CD. LERDO, DGO.- El desvío de recursos con bienes y servicios por parte de servidores públicos a favor de partidos políticos y candidatos, es uno de los principales delitos electorales en que incurren a nivel nacional, dijo María de los Ángeles Fromow Rangel, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR).
En su visita a esta ciudad procedente de la Ciudad de México para impartir una conferencia, comentó que las jornadas de prevención al delito electoral son organizadas por la PGR, especialmente ahora que están en pleno proceso, con la finalidad de reforzar los conocimientos de la ciudadanía para evitar delitos y concientizar a la población de denunciar los ilícitos.
Al respecto dijo que Durango está considerado dentro de los Estados de baja incidencia, ocupa el 28 lugar y no está en los niveles altos como ocurre con el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Puebla y otros.
Reiteró, que de acuerdo a las denuncias presentadas lo más común son las irregularidades por el desvío de fondos por servidores públicos a favor de un partido o candidato, la compra o coacción del voto, promesas de dinero, dádivas, recoger credenciales de elector sin causa justificada para no ejercer derecho al voto, obstaculizar la labor de los órganos electorales, entre otras.
En cuanto a las denuncias presentadas en la dependencia a su cargo dijo: “Se han presentado 180, las cuales están en proceso de investigación, están por integrarse y resalta el desvío de recursos”.
Para presentar una denuncia explicó: “Cualquier persona ciudadana puede hacerlo, un servidor público, las dependencias, depende de los hechos y quien tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo en la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales en la PGR o Agencia del Ministerio Público del fuero común o federal”.
Mencionó que cuentan con un teléfono gratuito 01-800-833-72-33 las 24 horas, atendido por un MP, ahí pueden solicitar información sobre dónde acudir a denunciar.
Respecto a la aplicación de sanciones dijo que son variables, dependen de la averiguación previa, cuánto tardan en obtener las pruebas, el promedio es de seis a ocho meses en la integración.
Por último comentó sobre el próximo proceso electoral del 6 de julio que será muy competitivo, como institución y democracia harán valer la Ley cuando alguien se separe de ella y presente conductas fuera de lo permitido, concluyó.