La revaloración de las incapacidades totales y permanentes que paga la Secretaría de Educación en el Estado no significa una “cacería de brujas”, sino que se pretende regularizar aquellos casos donde la justificación es incierta, ello luego de que aparecieron irregularidades.
Son más de mil 300 los certificados de invalidez que el gobierno estatal a través de la SEED tiene que pagar a igual número de trabajadores de la educación, y que le significan una erogación extraordinaria anual que afecta la situación financiera.
El titular de la dependencia rectora del sector educativo en Durango, Adrián Laveaga Hernández, aclaró que la revisión de los mil 300 casos de certificados de invalidez que se pagan es para evitar suspicacias y a aquellos trabajadores de la educación que así lo justifiquen se les ratificará, no así en situaciones inciertas, en donde de acuerdo a las revaloraciones médicas que realice el ISSSTE, demuestren que pueden realizar las actividades encomendadas.
Señaló que la revaloración es parte del proceso de reordenamiento en que está inmerso el sector educativo en la entidad, por lo que reiteró que no es una cacería de brujas, sino justificar realmente el gasto que realiza el Gobierno del Estado en tal rubro.
Dijo que no se realizarán injusticias, ya que las revisiones se realizan en coordinación con el ISSSTE, pero también con las directivas sindicales, que estarán muy pendientes de que todo se efectúe conforme lo establezca el marco jurídico laboral, y se respeten los derechos de los afectados.