03 junio 2003
WASHINGTON (AP) .- El FBI se demoró excesivamente para determinar si cientos de extranjeros detenidos en Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 estaban involucrados en actos de terrorismo, dice un informe del Departamento de Justicia.
El informe precisa que decenas de los detenidos estuvieron encerrados 23 horas al día y durmiendo con las luces encendidas toda la noche.
En algunos casos, los guardias le preguntaban a los extranjeros detenidos en una prisión de nueve pisos en Brooklyn "¿Está usted bien?", y si les respondían que sí, los guardias daban por sentado que habían renunciado al derecho a tomar contacto telefónico con un abogado, lo que podían hacer una vez por semana.
Si los llamados telefónicos eran respondidos por una grabación o la línea estaba ocupada, los guardias consideraban que el detenido ya había hecho su llamado semanal.
El informe del inspector general puso de relieve "problemas significativos" en las acciones del gobierno del presidente George Bush hacia 762 extranjeros detenidos por transgresiones a las leyes de inmigración después del 11 de septiembre del 2001. Sólo uno de ellos, Zacarias Moussaoui, ha sido acusado de algún delito vinculado con el terrorismo; 505 fueron deportados.
"No tenemos que disculparnos por apelar a todo medio legal posible para proteger al público estadounidense de nuevos ataques terroristas", dijo la portavoz del Departamento de Justicia Barbara Comstock. Aseguró que las leyes nacionales "se cumplieron y respetaron escrupulosamente".
El informe, dice un artículo publicado por el New York Times, no hace ninguna crítica específica contra el secretario de Justicia, John Ashcroft, ni contra ningún otro alto funcionario del departamento.
Según las leyes estadounidenses, el gobierno tiene hasta 90 días para deportar o liberar a los detenidos, pero puede retenerlos mucho tiempo más si están vinculados con una investigación delictiva o terrorista. Algunos de los detenidos del 11 de septiembre estuvieron detenidos hasta ocho meses, aunque la mayoría fue deportada antes del plazo de los 90 días.
Un alto funcionario del FBI, que habló con la condición del anonimato, dijo que uno de los detenidos era un compañero de habitación de uno de los piratas aéreos y que conocía a un segundo. Otro admitió haber recibido entrenamiento en un campamento terrorista en Afganistán. Uno había viajado a Nueva York antes del 11 de septiembre con una licencia de piloto y material de vuelo. Y otro trabajaba en un comercio donde los investigadores hallaron 25 fotografías del Centro Mundial de Comercio.
Varios otros detenidos aguardan deportación o han sido acusados de delitos no terroristas, aunque funcionarios de justicia creen que todos serán deportados eventualmente.
Kathy Hawk Sawyer, directora de la Oficina Correccional, aseguró que dos funcionarios de la oficina del subprocurador general --David Laufman y Christopher Wray-- le dijeron que "no se apure" para permitir que los detenidos inmediatamente después del 11 de septiembre llamaran a sus abogados o sus familias.
El inspector general, Glenn Fine, afirmó que las condiciones para algunos detenidos eran "excesivamente severas".
Algunos abogados censuraron las condiciones impuestas por lo que comúnmente se considera un delito civil: residir en Estados Unidos en violación de las leyes de inmigración.
"No deberían haber estado en condiciones de máxima seguridad, ni con cadenas en los pies", dijo Jeanne Butterfield, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, con sede en Washington. "En condiciones normales, ni siquiera deberían estar presos".
A decenas de los detenidos les obligaron a caminar con los pies encadenados, apenas se les permitió salir de sus celdas y sólo se les autorizó a hablar con sus embajadas o familiares una vez por mes. A algunos abogados defensores que fueron a visitarlos se les mintió diciéndoles que sus clientes no estaban allí.
El inspector general también identificó "una pauta de abusos físicos y verbales" por parte de los guardias.