Luego de los dimes y diretes que generó el hecho de que circulara en San Lázaro un documento supuestamente oficial que contenía una propuesta de reforma fiscal, el presidente Vicente Fox envió formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de iniciativa, el que sin mayores trámites fue motivo de aceptación o repudio, según veremos.
La primera confusión, que no es para tanto, derivó del hecho de que en la Cámara circulara un “proyecto” que según se afirma no salió del Ejecutivo. Seguramente, como suele suceder, por más de que sea correcto, la secretaría de Hacienda utilizó para comenzar a cabildear la reforma un documento de trabajo que indebidamente circuló. De ahí que se hablara entre los diputados de una “iniciativa” cuando ese documento era meramente de trabajo y por tanto no había tal iniciativa, ni se le debió de haber dado más valor que el de un anteproyecto.
En segundo lugar, no es posible que apenas con unas cuantas horas de diferencia de la llegada del documento formal, las fracciones del PAN, PRD y PRI se hayan pronunciado sobre, ahora sí, la iniciativa de reformas fiscales para el próximo año, pues resulta evidente que en ese tiempo no era posible que todos los diputados conocieran los términos de esa reforma, la analizaran y tomaran la determinación de aceptarla o rechazarla.
Aún más, podríamos decir que ni habiéndola analizado una mayoría de diputados podrían haber exteriorizado su opinión, pues dudo seriamente que muchos de ellos puedan comprender los términos y alcances de la misma.
No obstante ello y hablando por todos sus compañeros, los líderes de las fracciones mayoritarias se pronunciaron casi de inmediato.
Así, la del PAN, al más acendrado estilo priista de los viejos tiempos, en voz de su representante dijo “SÍ” sin ningún reparo. “Estamos cien por ciento (sic) detrás de esta iniciativa del Ejecutivo; el PAN está plenamente apoyando esta propuesta, creemos que es una propuesta que genera (sic) los recursos necesarios para que la economía mexicana se eche a andar”, sostuvo Juan Molinar, sub coordinador del área económica de dicha fracción. ¡Cómo han cambiado los tiempos y las formas de ver al Ejecutivo desde el Legislativo!
Por su parte, Julio Boltvinik del PRD, calificó la propuesta de inadmisible sosteniendo que gravar alimentos y medicinas con el 10% “arrojaría 4.4 millones de personas más a la pobreza”. Fue calificada, además, como un bodrio y una bofetada a las clases mayoritarias del país.
La líder de la fracción priista, Elba Esther Gordillo, si bien rechazó la propuesta de gravar los alimentos y las medicinas por considerarla inadmisible, puntualizó: “Analizaremos todas las propuestas sin exclusiones, pero con un ánimo en el que prive la necesidad del consenso”, o lo que es lo mismo, no, pero déjennos pensarlo.
En esencia, de acuerdo con la información de prensa, se puede decir que: “El paquete fiscal que envió el Gobierno al Congreso contempla el establecimiento de una tasa general de IVA al diez por ciento, pero también crea un nuevo impuesto del dos por ciento, por lo que los contribuyentes acabarían pagando una tasa del doce por ciento que se aplicaría a las ventas y servicios en forma general eliminando todas las tasas cero, exenciones y tasas diferenciadas que existen hasta ahora”.
En el documento se explica que las entidades federativas que suscriban un convenio con la federación podrán quedarse con el noventa y cinco por ciento de lo recaudado por el impuesto a las ventas y servicios, aunque como es lógico, para allegarse esos recursos los estados tendrían que recorrer un camino que resulta odioso a los ojos de la ciudadanía.
Pero contra lo que se había anunciado, el gobierno dejó fuera de su iniciativa la propuesta de reducir el Impuesto Sobre la Renta que actualmente cubren empresas y personas físicas.
Este punto en concreto fue motivo de algunos comentarios de prensa que todavía se publicaron el día de ayer y revelan que la secretaría de Hacienda había hecho circular la versión de que el ISR se reduciría lo cual fue tomado como una buena medida, pero a la hora de la verdad tal versión resultó más falsa que un billete de veinticinco pesos.
El problema es que los líderes de las fracciones parlamentarias se han convertido en factótum de los dirigentes partidistas dentro de la Cámara, pues sin consulta alguna hablan por todos los diputados y eso no es correcto ni saludable para un órgano que como el legislativo federal tiene de por sí una baja credibilidad entre los ciudadanos.
No obstante que el secretario de Gobernación ha dicho que el gobierno está dispuesto a asumir el costo político de las medidas propuestas, resulta obvio que las mismas difícilmente prosperarán o cuando menos no en los términos en que las formuló el gabinete económico del presidente Fox.
Sin embargo, en una interpretación factual puede decirse que si el Gobierno Federal está en esa posición con tal de sacar adelante la reforma, no debe proponer que los estados cobren el pretendido impuesto del dos por ciento a las ventas y servicios, sino que debe cobrarlo la federación para ser entregado íntegramente a las entidades federativas de acuerdo a lo recaudado en cada una de ellas. Eso sí animaría a los gobernadores a apoyar la esta propuesta.
Pero no es así, pues lo que la administración foxista propone es que los gobernadores le entren a la fiesta de lodo para que también les toquen los tortazos, así como que las mentadas del pueblo se repartan entre más a fin de que duelan menos.
Si los diputados hicieran bien su función, primero, no dejarían que unos cuantos hablen por ellos; segundo, analizarían concienzudamente la propuesta sin admitirla o desecharla de primera intención y tercero, si no están de acuerdo con los términos en que ésta se formuló, deberían hacer una contrapropuesta pero partiendo de la base de que la reforma es necesaria para el crecimiento y desarrollo de México, aunque no por ello debe castigarse al pueblo en la forma en que lo propone el Ejecutivo federal.