Luciano Valenzuela García | El Siglo de Durango
Un centenar de ?chocolatos? empadronados en la Organización Nacional del Patrimonio Familiar fueron estacionados en la plancha de la Plaza IV Centenario, y los propietarios de este tipo de vehículos advirtieron que crearán ?patrullajes ciudadanos? para impedir los operativos de decomiso que presuntamente pretende instrumentar la Policía Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ayer durante una manifestación de la agrupación en cuestión.
Con una lista de cinco mil vehículos ilegales empadronados que esperan un proceso de regularización, similar al autorizado por el Congreso de la Unión en abril del 2001, los dueños de los llamados ?chocolatos? destacaron que hay indicios de operativos de confiscación, sobre todo por las acciones de este tipo emprendidas en Sinaloa, Sonora, Coahuila y otros estados.
Paradójicamente con las quejas contra los posibles decomisos, el coordinador de la Onapafa, Francisco Javier Reyes Ortiz, dijo que en la Comisión de Comercio Exterior Número 4 de la dependencia hacendaria, se entablaron los acuerdos preliminares para celebrar ?mesas de trabajo? a fin de discutir eventuales propuestas para resolver la regularización de los carros y camionetas procedentes de la Unión Americana que se han internado de manera ilegal en el país.
Con el arribo de la 59 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se planteará en forma la promoción de una iniciativa de nacionalización o importación definitiva de los ?chocolatos?, de tal manera que en las ?mesas de trabajo? se definirán criterios, modelos a incluir, mecanismos y otros aspectos, enfatizó Reyes Ortiz, durante un mitin celebrado en la Plaza IV Centenario.
Mientras que los vehículos ilegales estacionados frente al Palacio de Gobierno permanecían a la intemperie, los propietarios y la dirigencia de la Onapafa se concentró en el despacho de recepción del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, con la finalidad de exigir una audiencia pública con el mandatario, pero sólo obtuvieron la promesa de ?recibir un llamada entre el sábado y lunes? para revisar los espacios de la agenda.
OTRAS DENUNCIAS
Adicionalmente a la problemática de los ?chocolatos?, el contingente de la Organización Nacional del Patrimonio Familiar denunció un caso de abuso de autoridad cometido presuntamente por el agente ministerial Marco Antonio Núñez, un hecho de extorsión supuestamente a cargo de ministeriales destacamentados en el puesto de revisión ubicado en la ?curva de La Tinaja?.
Asimismo, identificaron al secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Jaime Rivas Loaiza, como presunto intermediario con agentes ministeriales en el caso del decomiso de una camioneta modelo 1995, propiedad del señor Juan Anaya Madriles.
En la denuncia de la organización en cuestión, Rivas Loaiza pidió 15 mil pesos al afectado para intervenir ante las autoridades policiacas, con la finalidad de ?recuperar la troca? que había sido asegurada al señor Anaya Mandriles en el ejido Cuevecillas del municipio de San Dimas.
Asimismo, denunciaron casos de fraude por una supuesta regularización ?acordada? entre autoridades de la SHyCP y la Onappafa (organización identificada con dos ?p?), dirigida por Víctor Manuel Rosales Serna y Pedro Serna Aguirre.
PLANTÓN (((((((( NOTA RELACIONADA )))))))
También se movilizaron ex braceros
De manera simultánea al plantón de ?chocolatos?, los ex braceros adheridos al Partido de la Revolución Democrática realizaron una manifestación en la Plaza IV Centenario para denunciar al legislador perredista Rafael Palacio Cordero como presunto responsable de calumnias y difamación contra Ana González y Mario Silva, líderes de los antiguos jornaleros agrícolas que exigen la devolución de un seguro estadounidense.
Mario Silva explicó que su compañero de partido, el diputado Palacios Cordero, había asegurado que a cada ex bracero le exigían 30 pesos por trámite; sin embargo, sostuvo que esta versión es falsa. ?La cuota en cuestión es para cubrir los gastos contratados ante la notaría pública número 18 de esta ciudad?, apuntó.
Dijo que el 9 de septiembre, los antiguos trabajadores agrícolas acudirán al Congreso del Estado para exigir una aclaración y disculpas al legislador perredista.
Por otra parte, destacó que, a partir de enero del 2004, podría iniciar el proceso de pago de los cinco mil dólares a cada uno de los dos mil 700 jornaleros que estuvieron trabajando entre 1942 y 1946.