Los beneficios que traerá la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se quedarán truncos, rabones, sin esa Ley Federal de Radio y Televisión que está siendo bloqueada por diputados al servicio de intereses que obstaculizan nuestra defectuosa democracia. La información es el oxígeno que hace vivir a la democracia. En el viejo régimen el control sobre la información era tan absoluto, que no confiábamos en lo que nos decían: Ni lo que pregonaban las urnas ni en lo que ganaba el presidente de la República o sus funcionarios.
El cambio ha sido espectacular. El Instituto Federal Electoral (IFE) dio certidumbre a las elecciones al difundir información confiable y su exitosa experiencia creó un modelo que se incorpora a las dos leyes mencionadas en el párrafo que abre la columna. Una de las pocas reformas estructurales que podemos presumir es la que transparentará la información.
Cuando el ejecutivo envió una iniciativa de ley, se formó el Grupo Oaxaca, una formidable coalición de medios de comunicación, académicos y organizaciones sociales. Se conjuntaron esfuerzos y ello desembocó en la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que entrará en vigor el próximo junio y que adopta el “modelo IFE” por los cinco consejeros que tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Pese a algunas ambigüedades de esta Ley (deja en la penumbra de la indefinición lo que entienden por “seguridad nacional”) contiene avances notables que sacudirán a las instituciones oficiales y a la sociedad. La tarea está incompleta. Para que esa información llegue a la ciudadanía hacen falta canales de transmisión, medios de comunicación sobre todo en radio y televisión porque lo que ellos transmiten moldea la visión del mundo que la mayoría de los mexicanos tienen (desafortunadamente, la prensa escrita sigue siendo el reducto de minorías). Los medios electrónicos fueron un baluarte del viejo régimen con el cual establecieron un sistema de complicidades centrado en el control que el gobierno tenía sobre una pieza clave en el tejido social.
La inauguración de una estación de radio o televisión no dependía del capital que se requiere para comprar equipos, edificios o antenas. El verdadero obstáculo estaba en la “concesión” que dependía siempre de la buena voluntad de quien gobernaba. Lo mismo pasaba con los “permisos” con los que operan las estaciones sin fines de lucro. Para recibir el preciado papelito, y para mantenerlo, se exigían lealtades políticas con las que seguía hilándose el tapiz de las complicidades. Corregir esa situación era una parte central de esa reforma del Estado con la que se comprometió Vicente Fox. Por eso fue que en la Secretaría de Gobernación de Santiago Creel se reunieron durante más de un año funcionarios, académicos y representantes de organizaciones sociales. Por eso fue que sorprendió tanto el manotazo autoritario soltado el diez de octubre del 2002 por el gobierno de la alternancia. Ese día la pareja presidencial nos informó sobre un decreto que hacía enormes concesiones a los propietarios de radio y televisión y que anulaba la reforma que el país esperaba.
Como jamás informaron sobre las razones que los llevaron a tomar esa decisión es inevitable suponer que el PAN -o cuando menos algunos de quienes lo integran- recibirá concesiones a la hora de las elecciones. Fue lamentable ver la fuerza que tienen los intereses privados, fue triste constatar qué rápido se contagian los viejos modos de hacer política. Después del desaire, siguieron reuniéndose los tercos especialistas, comentaristas y organismos civiles que persistieron en su exigencia de un cambio pese a saber que son posibles las represalias mediáticas. En ese grupo se ha conformado una virtuosa combinación de experiencia con juventud ejemplificada por Clara Jusidman y Eréndira Cruzvillegas (la primera viene de las luchas civiles por la democracia y dirige actualmente Causa Ciudadana, la segunda encabeza a uno de los primeros organismos de derechos humanos mexicanos: CENCOS, Centro Nacional de Comunicación Social).
De esas reuniones salió una serie de planteamientos que tienen como pieza central la creación de un Consejo Nacional de Radio y Televisión autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Reaparece, una vez más, el “modelo IFE” que incluye la presencia de siete consejeros. El cuatro de diciembre del 2002 las organizaciones civiles entregaron al Senado de la República una serie de propuestas que fueron rápidamente adoptadas por un grupo de senadores que en unos días la transformaron en una iniciativa de ley firmada por 64 senadores del PAN, PRD, PVEM y Convergencia.
La celeridad y sensibilidad no tenía precedentes pero muy pronto enfrentó más obstáculos que respaldos. Para empezar, la poderosísima Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) decidió no asistir a las consultas organizadas por una subcomisión senatorial. Un obstáculo formalmente más grave es que un grupo de diputados -entre ellos el panista Leonel Funes Díaz- rechazaron tajantemente la iniciativa argumentando que viola el marco constitucional, permite discrecionalidad en el sector y perjudica a la sociedad. De hecho, repiten los argumentos de concesionarios comprometidos con el orden establecido.
Resulta incomprensible esta resistencia al cambio cuando se trata de reformas indispensables que embonan perfectamente con la modernización que de manera obligada vive el sector. Por ejemplo, ha sido notable la cobertura hecha por Televisa de la Guerra de Iraq; es más libre, articulada y concisa que la presentada por CNN, una cadena atrapada por la lealtad a su gobierno. Televisa -entre muchos otros concesionarios- vive una apertura editorial a tono con los vientos que soplan en México y que debe completarse con la actualización del marco jurídico que regula a los medios de comunicación que no pueden quedarse fuera de las transformaciones que vive el país. La Ley Federal de Radio y Televisión que está siendo discutida no afecta la libertad de expresión, ni lesiona el derecho de propiedad. Lo que pretende es limpiar y multiplicar los canales por donde tienen que fluir los ríos de información que empezarán a salir cuando entre en vigor, el próximo 11 de junio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
En este forcejeo llama la atención el silencio oficial. Vicente Fox sigue titubeando a la hora de tomar decisiones que conformen su convicción con la reforma profunda que consolidará la democracia. En el terreno de la información ya avanzamos en la transparencia, falta garantizar que existirán las instituciones que piensen en el bien común. Los concesionarios de radio y televisión se comprometieron al recibir sus concesiones a fortalecer las convicciones democráticas y se obligaron a informar con noticias veraces y objetivas. Falta el organismo público encargado de hacer que se cumpla esa ley. Para ello se necesita de un Consejo Nacional de Radio y Televisión autónomo, de una Ley Federal de Radio y Televisión y de un estadista que anteponga el interés general al particular.
La miscelánea
Resulta saludable el respaldo público del canciller Luis Ernesto Derbez a Adolfo Aguilar Zínser, embajador mexicano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al menos tres fuentes confiables me confirmaron que importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos han pedido su remoción para que, por ese camino, nos congraciemos con Washington. Hubiera sido absurdo que el gobierno de Vicente Fox les hiciera una concesión de ese tipo. A estas alturas de la guerra deberían estar reconsiderando la sensatez de la postura mexicana.
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