Es muy probable que en la semana en curso la Contraloría del Estado emita el resultado definitivo sobre la auditoría que practicó al Foprodem, aseguró Juan Gerardo Parral Pérez. Acotó que si se dictamina que hubo irregularidades en el manejo de ese Fondo, se aplicarán con rigor las sanciones que correspondan, pero a las personas que resulten responsables, no a las cámaras u organismos empresariales involucrados.
El secretario de Contraloría y Modernización Administrativa del gobierno estatal, en entrevista para El Siglo de Durango, indicó que se retrasó unos días el veredicto final de esta fiscalización debido a que de manera extraordinaria la dependencia se estuvo allegando de más información que fue resultando necesaria conforme transcurrían las diferentes etapas de la intervención de la secretaría en las finanzas del referido fideicomiso administrado por empresarios
Una primera fase fue la de auditoría, plenamente; otra posterior consistió en la realización de observaciones por parte de la Contraloría a los organismos involucrados en el uso de los recursos del Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial. El tercer ciclo fue para que las cámaras pudieran solventar las observaciones hechas.
Por último vendría la realización y emisión del veredicto o dictamen; sin embargo, es aquí donde se retrasó la instancia gubernamental, pues en el ínter de las pasadas etapas encontró elementos adicionales que fueron investigados.
Sobre el monto de las observaciones que están bajo la lupa de la Contraloría, su titular acotó: “Nosotros no hemos querido dar ningún dato en ese sentido para no levantar falsas expectativas o crear especulaciones que hieran susceptibilidades antes de tiempo”.
Pero confirmó que lo cierto es, sin embargo, que son más de dos millones y medio de pesos los que fueron fiscalizados por la dependencia tan sólo al Consejo Coordinador Empresarial como un organismo más integrante del Comité Técnico que administra el Foprodem. “En la suma total, contando lo que se señaló a otros organismos, no es del doble de la del CCE la cantidad, pero sí superior”.
-Ustedes son Gobierno, ¿qué va a pasar con los que puedan salir responsables de alguna irregularidad- se le preguntó.
“Pues, como lo marca la normativa: quienes manejan recursos públicos y en determinado momento se hace un mal uso de esos recursos, dependiendo de la irregularidad de que se trate, definitivamente que se aplicarán las sanciones... puede ser reintegro de documentación, pero si es desvío se le aplica igualmente la norma, a las personas, no a la cámara”- contestó.
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Quejas
Sanción a funcionario déspota
En el mes de mayo pasado la Contraloría impuso una sanción de un mes de suspensión sin goce de sueldo a Alejandro Fernández de Castro, funcionario de la Secretaría de Finanzas encargado de la Jefatura de Actuarios y Ejecutores de Recaudación de Rentas, debido a que se comprobó que eran verídicas las quejas que en su contra fueron promovidas por el personal de dicha área.
Juan Parral Pérez, titular de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, confirmó que sí hubo un reclamo en este sentido por parte de los actuarios de Recaudación de Rentas del Estado, quienes denunciaron recibir un trato despótico del referido funcionario.
Las quejas motivaron el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que los inconformes ratificaron sus reclamos y los ampliaron; luego comparecieron y se citó también a Alejandro Fernández de Castro para darle el derecho de la defensa, pero a final de cuentas el resultado de la Contraloría fue en contra de éste.
Cuestionado sobre si tiene conocimiento de nuevas inconformidades formalizadas ante la dependencia a su cargo, Parral Pérez aseguró que sí. Hace aproximadamente 15 días se presentó una nueva queja en contra de Fernández de Castro, por los mismos motivos que la vez pasada dieron pie al procedimiento administrativo en su contra.