El presidente del Centro Empresarial de Durango, Gilberto Sánchez Rodríguez, afirmó que el problema del campo es real y grave, pero ello no es resultado ni del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni mucho menos de la reforma constitucional de 1992.
Por tanto, resulta absurdo pretender encontrar la solución de los problemas del campo en la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, o en volver a la situación jurídica previa a la reforma de 1992.
Dijo que a nivel nacional, la Coparmex ha establecido que abrir las negociaciones del TLCAN podría tener graves implicaciones para toda la planta industrial del país, no sólo para la exportación agroalimentaria, y perder confiabilidad en foros internacionales; pero sí debe hacerse uso de todas las salvaguardas y demás prácticas que permita el TLCAN para evitar la competencia desleal.
La grave situación del campo mexicano se debe a que por décadas las políticas agropecuarias tuvieron como finalidad mantener el control político del país, y fueron y contrarias al desarrollo y progreso de las familias campesinas. El corporativismo y el paternalismo frenaron el desarrollo del sector.
Sánchez Rodríguez comentó que se tiene, por ejemplo, el caso de los apoyos y subsidios que no han cumplido con los objetivos para los que supuestamente fueron creados, al distorsionar las señales de mercado y consolidar ineficiencias; al dirigir la producción hacia cultivos que en el exterior tienen mejores condiciones climáticas y son de mejor calidad.
Acotó que la Coparmex está proponiendo, entre otras cosas, aprovechar la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional para dotar de un auténtico patrimonio a 3 millones de familias campesinas, con ello sentar las bases de su autodesarrollo; titular las tierras ejidales y comunales a los campesinos beneficiados con el régimen de propiedad privada y de esta forma retomar el espíritu y la letra del Legislador de 1917. “No debe, ni por razones históricas, ni jurídicas, ni políticas, ni prácticas, ponerse a discusión sobre el tapete, la legislación agraria constitucional vigente”.
Indicó que es positivo investigar, detectar y estructurar con la mayor brevedad posible las medidas de orden económico y de organización que no se han tomado aún, para hacer que las reformas al marco jurídico en materia agraria del artículo 27 constitucional puedan funcionar en verdad a favor de todos los mexicanos que habitan y viven en el campo.
“Ampliar la visión de desarrollo no limitándola a la actividad agropecuaria y silvícola, sino que debe tener una visión de desarrollo rural integral que permita la creación de oportunidades de empleo y auto empleo; de fomento a la micro y pequeña empresa, emanada de los propios campesinos o de empresas rurales. Concentrar en la secretaría del ramo las actividades dispersas que están íntimamente ligadas al desarrollo agropecuario”.
Puntualizó que se requiere entrar en un proceso de renovación que impulse la vocación productiva del campo mexicano hacia cultivos que tengan posibilidad de competir nacional e internacionalmente, de acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas de cada región. Para ello sería conveniente establecer un sistema de información rural como factor fundamental que respalde la toma de decisiones.