La reforma a la Ley Federal del Trabajo propuesta al Congreso de la Unión el pasado período de sesiones, constituye una buena oportunidad para la modernización del sector laboral en nuestro país.
Como es del conocimiento, el Ejecutivo Federal envió al Congreso un proyecto de Ley acordado entre el Congreso del Trabajo que agrupa a la mayoría de los sindicatos nacionales y el Consejo Coordinador Empresarial, con la intervención del titular del Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior implica consenso entre los restos del sindicalismo priista de viejo cuño y el proyecto de política laboral del régimen foxista, de cara a la realidad que plantean los retos del Siglo Veintiuno, en la materia en cuestión.
El consenso se logra a partir del respeto a las conquistas laborales consagradas en el artículo 123 de la Constitución General de la República, en equilibrio con una dinámica legislativa que responde a la necesidad de una mayor y más eficiente productividad.
Lo anterior implica entre otras cosas una mayor flexibilidad en la determinación de las condiciones de trabajo, la vinculación del monto del salario al tiempo efectivamente laborado y a los resultados obtenidos. En cuanto a las relaciones colectivas, se promueve la libre sindicalización.
El proyecto es el resultado de un largo proceso de negociación al respecto iniciado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en vida de Don Fidel Velázquez, en tiempos en los que Carlos Abascal, actual Secretario del Trabajo, era dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Los antecedentes referidos hicieron suponer que el proyecto consensado sería aprobado en el Congreso de la Unión sin más trámites, cosa que no ocurrió. Como suele ocurrir en el contexto de la transición política que vive nuestro país, surgieron detracciones que enviaron la iniciativa al limbo de “comisiones”, para su estudio.
Entre las críticas al proyecto, se dice que es producto de una visión concertada entre el Gobierno Federal y los sindicatos del viejo régimen. Quienes así razonan, acusan al Presidente Fox de querer conservar las estructuras sindicales tradicionales, “en lugar de ir hacia un viraje radical como el que ocurrió en el año de 1989 con el Quinazo”, como se ha dado en llamar al proceso de aniquilación del ex líder petrolero Joaquín Hernández Galicia.
El Secretario del Trabajo ha contestado que la intención del actual gobierno, no es la de aniquilar a nadie para crear en México un nuevo modo de control político del movimiento obrero que substituya al que ejercía el Partido Revolucionario Institucional, sino generar las condiciones y oportunidades que permitan la evolución del sindicalismo mexicano hacia nuevas y variadas formas de un sindicalismo libre, que se encargue de la protección de los intereses de la clase obrera y de la promoción personal del trabajador, al margen de todo compromiso corporativo o partidista, del signo que fuere.
El objetivo que antecede es ambicioso y por ende, de difícil mas no imposible realización. Los cambios que han operado en otros campos de nuestra vida pública como ocurre en el rubro electoral y en cuanto a la vigencia de la división de poderes o el respeto a la autonomía del municipio, ofrecen botones de muestra según los cuales, lo que antes se consideraba imposible hoy hemos comprobado que sí se puede.
El éxito o el fracaso de la reforma que nos lleve a un sindicalismo libre y maduro, dependen más que nada de los propios obreros, su voluntad de participación y su capacidad de organización. Ellos, los trabajadores de México, tienen la palabra.