En distintos momentos, diputados locales de todos los partidos han coincidido en la necesidad de introducir reformas al código penal con la finalidad de endurecer las penas que se aplican a cierto tipo de delitos, como pueden ser aquellos en los que incurren los “graffiteros” y las farderas, así como, promover una iniciativa para que el Congreso de la Unión, por ser de su competencia, legisle en materia de narcomenudeo.
En los primeros dos casos es preocupante la afectación que causan al comercio las farderas e indignante los daños que a propiedades privadas ocasionan los que mediante la utilización de pinturas en aerosol incurren en ese tipo de delitos que son considerados como menores, pero que en realidad, dada su proliferación se han convertido en un verdadero atentado no sólo contra las fincas propiedad de particulares, sino también contra las públicas y la fisonomía de la ciudad.
Pero además, existen otras conductas que aunque se han presentado en otras entidades del país, seguramente se presentan en la nuestra y por tanto no dejan de ser preocupantes para la sociedad, como es el maltrato a menores y en el caso de Coahuila, resulta paradójico que el robo con quebrantamiento de la confianza, que puede ser el cometido por una empleada doméstica, sea considerado grave y en cambio el maltrato a menores no lo sea.
En Coahuila, han trascurrido ya seis meses de la actual legislatura y los diputados aún no se ponen de acuerdo en una agenda legislativa básica que incluya desde estas reformas sencillas, pero importantes desde el punto de vista social, hasta las leyes completas que está demandando la situación social imperante, por lo que resulta urgente que los legisladores pasen de las palabras a los actos concretos.