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México, DF.- Un mes antes de cumplir ocho años, Noemí Prisciliano vio a tres soldados mexicanos entrar a su casa, apuntar sus armas hacia su madre y forzarla a tirarse al suelo.
“Luego que la acabaron de desnudar, un soldado se desabrochó su pantalón, se bajó el cierre y le pegó a mi mamá el soldado con su mano”, dijo la niña, ahora de nueve años, en un testimonio legal.
Noemí tomó a sus tres hermanos menores y corrió a la casa de su abuelo, quien tuvo tanto miedo de intervenir, que esperaron juntos ahí en silencio.
Cuando los niños regresaron a su casa encontraron a su madre llorando. Ella dijo que había sido violada.
Los campesinos de esta zona rural de México, alguna vez semillero de movimientos guerrilleros, hablan de persecuciones diarias y frecuente brutalidad de miembros del ejército.
“A veces no hablamos mucho español. Por eso el abuso, no sabemos nosotros cómo defendernos”, dijo Ocotlán Sierra, funcionario de un pequeño pueblo en el sureño estado de Guerrero, donde una madre adolescente dijo haber sido violada por militares el año pasado en uno de varios casos en la región.
El Ejército Mexicano, más preocupado por la seguridad interna que por amenazas del exterior, ha ido asumiendo cada vez más labores policiales —30,000 efectivos trabajan diariamente en el combate a las drogas— con un costo para los derechos humanos, de acuerdo con expertos.
“Los soldados han violado, torturado y asesinado gente durante las campañas para erradicar cultivos ilegales o investigaciones de tráfico de drogas. Ese es uno de los riesgos de usar al ejército como una fuerza policial”, dijo Laurie Freeman de la Oficina de Washington sobre América Latina, una organización no gubernamental.
“El Ejército Mexicano no toma en serio presuntos abusos y a menudo niega por completo cualquier fechoría”, afirmó.
En enclaves rurales, especialmente en los conflictivos estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, líderes locales dicen que la vida cambia de cara a una presencia militar intimidatoria.
Los grupos de derechos afirman que algunas mujeres se rehúsan a contar a sus propias familias que sufrieron abusos sexuales a manos de soldados, por temor a ser abandonadas.
Aunque las investigaciones han avanzado con lentitud, el presidente Fox dijo en un reciente discurso que el ejército había cambiado y que “en todas y cada una de sus actividades se promueve el respeto a los derechos humanos”.
Los habitantes del pueblo dicen que la vida se ha vuelto más dura bajo el mandato de Fox. La crisis económica ha llevado a algunos campesinos pobres a plantar droga, atrayendo más fuerzas militares a las comunidades.
“En vez de mandar ayuda, mandó más soldados”, dijo Sierra.
Inés Fernández, de 27 años, dijo que 11 soldados de una barraca cercana aparecieron una tarde de marzo del año pasado en su corral, donde curaba carne de una vaca recién sacrificada.
Tres de ellos entraron a su casa de adobe preguntando “¿dónde fue a robar carne tu marido?”, dijo Inés.
La mujer, una frágil indígena tlapaneca que habla poco español no contestó. Sus hijos, incluyendo a Noemí, la mayor, estaban con ella.
Un soldado le ordenó tirarse al suelo de su pequeña cocina y la violó, dijo Inés, quien agregó que los soldados se llevaron unos 100 kilos de carne fresca.
Su esposo, llamado Fortunato Prisciliano, apoya su cruzada para acusar a los militares por cargos criminales pero el desgastante proceso legal puede causar problemas al interior de las familias y admite que al principio se enojó con su esposa.