La Jornada
México, DF. -A seis días de que a la Procuraduría General de la República (PGR) se le termine el plazo para que consigne o no por lavado de dinero a Eduardo Fernández García, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sigue sin presentar la querella necesaria para que la Unidad especializada en contra del Lavado de Dinero actúe contra el ex funcionario público por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo mismo sucede en la subprocuraduría “A” de Procedimientos Penales, ya que requiere de la denuncia de la Secretaría de Hacienda a través de la Procuraduría Fiscal, para iniciar la investigación por posibles delitos fiscales en contra de Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Rojas Magnon, y personas morales (empresas) que aportaron recursos a la campaña del actual mandatario.
Fuentes oficiales revelaron que aún cuando las investigaciones por el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra Fernández García han tenido un avance relevante y de manera independiente a los señalamientos que involucran al ex funcionario en el delito de violación al secreto bancario.
Cuentas internacionales
Según datos obtenidos, la PGR ya solicitó información a distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, luego de haber detectado depósitos de Fernández García y su secretario particular, Luis Felipe González Villarreal, en bancos internacionales como el Chasse Manhatan, de Nueva York.
La información internacional podría tardar entre dos y cuatro meses en ser entregada a las autoridades mexicanas, por lo que los trámites financieros impedirían a la PGR consignar la acusación de lavado de dinero contra Fernández García y González Villarreal -quien también está bajo arraigo y se vence dos días después que el de Fernández—.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en los cateos realizados a tres inmuebles propiedad de Fernández García (dos de ellos en el Distrito Federal), y uno de González Villarreal, las autoridades habrían encontrado documentación relacionada con distintos depósitos bancarios que podrían dar sustento a la acusación por lavado de dinero.
Pero, la PGR requerirá de la querella de la dependencia que dirige Francisco Gil Díaz, para hacer posible que el ex presidente de la CNBV sea puesto a disposición de un juez, incluso, que impediría que el Ministerio Público solicite la orden de aprehensión.
Por otra parte, en este caso, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero ya aceptó finalmente la petición de la defensa de Fernández García para que se les tome declaración ministerial, en calidad de testigos de descargo, a 16 personas.
Entre ellas al actual presidente de la CNBV Jonathan Davis; a José Carlos Beltrán, secretario particular del procurador general de la República; a Carlota Robinson y Lino Korrodi, ambos involucrados en la Asociación Amigos de Fox, y el ex titular de la PGR, Jorge Madrazo, entre otros.
Sin embargo, será la defensa de Eduardo Fernández quien deba aportar los domicilios de los testigos, por lo que no se ha fijado la fecha exacta de las comparecencias.
Aunque, esas diligencias serán encabezadas por Juan y Antonio Collado, defensores del ex presidente de la CNBV, pues como Fernández García se negó a responder a las acusaciones en su contra, el Ministerio Público no tiene ninguna base sobre la cual cuestionar a los que acudan a dar su testimonio de la inocencia del inculpado.
Además, las fuentes consultadas indicaron que al expediente de más de ocho tomos y cinco mil páginas, no se ha agregado ninguna prueba de inocencia que haya sido aportada por los abogados de Fernández.
A grado tal, que ni siquiera han proporcionado copia alguna de los estados de cuenta, inversiones o depósitos en México y el extranjero que posee el ex presidente de la CNBV.