La emisión de un dictamen concreto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en relación con la agenda fiscal para el año entrante, enciende una luz de esperanza en cuanto a la posibilidad de un acuerdo en el tema.
El producto contempla la propuesta del Ejecutivo Federal, con la particularidad de que el Impuesto al Valor Agregado en alimentos y medicinas es substituido por un gravamen de un ocho por ciento aplicado a la cadena productiva. En la práctica, la variante ofrece una salida para controlar el IVA generado en la cadena productiva en los rubros de alimentos y medicinas, que se queda en los bolsillos de los intermediarios en virtud de la exención al consumidor.
El dictamen ha sido aprobado por diputados del PAN y del PRI ubicados en el bloque que reconoce a Elba Esther Gordillo y como consecuencia, ha suscitado la reacción en contra del grupo que capitanea Roberto Madrazo al través de Emilio Chuayffet, asociado al PRD.
La aprobación o rechazo finales del dictamen, dependen de una votación del pleno de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y pone a prueba al proceso mexicano de transición a la democracia plena.
La crisis parlamentaria surgida en el seno de la bancada del PRI que contamina al proceso legislativo en su conjunto, explica la dificultad que enfrenta el Gobierno del presidente Fox para tender los puentes de consenso que la construcción del futuro del país requiere. En un sistema de equilibrios basado en la democracia representativa, la división de poderes y el federalismo, es contradictorio esperar que el Ejecutivo haga las cosas solo, sin el concurso de la sociedad y de las fuerzas políticas.
Por ello preocupa el empeño por satanizar toda forma de acuerdo, cuando la lógica elemental indica que sólo en consenso es posible construir el sistema político del Siglo Veintiuno.
Basta repasar la historia reciente: Al acuerdo PRI, PAN, que reconoció al Gobierno de Carlos Salinas como mal menor para mantener la estabilidad política, se le sataniza. Al acuerdo PRI, PAN, PRD, que aprobó el rescate bancario mediante el Fobaproa, se le sataniza. Al acuerdo PAN, PRI que sacó adelante la Ley Indígena, se le sataniza. Al acuerdo PAN, PRD que aprobó el paquete fiscal del año 2003 se le sataniza. Al acuerdo entre el presidente Fox y la Confederación de Gobernadores relativo al paquete fiscal de 2004, se le sataniza.
Estamos frente a un juego perverso: Los beneficiarios del antiguo régimen manifiestan su deseo de asumir los pactos y los compromisos que nos permitan acceder a la modernidad pero al mismo tiempo, sus esfuerzos se encaminan para hacer fracasar todo acuerdo.
Ante esta situación, la crisis parlamentaria en el seno del PRI puede ser la oportunidad para trascender a un mejor ejercicio de la tarea legislativa o confirmar la inmovilidad como obstáculo insalvable.
Así lo ha entendido el presidente de la Cámara Juan de Dios Castro Lozano, que ante el trámite que pretende desconocer a Elba Esther como coordinadora de los diputados priistas, hace esfuerzos por atemperar el efecto de la contaminación que implica al trabajo legislativo.
El reglamento interior de la bancada priista en la Cámara de Diputados, previene que el coordinador electo deberá fungir por los tres años que dure la legislatura y que sólo puede ser substituido por renuncia o por ausencia. Como se ve el reglamento es rígido y responde al estilo del antiguo régimen, lo que dificulta a los legisladores priistas para defenestrar a la Maestra.
Ante semejante realidad institucional, el diputado Castro Lozano está obligado a dar vista a la coordinadora impugnada para que manifieste lo que a sus derechos corresponda y a escucharla, porque la Gordillo ni ha renunciado ni se encuentra ausente, lo que abre una enorme posibilidad de defensa jurídica a su posición.
Frente a la posibilidad de que la nación entera se distraiga en el conflicto priista, es positivo postergar su tratamiento y centrar la atención en la reforma fiscal o por lo menos, en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año entrante.