El gobierno de Enrique Martínez y Martínez, muestra una extrema sensibilidad frente a los señalamientos del Congreso de Coahuila, en el caso de la concesión de que goza la empresa Aguas Industriales de Saltillo, para explotar aguas residuales en forma gratuita.
El lunes de la semana pasada el diputado priista Ramiro Flores Morales, inició un punto de acuerdo para abrir una investigación al respecto, por estimar que no se justifica el carácter gratuito de la concesión. La propuesta fue discutida al día siguiente y en principio, se reducía a investigar a la administración de Manuel López Villarreal, ex presidente municipal panista de Saltillo.
Los diputados de oposición aceptaron el planteamiento, pero pidieron que la investigación incluyera a todos los gobiernos estatales de Coahuila y municipales de Saltillo, desde tiempos de Eliseo Mendoza Berrueto hasta el actual que encabeza Martínez y Martínez. Lo anterior bajo el argumento de que en el origen de la concesión y su operación hasta nuestros días, han participado ambos niveles de gobierno,
La propuesta ampliada fue aprobada en el Pleno del Congreso por veintitrés votos a favor y tres en contra, lo que supone el consenso de todos las fracciones representadas en la Legislatura, incluidos los diputados del PRI, el partido del Gobernador.
El hecho no tiene precedentes en cuanto ordena investigar a un gobernador en funciones, pero tal cosa no debe extrañar de acuerdo a los tiempos que corren, que demandan una función fiscalizadora activa y eficaz del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, en todos los niveles de Gobierno.
Por ello extraña la reacción del secretario de Gobierno Raúl Sifuentes, que salta a la palestra para impedir que la investigación alcance a la administración de Enrique Martínez. Según sus declaraciones el punto de acuerdo es equivocado, porque los hechos son ajenos al Gobernador y el Pleno del Congreso no tiene la facultad de realizar la investigación, ya que el órgano competente es la Contaduría Mayor del propio Congreso.
Los argumentos del funcionario caen por su propio peso, porque si el gobernador Enrique Martínez es ajeno a los hechos, no le debe preocupar que la investigación se lleve a cabo. Por otra parte, si el Secretario de Gobierno reconoce a la Contaduría Mayor del Congreso competencia para realizar la indagatoria, ello confirma las facultades del Pleno del Congreso para ordenar la investigación, pues la Contaduría Mayor es una dependencia burocrática supeditada al Pleno de los Diputados y no a la inversa.
La realidad de las cosas es que el diputado priista que propuso el punto de acuerdo, utilizó el tema de las aguas residuales como arma arrojadiza en contra del ex alcalde Manuel López Villarreal, que se encuentra en campaña como candidato a diputado federal por Acción Nacional en uno de los distritos con cabecera en Saltillo. El tema fue asumido por el resto de los diputados con plena seriedad dada su importancia y al aceptarse la propuesta revirtió en contra de sus autores.
Otra faceta de esta realidad es que el Gobierno de Enrique Martínez, se empeña en tratar a los diputados locales del PRI como subordinados y ello no corresponde ni a las necesidades de la ciudadanía, ni a la dignidad constitucional del Congreso, ni a las circunstancias actuales de la política coahuilense.
Al margen del proceso electoral en que se encuentra inmerso este incidente, la trascendencia del asunto relativo al aprovechamiento de las aguas residuales en cualquier municipio del Estado, demanda que la investigación se lleve a cabo en los términos aprobados en el Punto de Acuerdo.
El debate sobre la concesión gratuita de las aguas residuales de Saltillo debe situarse en el nivel de seriedad que corresponde; el Gobierno de Enrique Martínez debe bajar del anacrónico pedestal en que se encuentra y aceptar la división de poderes y sus consecuencias que en el caso, se concretan en la investigación ordenada por el Congreso.