Las protestas en contra de la labor de las Direcciones de Salud y Seguridad Pública de Torreón, en relación con los operativos para impedir el ejercicio de la prostitución masculina, están en la mesa de las discusiones. De acuerdo a lo declarado por las autoridades, en la administración pasada poco o nada se hizo a este respecto, lo que provocó que saliera de control la actividad mencionada.
Lo anterior plantea un reto de salud pública porque genera un caldo de cultivo para diversas enfermedades, entre las que destaca el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Prueba de lo anterior es que en el mes de enero pasado, fueron detenidas por la policía preventiva cincuenta y dos personas sorprendidas en la calle en la actividad en cuestión, de las cuales el diez por ciento resultaron seropositivas.
Algunos consideran que la campaña de la autoridad en ese sentido implica una violación a los derechos humanos, por virtud de que se priva a los involucrados de su libertad en forma temporal y se les somete a exámenes médicos en contra de su voluntad. Lo anterior es digno de considerar, sin embargo, también están en la balanza los intereses de una comunidad que tiene derecho a ser protegida.
Se dice que tratándose de adultos que en forma voluntaria participan en ese tipo de intercambio, la autoridad no tiene nada qué hacer y que en los operativos se suele incurrir en excesos. Lo cierto es que los efectos nocivos del contacto se encuentran fuera del control de la ciencia médica y rebasan a los participantes directos, por lo que la ingerencia de la autoridad se entiende necesaria y bajo su estricta responsabilidad.