En el antiguo régimen, establecer y difundir los resultados electorales, a cargo de un organismo gubernamental, propiciaba dos problemas (o peligros, habría que decir): por un lado, que se anunciaran los que convenían al partido del gobierno y luego, en el plazo entre la jornada electoral y la del cómputo de los votos, arreglarlos para que coincidieran con los previamente dados a conocer. Para evitar esas trapacerías se idearon mecanismos que combinaran velocidad y precisión al fijar y comunicar los resultados, en forma tal que no se pudieran manipular los paquetes del día de la votación.
Así se propició la práctica de las encuestas de salida y los conteos rápidos, y se instalaron programas de resultados preliminares (PREP). Los dos primeros son ejercicios estadísticos, que a partir de una muestra técnicamente establecida, anticipan resultados, con los márgenes de error que supone no indagar la totalidad del universo sino sólo una parte mínima. En la encuesta de salida se pregunta a votantes seleccionados por quién sufragaron. En el conteo rápido se toma nota del resultado formal de casillas escogidas. El PREP recoge los resultados casilla por casilla, conforme se reciben en los consejos distritales. Unos y otros mecanismos ofrecen una idea, más o menos aproximada a los resultados definitivos, pero no dan los resultados definitivos. Conviene recordarlo y tenerlo presente para que no se generen conflictos, especialmente riesgosos en casos de disputa cerrada o interpretación de la norma jurídica, pues debe esperarse el recuento formal de los votos en los órganos respectivos y aun las decisiones judiciales. Sólo estamos ante un resultado definitivo e irreversible cuando el Tribunal Federal Electoral dice el derecho. O cuando guarda silencio porque no se acudió a esa última instancia.
En Sonora, por ejemplo, sin que se emitan los resultados oficiales se ha generado un litigio entre los candidatos del PRI y del PAN, (tan semejantes por tantos motivos que serían intercambiables), afanoso cada uno de los cuales por alegar su victoria. El tema se volvió polémico a raíz de la difusión, antes de la hora legal en el caso de TV Azteca, de encuestas de salida encomendadas por las dos televisoras de alcance nacional a empresas de su confianza. Los sondeos coincidieron en otorgar una ventaja amplia a José Eduardo Robinson-Bours Castelo (Eduardo Bours) sobre Ramón Corral Ávila, una ventaja de hasta nueve puntos.
La diferencia favorable al priista era considerablemente menor si se atendía a los datos del PREP. Pero los resultados de las encuestas, ejercicios sin ningún carácter oficial, causaron un hecho político: la generalización de la idea del triunfo de Bours. Por añadidura, el PREP fue interrumpido cuando faltaba cerca del veinte por ciento de las casillas por allegarle sus datos. La confusión política, no electoral (si cabe la diferencia) empeoró cuando Corral, que manejó las finanzas de la campaña foxista y tiene al menos por ese factor cercanía con el Presidente de la República, lo puso al tanto de lo que ocurría y de ese informe se derivó un interés ostensible, e inadecuado por impertinente, de Los Pinos en un conflicto carente de sustancia legal pero potencialmente explosivo si se le encara irresponsablemente.
El atraso de la legislación sonorense, que todavía reserva al Congreso estatal la calificación de los comicios, función propia de consejos e institutos ciudanizados en el resto del país, añadirá un factor partidario al problema, pues al erigirse en colegio electoral, los legisladores actúan con criterios políticos y no jurídicos. Es seguro que tenga que llegarse a un juicio de revisión constitucional, el proceso conducido por el tribunal federal. Antaño era preciso ganar, en las mesas de debate y en las movilizaciones callejeras, lo que no se dilucidaba en las urnas, o se había torcido. Hoy ya no es así, por lo que los contendientes sonorenses harían mejor, antes que apelar al Presidente o rechazar su intervención, en conservar la calma y armados de paciencia, recorrer la ruta legal establecida.
Sorprende, por otra parte, que el Instituto Federal Electoral haya cedido a los apremios de información electoral y haya realizado, directamente, un conteo rápido controlado por un equipo especialmente calificado para el propósito. Por añadidura, después de los datos de esa operación que no por haberse realizado por el IFE mismo y presentada por su propio presidente tiene carácter oficial, se ha difundido información surgida no se sabe de dónde y otra, expedida por el consejo general del IFE, que contiene unas “proyecciones” numéricas para que los partidos se hagan una idea de la integración de sus bancadas.
Nada de eso sustituye al procedimiento de cómputo distrital, que en más de dos terceras partes se cumplió el miércoles, como dispone la ley; y nada de eso sustituye a la asignación de diputados de representación proporcional, que realizará el consejo general del IFE cuando disponga de los insumos para ello, no ahora. Se requiere primero concluir los conteos en los distritos y que los tribunales desahoguen los recursos que de esa operación se deriven. Sólo a partir de ese momento podrá hacerse la asignación formal. Jugar ahora con datos que no dejan de ser imaginarios, aunque sean obtenidos por procedimientos técnicos, sólo genera discusiones estériles, como la protagonizada por el PRI al defender una cuota legislativa que no ha sido fijada oficialmente.