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México, DF.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión desechó ayer, por segunda vez consecutiva, el proyecto de decreto para convocar a un período extraordinario de sesiones a fin de desaforar al senador Ricardo Aldana Prieto.
Con 20 votos en favor del PAN, PRD y PVEM, 15 en contra del PRI y una abstención del diputado priísta Efrén Leyva, la petición del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Armando Salinas Torre, fue rechazada pues no alcanzó la mayoría calificada, dos terceras partes de los legisladores asistentes a la sesión.
El presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Enrique Jackson, declaró: “no se reunió la votación suficiente para formar mayoría calificada como lo dispone el Artículo 78 de la Constitución Política, (por lo que) se desecha el proyecto de decreto, comuníquese a la Cámara de Diputados”.
En el debate, luego de que el asunto fue considerado como de urgente y obvia resolución, el senador Javier Corral Jurado, del PAN, expuso que la postura de su partido en favor de dicho periodo extraordinario de sesiones no pretende el linchamiento público de compañeros o colegas legisladores, como es el caso de Ricardo Aldana.
Se busca que la Cámara de Diputados se constituya en Jurado de Procedencia para que puedan desahogarse los requerimientos que el Ministerio Público hizo contra el senador Aldana Prieto, del PRI.
La petición debe verse sin “fobias o filias no sólo personales sino partidistas”, comentó.
Debe levantarse la inmunidad procesal “que tenemos los legisladores para ser sometidos al imperio de la ley y los supuestos de la norma en casos similares o en ilícitos que cometen ciudadanos y cualquier persona, legisladores, gobernadores y Presidente de la República”, mencionó.
En su oportunidad el senador Carlos Chaurand Arzate, del PRI, dijo que su partido votaría en contra del periodo extraordinario ya que la Cámara de Diputados -según él- violó el principio de legalidad al haberse instaurado una Comisión Instructora fuera del ámbito legal de procedencia para hacerlo.
Según él, “se violó el principio de legalidad en el momento en que la Comisión Instructora sesionó y tuvo actuaciones en días no congresionales, como lo marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.