A 29 años de la creación del Consejo Nacional de Población, México atraviesa por una fase avanzada de la transición demográfica, caracterizada por niveles de fecundidad y mortalidad bajos y controlados, y poco a poco se acerca a la etapa final del proceso. Con una tasa de crecimiento demográfico total de 1.11 por ciento anual en 2003, producto de 2.01 millones de nacimientos, 465 mil defunciones y una pérdida neta de población por migración de 380 mil personas, la fecundidad está próxima al nivel de reemplazo intergeneracional (2.1 hijos por mujer) y la esperanza de vida se asimila cada vez más a la alcanzada en las naciones con mayor grado de desarrollo socioeconómico, de acuerdo con cifras del Conapo.
A lo largo del siglo pasado, México transitó por algunas etapas de este proceso y experimentó una profunda metamorfosis de su dinámica demográfica. La población del país casi duplicó su tamaño entre 1930 y 1950; requirió de sólo veinte años más para duplicarse nuevamente; y volvió a multiplicar por dos su tamaño inicial entre 1970 y 2000 (cabe señalar que, de mantenerse las tendencias demográficas de las últimas décadas, no se volverá a duplicar la población). En esta secuencia de ciclos, la población mexicana ingresó al nuevo milenio con una población de 101 millones de habitantes, aunque con una dinámica demográfica significativamente menor a la observada tres o cuatro décadas atrás.
Este drástico cambio en el perfil demográfico de México ha estado sustentado en el pleno respeto a los derechos y libertades de las personas, en especial al derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Así, las preferencias sobre el tamaño de la familia han ido cambiando hacia tamaños cada vez más reducidos. La práctica de la planificación familiar, garantizada como un derecho constitucional desde 1974, se extendió de manera notable desde la década de los setenta gracias la puesta en marcha de los programas de planificación familiar.
En 1976, 30.2 por ciento de las mujeres unidas entre 15 y 49 años de edad utilizaba algún método de regulación de la fecundidad; en 1987 aumentó a 52.7 por ciento y, más tarde, en 1997, se incrementó a 68.5 por ciento. Actualmente, el Conapo estima que alrededor de 71 por ciento de las mujeres unidas en edad fértil utiliza algún método con este fin, lo que en números absolutos representa alrededor de 11.6 millones de mujeres.
Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrenta la política de población es la reducción de las brechas observadas en el ritmo desigual al que avanza la transición demográfica en las regiones del país. En este sentido, si bien se observa una clara convergencia en el crecimiento natural entre las zonas rurales y las ciudades, aún se percibe cierto distanciamiento en la descendencia promedio entre el campo y la ciudad e incluso dentro de los asentamientos urbanos.
El conjunto de las nueve ciudades con un millón o más de habitantes presentaba, en el quinquenio previo al año 2000, una tasa global de fecundidad promedio equivalente al reemplazo intergeneracional (2.13 hijos por mujer). Por el contrario, en las áreas rurales, en la primera mitad de los años noventa la tasa global de fecundidad ascendía a 4.5 hijos y en la segunda a 3.6 hijos. No obstante que la distancia entre los asentamientos rurales y las ciudades de más de un millón de habitantes se redujo de 2.0 a 1.5 hijos al cabo del decenio, continuaba siendo significativa en el último quinquenio.
Si bien en la década de los años setenta prevalecían marcadas diferencias en el crecimiento natural entre el campo y la ciudad, la adopción de una nueva política de población en 1974, que ha buscado regular el crecimiento demográfico y hacerlo acorde con el avance socioeconómico, ha traído como consecuencia un notable descenso de la fecundidad y la mortalidad en nuestro país, el cual se ha extendido a todas las regiones y a todos los estratos sociales, cerrando paulatinamente las amplias brechas que se observaban hace cinco lustros en el tamaño de la descendencia y en la vida media.
El proceso de la transición demográfica, y en especial el descenso de la fecundidad ocurrido en México desde mediados de los años sesenta es la manifestación más concreta del proceso de apropiación de las personas de uno de los derechos humanos fundamentales: la libertad de decidir acerca de cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Hoy en día este derecho es ampliamente reconocido por la población y los nacimientos son cada vez más el producto del ejercicio responsable de la maternidad y la paternidad.