EL derecho al secreto profesional del periodista va encontrando cada vez más un sentido que lo une con el gremio periodístico, pero le da una tonalidad social, en virtud de que es la persona de a pie la que, en última instancia, sería la principal beneficiaria con la creación de una normativa sobre esta materia. En distintos foros y espacios de discusión se han ido creando consensos sobre el significado de esta herramienta de las libertades informativas en los sujetos universales de la información: ciudadanos, periodistas y empresas informativas.
Así, por ejemplo, los días 17 y 18 de octubre, la Asociación Mexicana de Editores, en el marco de su XIX Asamblea Nacional, organizó un seminario internacional sobre el secreto profesional del periodista en Nuevo Vallarta, Nayarit, en el que se dieron cita editores, periodistas, académicos, legisladores y activistas sociales. Lo significativo de este evento fue el sentido de inclusión, habida cuenta de que participaron representantes de distintos sectores con diferencias entre sí, pero con la coincidencia en impulsar una ley que de vida jurídica a este derecho que es norma positiva en muchos estados democráticos de derecho.
En efecto, la AME convocó a las otras dos organizaciones angulares de los editores, como lo son la Asociación de Editores de los Estados y la Adiermex. De estos trabajos surgió la Declaración de Nuevo Vallarta sobre el Secreto Profesional del Periodista que da cuenta en diez puntos de algunos de los aspectos básicos que debe observar el qué de una ley en este rubro. Hay puntos que son atendibles por su sentido de identificar el momento de cambio que vive el país. Y es que el punto uno sostiene que: “Corresponde a la sociedad organizada en sus diversas vertientes asumir una actitud proactiva frente al proceso de reforma democrática a efecto de contar con normas y prerrogativas de una sociedad moderna y democrática en el ámbito de las libertades informativas”.
La alianza entre los sectores universales de la información ha dado -la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es un ejemplo de ello- muestras empíricas de que es el mejor mecanismo para avanzar en aquellos aspectos que han adquirido consensos básicos entre la comunidad en relación al derecho a saber y el respeto a las libertades informativas. De igual forma, la Declaración pone de relieve la importancia de legislar a fondo sobre el tema al señalar en su punto seis que “Por las circunstancias políticas y sociales que vive el país es necesario que la legislación en materia de secreto profesional sea lo más amplia y protectiva posible para evitar interpretaciones legales que pudieran evitar la adecuada protección de la fuente informativa”... También hay un compromiso social de contrapartida voluntario que está relacionado con la ética periodística, la cual junto con leyes que amplíen el derecho a estar informado, es la mejor combinación para generar credibilidad, profesionalismo en el quehacer periodístico y ciudadanos con mayores y mejores elementos de información y reflexión para la toma pública de decisiones. En efecto, el punto diez del decálogo de la Declaración de Nuevo Vallarta sostiene que: “La AME y las diversas organizaciones fraternas de la sociedad se comprometen a llevar a cabo un trabajo puntual para elaborar un proyecto de ley, con base en las consideraciones anteriores y darle puntual seguimiento a fin de que México cuente con el secreto profesional como un derecho en nuestro marco legal. Asimismo, los editores y periodistas asumen el compromiso de crear un código de ética con los más altos estándares para informar de la mejor manera al pueblo mexicano”.
Sobra decir que la ética y el derecho no son antitéticos ni sustitutivo, sino herramientas complementarias, cada una en su propio espacio. La Ley como mecanismo para que el secreto profesional del periodista sea un derecho para bien de la sociedad entera y la ética como una decisión institucional y voluntaria de las empresas informativas en su ámbito de libertad para adoptar pautas de conducta que brinden certeza a los lectores y hagan manifiesto un compromiso con la sociedad a través de los códigos de ética, que deberán pasar de ser instrumentos testimoniales a mecanismos que se cumplan de la mejor manera posible.
Pero no sólo se está gestando un movimiento social para promover el secreto profesional, sino que otro de los temas de la agenda pasa también por los medios públicos, que jurídicamente no existen en México, sino medios de gobierno donde el público sólo es un espectador pasivo sin ninguna participación en la toma de decisiones de los medios de gobierno, ni tampoco derechos de ningún tipo que uno imaginaría debería tener la sociedad al ser nada más y nada menos la que con sus impuestos hace posible la existencia de estos medios... En este marco, la inmovilidad parece ser la regla y los medios del gobierno se convierten en medios sin público o con una audiencia muy reducida. La reforma legal en esta materia debe ser parte de los proyectos de cambio que habría que impulsar porque los medios que hoy son del Gobierno tienen ante sí el reto de hacer de lo importante algo interesante y de ofrecer pautas distintas a las que animan a los medios comerciales. En este contexto, hay dos indicios positivos que muestran que desde la periferia al centro se pueden hacer cosas.
Por un lado, el secretario de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso de la Unión, el diputado Luis Medina, está preparando un proyecto de reforma integral de ese importante canal para que sea cada vez más público y menos razón y medida de las necesidades de visibilidad mediática de los legisladores.
Luis Medina, ex presidente del PRD en Zacatecas, es un hombre con ideas y que sabe de lo que habla, pues durante algunos años en los que interrumpió su militancia política, tuvo el programa político radiofónico más exitoso de Zacatecas.
Por otra parte, Juan Alberto Rojas Zamorano, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión prepara también un proyecto de reforma legal a esta institución -donde incluye una amplia participación social en la gestión del medio- que sería el parámetro de referencia para los distintos medios con cargo al erario que hay en los estados y punto de partida para iniciar el cambio en esta cuestión de la que mucho se ha hablado, pero escasísimos resultados jurídicos concretos se tienen hasta ahora..
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Evillanueva99@yahoo.com.