EL PAÍS
WASHINGTON, EU.- Las parejas gay de la costa este de EU que van cada fin de semana a Canadá para casarse y que aparecen luego en los ecos de sociedad de The New York Times pueden estar a punto de ahorrarse el desplazamiento. El Tribunal Supremo de Massachusetts decidió ayer que no hay nada en la Constitución del Estado que impida legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que es inconstitucional negar a esas parejas los derechos y ventajas de los matrimonios tradicionales. El Supremo emplazó a las Cámaras a resolver el problema en un plazo de seis meses.
Margaret Marshall, presidenta del Supremo, explicó de esta forma, por escrito, la decisión adoptada por cuatro votos a favor y tres en contra: “El matrimonio es una institución social vital. El compromiso exclusivo recíproco alimenta el amor y el mutuo respaldo y contribuye a la estabilidad social”. El planteamiento pasa a continuación al punto clave sobre el que se basaba la reclamación de siete parejas gay ante el Supremo: el reconocimiento de deberes y derechos.
Desarrollando los argumentos que han reabierto desde ayer con todo vigor el debate nacional en EU sobre los matrimonios gay y que puede producir un efecto dominó en otros Estados, la juez Marshall escribe: “Para aquellos que eligen casarse, y para sus hijos, el matrimonio les proporciona abundantes beneficios financieros, sociales y legales. A cambio, les impone sólidas obligaciones financieras, sociales y legales. La cuestión que se nos plantea es si, de acuerdo con la Constitución de Massachusetts, el Estado puede negar la protección, los beneficios y las obligaciones que implica un matrimonio civil a dos personas del mismo sexo. Hemos concluido que no puede”.
El paso dado por el Supremo de Massachusetts es muy importante, y su presidenta no lo ignora cuando escribe: “Somos conscientes de que nuestra decisión supone un cambio en la historia de la legislación sobre el matrimonio”. Lo que los magistrados rectifican es que el propósito de una boda sea la procreación; matrimonio quiere decir “la unión voluntaria de dos personas como esposos con exclusión de toda otra persona”, es decir, “un derecho civil” garantizado por el compromiso de la Constitución del Estado “con la dignidad y la igualdad de todas las personas”, entiende Margaret Marshall, que cree que no hay “razones racionales” que justifiquen la prohibición de este tipo de uniones. La decisión, por lo tanto, no legaliza aún las uniones entre gays -prohibidas en EU- pero abre la puerta a que se produzca esa legalización, porque va más allá de lo que se ha legislado hasta ahora sobre las parejas homosexuales: decir “sí” a las uniones civiles, pero “no” a los matrimonios. El tribunal da a las Cámaras un plazo de 180 días para que adapten la legislación a su fallo, muy celebrado por representantes de grupos gay: “Es una gran jornada para las familias gay y lesbianas en Massachusetts y en todo el país”, dijo Mary Bonauto, la abogada de las siete parejas gay que plantearon el caso y que no obtuvieron satisfacción completa, porque el Supremo se negó a fallar que estas parejas tenían derecho a las licencias de matrimonio que pidieron. El tribunal quiere que el asunto se resuelva con un cambio en la legislación a partir de su fallo sobre la inconstitucionalidad de la discriminación.
Lo que hizo ayer Massachusetts es interesante porque supone un paso cualitativamente distinto con respecto al Estado pionero, el vecino Vermont. En 1999, el Supremo de Vermont decidió que no podía discriminar a las parejas gay. Un año después, las Cámaras aprobaron una Ley de uniones civiles que da a esas parejas los beneficios que tienen los matrimonios heterosexuales. Pero esos derechos acaban en las fronteras de Vermont. En cambio, los de los matrimonios -igualdad fiscal ante la Ley, seguros médicos, pensiones de jubilación- tienen alcance nacional.
Decisiones similares a la de Vermont en los Tribunales Supremos de Hawai y Alaska siguieron el camino opuesto: en ambos casos, las Cámaras respondieron con enmiendas constitucionales que definen el matrimonio como una unión entre personas de distinto sexo. Por tanto, lo que se abre ahora es una batalla política en las Cámaras de Massachusetts.