De nueva cuenta el programa de cómputo llamado Justicia XXI se enfila al fracaso en la práctica, pues los actores que van a participar en él no están convencidos de su utilidad, además de que no lo entienden.
Justicia XXI es una herramienta que la Procuraduría General de Justicia y el Consejo Estatal de Seguridad Pública han intentado utilizar con el fin de eficientar la integración de las averiguaciones previas y de acercar la información a las instituciones de seguridad pública que lo requieran.
Este software fue creado por una empresa llamada Sicom que radica en el Distrito Federal, que ofreció el producto desde 1998, siendo adquirido para su empleo, pero nunca funcionó por complicaciones que se generaron entre los usuarios y el manejo del sistema.
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Germán Oyosa Roldán, había dado a conocer a El Siglo de Durango que próximamente entraría en funcionamiento esa herramienta, lo cual requería readaptar líneas, aparatos y capacitación.
Ahora que ya se hicieron las adecuaciones necesarias entre las computadoras, el problema es que en su mayoría son máquinas viejas y que en breve serán obsoletas, razón por la cual deberán cambiarse y no ha sucedido.
Si así se hiciera el costo sería muy alto, según lo mencionaron algunos agentes del Ministerio Público, pues la cantidad asciende a casi tres millones de pesos, recursos que se utilizarían para las remodelaciones y pago de la patente(lo cual es anual) para ponerlo en marcha, además de la capacitación.
Como es natural, los encargados de las mesas de la Dirección de Averiguaciones Previas que aportaron datos para esta nota solicitaron que no se publicaran su nombres, pues temen alguna represalia, ya que son varias las instituciones que están detrás de este proyecto.
Mencionaron que la capacitación está siendo impartida por las personas que crearon el paquete computacional pero, a pesar de los esfuerzos, no hallan la manera de convencer a los usuarios para que encuentren los beneficios que implica el cambio.
Indicaron que requieren incluso más equipo, el cual deberá añadirse a las computadoras, pero que hasta el momento no se ha entregado nada, situación que evitaría el uso correcto de Justicia XXI.
Cabe mencionar que algunos no estaban en contra de la implementación, pero a pesar de ello ven en esta acción un fracaso en el futuro, porque otros compañeros no pueden o no quieren adaptarse al cambio.
Por su parte, el director de Averiguaciones Previas, César Flavio Nájera Quiñones, explicó que se llevó a cabo una reunión en el Consejo Estatal de Seguridad Pública en el mes de septiembre, en donde se dio a conocer la aplicación del programa.
Afianzó que todo el personal de la dirección que preside, tanto agentes del Ministerio Público, así como peritos y directivos están en capacitación; incluso el mismo procurador de Justicia, Luis Celis Porras, forma parte de los cursos.
Planteó que desde hace años se tiene el programa en la corporación, pero por problemas de lentitud se mantuvo en espera; ahora se hicieron los cambios necesarios para que funcione como se desea.
Aseguró que para el mes de noviembre se tendrá todo lo necesario para que el proyecto se ponga en práctica, con el cual se iniciará una nueva y mejor forma de integrar las averiguaciones, además del mejoramiento en el manejo de la información.
Cambios
Requerimientos
Para llevar a la práctica el programa Justicia XXI son necesarios varios pasos.
Cambio de red en la Procuraduría General de Justicia.
Capacitación de personal.
Actualización del equipo de cómputo.
Compra de aditamentos.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
Numeralia: 3 millones de pesos serían utilizados para su implementación.