Los medios de comunicación viven jornadas densas, en las que se desplazan con rapidez pero con rumbos dispares y encontrados que impiden anticipar el desenlace. Sus aciertos y contradicciones recogen y regresan amplificados los claroscuros de una democratización que todavía no cuaja.
Un buen número de medios informativos están convencidos de que el ejercicio de la profesión y la existencia misma de la democracia dependen del respeto irrestricto de la libertad de expresión. Su enseña podría resumirse en una frase de Alexis de Tocqueville: “para disfrutar de los inestimables beneficios que acompañan a la libertad de prensa, es necesario someterse a los inevitables demonios que ésta crea”. Hay países (Estados Unidos siendo el más representativo), donde esta creencia tiene tan impregnado el tejido cultural, institucional y jurídico que es poco recomendable demandar jurídicamente a un medio de comunicación. El difamado busca alternativas como presentar su caso ante la “corte de la opinión pública” lo que exige, por supuesto, que haya otros medios de comunicación dispuestos a airear los agravios contra alguien del gremio.
¿Hasta dónde podemos y debemos imitar en México ese modelo? Lunes y martes de esta semana se realizó un seminario auspiciado por el Grupo Reforma. El tema central fue si la responsabilidad jurídica de la prensa es civil o penal. En el centro de la discusión está que la legislación mexicana permite demandar penalmente a los periodistas por alguna información publicada. Los casos se multiplican tanto que quienes participaron en el seminario el primer día coincidieron en lo indispensable de corregir las leyes y despenalizar las demandas. Dejarlas como están es poner al periodista a merced del poderoso económica y/o políticamente. Una preocupación adicional está en que el Ejecutivo sigue controlando a los Ministerios Públicos pese a que una demanda de campaña de Acción Nacional fue a favor de su autonomía. La difamación debe combatirse, dijeron, en juzgados civiles. Comparto el diagnóstico y la exigencia pero hay otros aspectos que considerar.
La existencia de un régimen democrático significa, entre otras cosas, que existen fórmulas para equilibrar el conflicto entre derechos. Es completamente legítimo que los medios de comunicación exijan que se respete la libertad de expresión y la propiedad y que se dé acceso a la información. Es igualmente correcto que la ciudadanía exija información veraz y oportuna y que se respete la dignidad sobre lo que se informa. Sin embargo, el periodismo que se practica en México es dispar en su profesionalismo y en la calidad de la información que entrega. El conflicto entre TV Azteca y el Canal 40 (que afortunadamente ya reinició sus transmisiones en el Valle de México) mostró las disparidades del sector. Una anécdota lo ejemplifica. La semana pasada y cuando estaba en su punto más álgido el conflicto entre las televisoras, la primera dama, Marta Sahagún, visitó a la televisora del Ajusco donde participó en cuatro programas matutinos promoviendo la Fundación Vamos México. Independientemente de lo cuestionable de su presencia en un momento tan tenso, llamó la atención la cobertura que le dieron dos medios de Televisa. En Radiópolis (XEW) Carmen Aristegui concedió un amplio espacio a la actividad de la primera dama, mientras que el Canal de las Estrellas guardó un discreto pero revelador silencio. Con estas diferencias en mente se pueden comentar los errores de apreciación o juicio que con bastante frecuencia aparecen en los medios y que también se expresan en la respuesta que dan. Lo común es que tras el error no exista mala fe y que baste una carta para que se publique una aclaración en el mismo espacio. Una reacción de ese tipo es consecuente con los códigos de ética internacionales que lentamente se van adoptando en nuestro país. Unos cuantos periódicos y revistas también han establecido el Ombudsman del lector. Desafortunadamente hay una buena cantidad de medios de comunicación y periodistas que se escudan tras la libertad de expresión para defender intereses o fobias recurriendo, para ello, a la mentira sistemática, a la distorsión deliberada. Quienes son difamados en y/o por los medios tienen una situación particularmente difícil porque tienen pocos mecanismos de defensa.
Hay pocos abogados especializados en el tema y cualquier demanda es costosa, larga e incierta. Las leyes son ambiguas y cuando el agraviado obtiene resultados satisfactorios la reparación del daño es más bien simbólica. Otro ángulo del problema es la simulación tan generalizada porque hay medios informativos que presumen a un Ombudsman del lector cuando en realidad se trata de una figura decorativa. Ante la desprotección la reacción generalizada es tragarse el coraje y dejar que la difamación se diluya en el tiempo.
Acepto que no hay soluciones fáciles, pero lo que ahora tenemos es altamente insatisfactorio para una democracia sana. Faltan leyes, reglamentos e instituciones comprometidas con el bien común (por esto último es que resulta tan desalentadora la actitud evasiva del Gobierno Federal durante el conflicto provocado por la decisión de TV Azteca de hacerse justicia por sus propias manos). Es por urgente que se avance en la consolidación de una televisión pública que se transforme en una tercera opción que contenga los excesos, y cubra las carencias, del duopolio. Es igualmente necesario que prospere la “Propuesta Ciudadana de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión” que está discutiéndose en el Senado de la República. Incluye reformas tan necesarias como la transparencia en el otorgamiento y refrendo de las concesiones de radio y televisión, la regulación de la propaganda comercial y la protección del público televidente.
Para que esta ley se apruebe con la rapidez que la situación exige, falta que los partidos abandonen su actitud timorata frente a los medios de comunicación y entiendan que su obligación está con la sociedad. Es imposible anticipar lo que sucederá con los medios que se resisten al cambio. Los actores se mueven vertiginosamente por el escenario, siguiendo el dictado de sus intereses o sus convicciones. Como me comentara Miguel Carbonell (investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) en una intensa y apasionante conversación sobre leyes y medios de comunicación, en ese terreno nos movemos “sin luces ni frenos”. En una situación de este tipo sería deseable que el objetivo fuera triple: proteger la libertad de expresión de medios y periodistas; garantizar el derecho a una información veraz y oportuna; y dar elementos para que se defiendan las víctimas de la difamación y el chantaje de los periodistas.
La Miscelánea
Ignoro a qué autoridad se le ocurrió poner la sede de la Policía Federal Preventiva (PFP) en la lateral del Periférico Sur, casi enfrente de San Jerónimo. Como no hay estacionamientos adecuados, los coches se estacionan hasta en doble fila lo que provoca un tapón que constantemente desquicia el tráfico mientras el Gobierno del Distrito Federal se hace el desentendido. Anticipando el caos que se viene con el inicio de las obras para poner otro nivel al Periférico en esa zona, procede una pregunta para Andrés Manuel López Obrador: ¿por qué no resuelve esos nudos que se multiplican por doquier antes de seguir adelante con ese capricho ambientalmente desastroso de poner un segundo piso a las vías rápidas de la capital?
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