La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) apoya un IVA del cinco por ciento a medicinas y alimentos y demanda una mayor certeza fiscal y jurídica para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras que generen empleos en el país.
El dirigente de este organismo empresarial, José Luis Barraza González, también urgió la aprobación de las reformas estructurales para que México recupere sus niveles de competitividad que lo hagan atractivo para la inversión.
El sector empresarial, dijo, apoya la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 15 a un diez por ciento, y gravar con un cinco por ciento a medicinas y alimentos y su posterior homologación, en tres años, al resto de los productos.
Afirmó que son falsas las premisas que gravar medicinas y alimentos va a tener un costo político; al contrario, precisó, a los gobiernos federal y estatales les significaría hasta el doble del presupuesto para obra pública y acciones de carácter social que beneficia a las clases más desprotegidas.
Barraza González asistió ayer a la asamblea de la Coparmex Durango, y habló del trabajo de cabildeo que ha emprendido este organismo para lograr consensuar las reformas fiscal, energética, laboral y política antes del 15 de diciembre.
Precisó que es muy importante que la reforma fiscal no sólo sea una miscelánea o un parche más; ?el sector empresarial y la sociedad requerimos una certeza jurídica y saber que todos estamos cumpliendo con las obligaciones fiscales, no solamente las empresas?.
El sector empresarial propone un sistema tributario sencillo, que no tenga tantas complicaciones como las actuales; que promueva la inversión, y que su aplicación sea de largo plazo.
El presidente de Coparmex reconoció que coinciden en buena parte con la reforma fiscal que ha propuesto el PRI como el IVA a medicinas y alimentos, pero inicialmente de un cinco por ciento y aumentarlo gradualmente; bajar el Impuesto Sobre la Renta y hacer una clasificación sencilla.
Indicó que los contribuyentes del ISR serían de tres clases: los exentos, que son los ganan hasta seis salarios mínimos; los que pagarían un 25 por ciento, que son las personas físicas con ingresos superiores a los seis salarios mínimos y hasta cinco millones de pesos; y los que tengan ingresos mayores a esta cantidad, que serían las empresas, de un 30 por ciento.
?Este tipo de medidas tendientes a tener tasas impositivas competitivas vendría a promover la generación de empleos y nuevas empresas; incentivarían la inversión nacional y extranjera?, enfatizó.
Por otro lado, afirmó que el sector empresarial también demanda que el gobierno eficiente su gasto corriente y lo reoriente a infraestructura, a educación y salud.
Lamentó que el país tenga todavía altos índices de corrupción, aunque reconoció que este fenómeno se ha corregido en algo.
El alto grado de impunidad que hay en el país se refleja en que solamente se denuncia el 30 por ciento de los delitos y de éstos solamente se alcanza a castigar el ocho por ciento, por lo que también urge, añadió, una adecuación al marco jurídico de administración de la justicia.