La Presidencia de la República perdió el primer round de la extraña controversia constitucional que inició el 25 de abril contra la Auditoría Superior de la Federación (AF), pues la Suprema Corte de Justicia se negó a suspender la presunta interferencia de la ASF en la esfera del Ejecutivo. El segundo round, ya en curso, será también adverso para Los Pinos.
Consiste en una reclamación por aquella primera determinación, que seguramente será convalidada por el pleno de la Corte esta misma semana. Dentro de varios meses, en fin, cuando el máximo tribunal resuelva el fondo de la controversia, es probable que el fallo signifique también una derrota del Ejecutivo.
Llamo extraña a la controversia porque el Presidente pone en duda la capacidad legal del órgano superior de fiscalización, la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, para revisar la aplicación de los dineros públicos y establecer los correctivos correspondientes, cuando que esa es la razón constitucional de su existencia. Y es extraña también porque la aparente defensa de la legalidad blandida por la Presidencia significa en realidad la defensa de bancos privados, particularmente Banamex, el monto de cuyos pagarés Fobaproa ha ordenado disminuir la ASF.
Ese es el asunto que en el fondo se dirime. En vez de favorecer que se pague menos a los bancos, porque inflaron su crédito en el Fobaproa, lo que significa reducir la carga fiscal, es decir la de los contribuyentes en el oneroso rescate bancario, el Presidente elige que usted y yo carguemos con la cuenta, en vez de que lo haga Citicorp.
Y es que ese consorcio podría reclamar a Roberto Hernández, amigo presidencial, y socios, que del monto recibido al vender el banco devuelvan el importe de la rebaja en el pagaré, que la ASF quiere imponer. Al analizar el curso del Programa de capitalización y compra de cartera, la ASF formuló en septiembre pasado 28 observaciones al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, la creatura jurídica engendrada por el PAN para sustituir al Fobaproa y hacerle al gobierno del presidente Zedillo el invaluable favor de legitimar la deuda pública que para el rescate bancario había adquirido ilegalmente. Las observaciones fueron también dirigidas a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, representadas en la junta de gobierno del IPAB. Buena parte de esas observaciones no fueron solventadas, por lo que a comienzos de marzo la ASF dirigió comunicaciones al IPAB para que efectuara descuentos a los pagarés de Banamex, Bital y Bancomer, porque están inflados indebidamente. La compra irregular de cartera a esos bancos suma 44 mil millones de pesos, importe de créditos que no debieron caer “en la panza de Fobaproa” como se definió a esas operaciones, por las siguientes buenas razones: más de trece mil créditos estaban en litigio, y en vez de esperar las resoluciones judiciales, se hizo fácil a los operadores del rescate bancario cargar su monto a los contribuyentes; seis créditos más eran “relacionados”, es decir otorgados a accionistas o personal de los bancos; y, contra una disposición expresa, se incluyeron casi dos mil millones de pesos de intereses moratorios. Por lo pronto, se decidió que el importe del pagaré de Banamex sea reducido en cinco mil millones de pesos. Eso es más de los que los bancos están resueltos a soportar, y acudieron en demanda de apoyo al gobierno, que lo prestó de inmediato.
Les hace falta ese respaldo no sólo por los montos involucrados, sino porque no ha prosperado la propia defensa de sus intereses que libran los intermediarios financieros. Han presentado amparos contra las condiciones que se les fijaron para renovar los pagarés de Fobaproa. Tan cerrada es su defensa, que esos tres bancos, y Banorte, demandaron a despachos de auditoría contratados por la Cámara de Diputados, para que no entreguen la información que resulta de sus investigaciones. Tan enojosa es la situación para los intereses generales en favor de unos particulares, que trece senadores panistas apoyaron la decisión de la ASF y aplaudieron la de la Corte de no otorgar la suspensión, e instaron a los diputados a no perder de vista el procedimiento iniciado por el órgano de auditoría que depende de ellos, los legisladores de San Lázaro.
Es de hacer notar esa posición de panistas porque Acción Nacional ha tenido tal ingerencia en la creación y el desarrollo de ese Instituto que la voz pública lo bautizó como Ipan.
Ahora mismo, parece consumada la designación de un diputado panista todavía en funciones, Manuel Minjares, para sustituir al doctor Bernardo González-Aréchiga, un vocal de la junta del IPAB que encontró en una invitación para realizar funciones en el Tecnológico de Monterrey la ocasión adecuada para salir de una institución que no cumple a cabalidad sus funciones. Está en trance también de hacerlo otro vocal, Adalberto Palma, igualmente insatisfecho por el desempeño del Instituto. Desde su creación ha habido allí por lo menos desaprensión. Se prohibió expresamente (sólo faltó escribir su nombre) que Guillermo Ortiz ocupara la representación del banco que gobierna en la junta del IPAB y desde entonces su sillón está vacante. Se prohibió asimismo designar vocales o funcionarios del Instituto a quienes hubieran participado en el rescate bancario, y violaciones a ese principio ocurridas al nacer se repitieron ahora mismo, al designarse hace unas semanas a Héctor Tinoco, que cae claramente en ese supuesto.