involucrados en asuntos que obligadamente los llevan al banquillo del ministerio público y es claro que están ejerciendo toda su fuerza para canjear su problema por el apoyo a las reformas estructurales.
La interrogante es si los operadores del gobierno tienen la entereza y la destreza para sacar adelante sus iniciativas sin guardar en el clóset el Estado de Derecho.
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En la agenda de lo imprevisible las investigaciones de la Procuraduría General de la República por lavado de dinero en contra del cardenal Juan Sandoval y por espionaje telefónico en la Federación Mexicana de Futbol, son asuntos principales en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En ambos casos se trata de factores de poder que, sin duda, pondrán todo su peso y fuerza sobre el escritorio del ministerio público y donde sea necesario para cerrar esos expedientes.
Particularmente, la virulenta reacción del cardenal Sandoval cuestionando al Presidente de la República, al secretario de Gobernación y al procurador general de la República y señalando que hay asuntos o problemas de mayor importancia que la averiguación en su contra, deja ver la intención de torcerle el brazo a la procuración de justicia. Constituye un desafío del prelado no a esos importantes funcionarios, sino al propio Estado de Derecho.
Esa reacción tienta la costumbre de regresar a la cultura de las reglas no escritas del sistema donde los problemas se pueden arreglar por debajo de la mesa y guardando en el clóset el Estado de Derecho.
Desde luego, meterse con un príncipe de la Iglesia o con los hombres de pantalón largo del futbol es tocar temas donde el dogma y la pasión pueden complicar seriamente a la política y, desde luego, las posibilidades de llevar a buen puerto las reformas estructurales. Y la solución apegada a Derecho o apegada a la política que dé el gobierno al desafío que se le plantea, dejará ver qué tan firme es la decisión gubernamental de reorientar el curso de su gestión.
Si en aras de distender la atmósfera política y favorecer, así, la posibilidad de concretar las reformas estructurales, el gobierno busca el arreglo político haciendo a un lado el Estado de Derecho, la idea del cambio no será otra sino la de la reposición de la subcultura de las reglas no escritas del sistema.
En el marco de esa subcultura, eso ha enseñado la historia reciente, bien podría el gobierno echar mano de otro recurso: concentrar la atención en uno solo de esos casos para dejar caer sobre él todo el peso de la justicia y tender, entonces, una cortina de humo sobre el otro asunto para darle carpetazo. Esa operación no sería extraña en nuestra subcultura política. Religión y futbol despiertan dogmas y pasiones y, entonces, la tentación de zafar un asunto concentrando la atención en otro no sería una novedad.
La gran interrogante es si, después de las definiciones del pasado primero de septiembre, el gobierno asumirá la firme decisión de mantener en carriles distintos y separados las cuestiones relacionadas con la procuración de justicia y la necesidad de crear una atmósfera favorable para las reformas estructurales.
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Plantear de manera brutal la tentación de regresar al esquema de las reglas no escritas del sistema puede resultar temerario cuando el gobierno de la alternancia insiste en presentarse todavía como el gobierno del cambio. Puede parecer eso, pero una muy reciente experiencia -la del desafuero del senador Ricardo Aldana- obliga a considerar esa tentación de sacrificar el Estado de Derecho en aras de las reformas estructurales.
La operación político-parlamentaria que se aplicó la semana antepasada y dejó sin efecto la decisión de someter al juicio de procedencia al dirigente petrolero y senador de la República Ricardo Aldana, retrotrajo al país a la era salinista donde por debajo de la ley se buscan los arreglos políticos.
Se reinauguraron, adrede o sin querer, las concertacesiones que en aras de muy altos propósitos terminan por socavar al Estado de Derecho. Una práctica que no le es ajena ni al PRI ni al PAN y cuyo único cambio consistiría en que, ahora, Acción Nacional es el partido en el poder y el tricolor el partido opositor con quien el foxismo quiere dialogar. Una práctica que, por lo demás, se puso en juego aquella ocasión en que Vicente Fox le habría ganado la gubernatura a Ramón Aguirre.
Conforme pasan los días, es claro que en la sesión parlamentaria del jueves 11 de septiembre, el PRI y el PAN llegaron a un acuerdo con cierto barniz de legalidad para evitar, como lo decidió el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, que Aldana fuera sujeto a juicio para su eventual desafuero. Con el disimulo del panismo, el PRI echó mano de la chiquillada política para evitar el desafuero y zafó al legislador priista del compromiso de responder a la investigación por el desvío de recursos de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero y, de ahí, a la campaña del ex candidato presidencial priista Francisco Labastida. ¡Viva la impunidad!, pudo ser el grito desaforado con que el dirigente petrolero y senador de la República celebró las fiestas patrias.
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Esa conducta del panismo en el caso Aldana alerta sobre lo que ahora podría ocurrir con los casos del cardenal Juan Sandoval y la Federación Mexicana de Futbol. Y, a favor de esa posibilidad, está el dato de que el miércoles y, a pesar de las duras declaraciones del cardenal, el presidente Vicente Fox sostuvo una entrevista privada con el cardenal. ¿De qué hablaron? El punto delicado en esta materia es que en la agenda previsible vienen asuntos importantes en extremo. En cuestión de días tendrá que renovarse el Consejo General del IFE, el 2 de octubre obligadamente el fiscal especial tendrá que rendir cuentas de su trabajo en relación con la guerra sucia y, por si eso no bastara, el expediente de las auditorías a la banca en relación con el Fobaproa es un asunto que un día surge y otro desaparece.
En esos asuntos también se juega la definición de la frontera entre la política y el Estado de Derecho y sería de suma gravedad que, dada la urgencia de las reformas estructurales, esa agenda quedara sujeta a negociaciones por fuera del marco del Derecho.La conducta de los partidos políticos, particularmente del PRI y el PAN, frente al Instituto Federal Electoral no ha estado marcada por la madurez. Esas fuerzas políticas parecieran interesadas no en consolidar a la autoridad electoral, como en acotarla por la vía de su debilitamiento. Desde esa perspectiva, si quienes serán los nuevos consejeros del IFE son producto de negociaciones políticas donde la herramienta del chantaje sean las reformas estructurales, la victoria del foxismo sería pírrica y, a la postre, dejaría como legado el descuido de una institución que le ha resultada cara, muy cara -en su doble acepción- al país.
Asimismo, si la apertura del pasado resulta en una ecuación sin solución porque, en aras de las reformas estructurales, no se quiere incomodar a aquellos priistas que tienen cuentas pendientes con la historia, mejor sería escuchar un discurso presidencial renunciando a la idea de esclarecer las matanzas del pasado. Caer en el disimulo, en el engaño para terminar dejando las cosas como estaban, sería renovar el certificado de impunidad que el tiempo ya había concedido a quienes torturaron, desaparecieron y mataron activistas. ¿Qué va a hacer de ese asunto el gobierno? Cada uno de esos asuntos que, quizá, no son urgentes pero sí importantes por cuanto están relacionados con la consolidación de la democracia o el fortalecimiento del Estado de Derecho, amenaza con convertirse en herramienta de chantaje para, en nombre de las reformas estructurales, pedir o exigir la gracia del olvido, de la impunidad o de la ganancia política.
Nada más de imaginar que esos asuntos se mezclen con la reformas estructurales no habría duda de que el nuevo régimen será la reproducción deformada del viejo régimen. Aquel donde asuntos del interés nacional quedan sujetos al interés gremial, grupal, partidista o incluso personal.
Entrar al juego de que las reformas estructurales se tienen que sacar adelante sin importar su costo, sería tanto como confundir el fin con los medios.
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Sí, urgen las reformas estructurales pero no puede ser que asuntos relacionados con la vigencia del Estado de Derecho se sacrifiquen en aras de favorecer una atmósfera que facilite los acuerdos relacionados con aquéllas.
Ya se vio con el caso Aldana que, en nombre de las reformas estructurales, se fortaleció la subcultura de la impunidad. En puerta se ven venir otros asuntos como los mencionados que no pueden negociarse a la luz de las reformas estructurales, haciéndose de la vista gorda frente a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Parte del cambio que reclama la sociedad es ese: establecer reglas escritas, salir de la cultura de la legalidad a medias y los arreglos a entero.
Ora que si el gobierno y su partido no pueden atender los múltiples frentes que suponen la transición y la alternancia, no saben hacer política y respetar el Estado de Derecho, deberían, de una vez por todas, por un mínimo de respeto a quienes les dieron su voto, preparar el discurso para justificar las razones de Estado que vulneran el Estado de Derecho.