“Dejar que el castigo esté acorde con el crimen...”
W. S. Gilbert
La Procuraduría de Justicia del Estado de México, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, ha logrado en los últimos tiempos una serie de golpes muy importantes en contra de distintas bandas de delincuentes y, más específicamente, de secuestradores.
La captura más notable ha sido, sin duda, la de Nicanor Guzmán, alias “El Nica”, a quien se le detuvo con un buen número de sus cómplices. Ésta ha sido, quizá, la banda más temible de secuestradores en la República Mexicana desde el desmembramiento de las de Daniel Arizmendi “El Mochaorejas”, y Andrés Caletri. Los propios miembros de la banda han confesado haber cometido alrededor de 100 secuestros. Quizá la cifra sea exagerada, pero no hay duda de que ésta es la banda de secuestradores que más activa ha estado en los últimos años en el país. El día de su captura tenían en su poder a un niño de 14 años de edad. Como muchos otros secuestradores y delincuentes en general, “El Nica” fue primero policía y después se graduó al mundo del crimen. La simple detención de un criminal, sin embargo, no asegura en nuestro país que éste vaya a permanecer tras las rejas.
Nuestro sistema judicial hace muy difícil comprobar ante un juez muchos tipos de delitos. Por eso son tantos los procesos legales que se caen ya en el momento de consignar o de dictar sentencia. Para muchos miembros de las familias de los secuestrados por “El Nica” la historia de miedo no ha terminado. Algunas de las víctimas simplemente no han querido presentarse ante las autoridades para presentar denuncias o para ratificar las que ya hubiesen presentado con anterioridad. Los procesos de ratificación, por otra parte, se realizan en condiciones que generan temor. Los miembros de una de estas familias me relatan cómo el día de ratificación había miembros de la familia de “El Nica” que hablaban por celular y asumían posiciones intimidatorias.
En un momento, de hecho, se permitió a “El Nica” que viera a sus acusadores. El secuestro es un crimen especialmente difícil de combatir porque sus beneficios son enormes -muy superiores, por ejemplo, a los que se pueden obtener asaltando bancos o en otras actividades criminales- y porque la acción de la justicia se ve obstaculizada por nuestra legislación.
El secuestro no es un crimen que se persiga de oficio. Para poder encarcelar a un secuestrador se requiere una denuncia. Y lo más común es que el secuestrador amenace a su víctima y a la familia de ésta de nuevos actos de violencia si se atreve a denunciar. Si a esto le añadimos las dificultades, notorias en el caso de Arizmendi, para que las víctimas recuperen el dinero que se les ha extorsionado, aun cuando los secuestradores sean capturados, nos daremos cuenta de porqué el secuestro ha tenido un impacto tan grande sobre la sociedad mexicana.
Muchas familias ricas de nuestro país viven ya en custodia constante de guardaespaldas ante el temor al secuestro en tanto que algunas otras han decidido simplemente salir de México para evitar el riesgo constante de una acción de este tipo.
El secuestro afecta también a familias de clase media, las cuales no tienen forma de protegerse. Distintas organizaciones policíacas de nuestro país han mejorado de manera notable su lucha contra el secuestro. La Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la Procuraduría General de la República ha mejorado notablemente su desempeño. Ha habido avances también en la lucha contra el secuestro en entidades como Sinaloa, Morelos, el Distrito Federal y el estado de México.
Pero el secuestro sigue siendo uno de los más graves problemas de seguridad pública de nuestro país, tanto por el terror que infunde entre la población como por su creciente popularidad entre las bandas de criminales. Para mejorar la lucha en contra de este crimen es indispensable modificar la legislación de las distintas entidades de nuestra federación. Es importante que el secuestro se persiga de oficio y no por denuncia, porque de otra manera no se resolverá el problema de las familias que no denuncian por temor a represalias de los criminales.
Es indispensable también que se tomen medidas más estrictas para proteger la identidad de denunciantes y testigos. La solución a este problema no se encuentra necesariamente en las procuradurías. Recae directamente en los legisladores de las distintas entidades de nuestro país.
Reforma
La mejor reforma hacendaria sería la que dejara el Impuesto Sobre la Renta como responsabilidad federal pero le otorgara el IVA a los estados. A los beneficios políticos de gastar el dinero de los contribuyentes debe corresponder siempre el costo de recaudar. Nuestro actual sistema lleva a la irresponsabilidad. Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com