Buenas y malas se acumulan en cuestión de días. Hay hechos que inflaman el orgullo y sucesos que provocan vergüenza. Entre esos acontecimientos, oscila y rebota el péndulo de la transición mexicana que no logra consolidar la democracia.
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Buena. La Suprema Corte de Justicia rechaza el amparo del presunto genocida argentino Ricardo Miguel Cavallo. El torturador, quien por cierto consiguió sacudirse ese título, quería -a través de ese recurso- evitar su extradición a España para responder por los crímenes de lesa humanidad que cometió contra los opositores a la dictadura argentina. La memoria de su felonía quedó expuesta a lo largo del juicio de extradición y, ahora, a casi un cuarto de siglo de haberla cometido, Cavallo tendrá que responder por ella ante la Audiencia Nacional de España. El empeño y la firme decisión del juez español Baltasar Garzón de hacer valer verdaderamente los derechos universales y, por ende, castigar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, los condecora la decisión de la Suprema Corte, así como la decisión de aceptar la solicitud de extradición, que en lo que al país correspondía el Estado haya sabido mantener arriba el nombre de la justicia y el respeto a los derechos de los hombres.
Mala. En silencio y casi pidiendo mantenerlo en secreto, la cancillería mexicana dobló las manos en el Consejo de Seguridad ante Estados Unidos. Justo un día después de que, con la decisión de extraditar a un presunto genocida, México votó a favor de la inmunidad (impunidad) de las tropas de Estados Unidos frente al Tribunal Penal Internacional. En mala hora le vino la obligación a México de fijar postura frente a ese asunto: por un lado, veinticuatro horas después de que el Poder Judicial mexicano ratificó con su decisión la vigencia de los derechos universales y, por otro lado, justo cuando la legitimidad del ataque de Estados Unidos a Iraq rodó por los suelos. Justo cuando México podría mantener arriba su postura, el gobierno de Vicente Fox, el canciller Luis Ernesto Derbez y el embajador Adolfo Aguilar Zínser doblaron la cintura.
Las dos estampas son de la semana, en su claroscuro domina la incertidumbre.
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Buena. Pese al vendaval en medio del cual se ha visto, el Instituto Federal Electoral logra mantener su autoridad. Podrán el PRI y el PAN insistir en su afán de desacreditar al Instituto y ensañarse sobre las figuras de José Woldenberg y Alonso Lujambio, sin embargo, el Instituto sigue -pese a sus limitaciones- siendo timbre de orgullo de esa callada lucha que, desde hace un cuarto de siglo, desarrolló la sociedad para darse un sistema electoral legal y legítimo. Un sistema donde el voto contara y fuera contado. En la construcción de ese sistema, los partidos antepusieron sus intereses y sacrificaron las otras formas de participación político-electoral de las que bien podría echar mano la sociedad y, ahora, cuando ese sistema da un paso más en su función, los partidos -en particular el PRI y el PAN- buscan desacreditarlo, importándoles muy poco el hecho de que atenten contra la autoridad que es, a fin de cuentas, el árbitro que habrá de sancionar la legalidad de sus eventuales triunfos. Pese a esas embestidas, el Instituto es ya una institución y, en un país como México, ese hecho no es un asunto menor.
Mala. El afán protagónico que como epidemia cunde en la clase política ha llegado también al propio Instituto Federal Electoral, el consejero Jaime Cárdenas ha hecho o pretende hacer de esa actitud una suerte de seguro de vida. Poco le importa a Cárdenas cómo su protagonismo está lastimando a la institución que tanto trabajo y dinero costó construir, quiere ocupar primeras planas a como dé lugar y hasta de recados anónimos echa mano para conseguir que la luz de los reflectores lo ilumine. Quizá, el hecho de saber que en breve podría quedar sin trabajo, orilla a Cárdenas a perder la serenidad y la madurez exigibles de los consejeros electorales o, peor aún, en medio de su desesperación, el consejero electoral ya no trabaja para la ciudadanía.
Ambas estampas son de la semana, en su claroscuro se hace evidente la necesidad de consolidar una institución importante para la República.
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Buena. A un cuarto de siglo de haberse elevado a rango constitucional, el derecho al acceso a la información pública se reglamenta y, en principio, se garantiza con el Instituto Federal de Acceso a la Información. Don Jesús Reyes Heroles no alcanzó a ver el fruto que sembró en lo que sigue siendo la reforma política más amplia que se haya dado durante los últimos 25 años, un fruto que el PRI se negó a cultivar y cuidar. Ahora, en una combinación digna de valorar en todo su peso, la sociedad -en forma precisa, el Grupo Oaxaca-, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo lograron un acuerdo para concretar la ley que, a la vuelta de los días, podría significar un gran paso en el desarrollo de la cultura política y cívico-ciudadana. La ley tiene limitaciones, eso está fuera de duda, pero aun con ellas supone un avance en el afán de transparentar la actuación pública y, por esa vía, combatir la corrupción y la arbitrariedad. Información es poder, abrirla es democratizar y, justo por esa vía, evitar que en la concentración o el ocultamiento de la información encuentre apoyo el autoritarismo que fue sello del régimen tricolor. La puesta en vigor de esa ley no estuvo mal. El gobierno foxista colocó en la red buena parte de la información a la que la ciudadanía no tenía acceso, falta ver ahora si a la solicitud de información precisa, hay respuesta de igual tipo.
Mala. El acceso a la información pública se sigue vinculando como un instrumento propio de los medios de comunicación y no como una herramienta ciudadana. Si se insiste en concebir así ese derecho, es probable que no tenga el uso y el impacto que se desea. El Instituto creado ex profeso para garantizarlo tendrá que ponerle atención a ese punto, de otro modo -como muchos otros derechos- podría tener un carácter limitado y, se sabe, derecho que no se ejerce, derecho que se pierde. Por otro lado, falta ver la consecuencia de la transparencia, esto es, no basta con que se transparente la información sino también se necesita la disposición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a que, cuando se transparenten errores o abusos, éstos se corrijan. Si ese otro tramo no se cubre, la transparencia podría dar lugar a un nuevo tipo de cinismo político.
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Buena. Hay una mayor equidad en la competencia electoral, un mayor acceso del conjunto de los partidos a los medios electrónicos de comunicación. Hasta por razones de interés económico, esos medios están dispuestos a abrirse para beneficiarse de la nada despreciable cantidad de dinero que deja la transmisión de la propaganda electoral. La pugna ya no se da en el campo de la apertura, como en el campo de las cotizaciones. Por otro lado, se da también la apertura de los medios de comunicación a los partidos en el campo informativo, producto en buena medida de la competencia entre los medios masivos de comunicación. Hay, sea por razones económicas o aun de mercado, un cambio considerable en la postura de los medios electrónicos.
Mala. Pese a la apertura en medios electrónicos, los partidos han cumplido la profecía del filósofo alemán Hans Magnus Enzensberger: a mayores posibilidades de comunicación, mayor incomunicación. De los spots, los partidos han hecho la banalización de la política. El jingle, la gracejada, la burla del adversario político, la frase pegajosa marcan el contenido de su mensaje. Del debate político han hecho un pleito que, increíblemente, en más de un caso, tiene un carácter interno. El PAN descalifica al presidente Vicente Fox por andar diciendo que difícilmente logrará una mayoría parlamentaria. El PRD descalifica a su gobernador emblemático, Andrés Manuel López Obrador, por negarse a prestar su imagen para hacer propaganda electoral. El PRI hace de sus pugnas internas y de las ambiciones de sus grupos, la sustancia del debate público. Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador convierten la obra pública en un ariete de la propaganda electoral, sin importar si en el fondo se trata de simples proyectos o anuncios, si las obras están o no terminadas, si el calendario técnico de la obra es incompatible con el calendario electoral. La obra pública, así, ya no es una obligación del gobierno, el deber lo transforman en un producto de mercado. Ahí, el nuevo régimen resulta más viejo que el anterior.
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Buena. De no muy plausible manera -de espaldas a la ciudadanía y a la grey católica-, durante el salinismo se modernizaron las relaciones entre el Estado y las Iglesias. La cúpula eclesial católica consiguió, por la puerta de atrás -no como proponía monseñor Sergio Méndez Arceo-, la reforma del artículo 130 constitucional. Vino el reconocimiento jurídico, vino el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano. Se modernizó la relación entre el Estado y las Iglesias.
Mala. La cúpula eclesial católica toma de la reforma del artículo 130 constitucional el derecho que le corresponde, pero no la obligación que le corresponde. La ley vale en la parte que los beneficia, pero no en el límite que les impone. Puede abrirse un debate sobre la participación de las Iglesias en la política pero, mientras ese debate no se concrete en una nueva reforma, la ley también supone obligaciones. En ese punto, los obispos se declaran en rebeldía y llevan el cumplimiento de la ley al terreno del dogma y de la fe, al punto donde la diócesis de Querétaro casi convoca a una cruzada.
Esa es la estampa de la nueva vieja cúpula eclesial católica.
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Buenas y malas se acumulan estos días. Entre unas y otras rebota y oscila el péndulo de una transición que no logra consolidar la democracia. Sin ritmo, sin cadencia, sujeto a encontradas inercias que a veces resisten y apoyan ese cambio, el péndulo corre el riesgo de zafarse del centro que las sostiene.