La corrupción sigue siendo el talón de Aquiles del partido tricolor. Vez que le tocan ahí, vez que el gigante político en vías de recuperación se tropieza y se va de bruces.
La sola intención de retirarle el fuero al senador y dirigente petrolero Ricardo Aldana, para tan sólo indagar si incurrió o no en el delito de peculado electoral volvió a mostrar el punto de quiebre de esa fuerza política. Estando en condición de replantearse la recuperación del poder presidencial y reivindicarse frente al electorado, el Revolucionario Institucional echó por la borda la posibilidad de construir el prestigio que no tiene. Con el senador Ricardo Aldana, el PRI llevó a cabo un acto de complicidad, no de solidaridad política y dejó ver de nuevo el talón de su debilidad.
Puede el PRI tener fuerza y organización, presencia nacional y capacidad de gobierno, pero lo que no puede ese partido es romper con el pasado que una y otra vez lo traiciona: deslindarse de aquellos que una y otra vez han saqueado a la nación. La sola presunción de que Aldana podría ser procesado por el delito de peculado electoral hizo que esa fuerza se precipitara y echara al cesto de la basura su eventual reivindicación política.
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Sin querer o adrede, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, resolvió que uno de los primeros asuntos que debía atender la nueva legislatura era el desafuero del senador priista y, sin decir agua va, puso el expediente sobre la mesa.
Así, a unos días de que el presidente Vicente Fox hablara de la necesidad de privilegiar la política para encontrar acuerdos a favor de las reformas estructurales, la fracción parlamentaria albiazul puso sobre la mesa un asunto que, indudablemente, provocaría una confrontación con el PRI que era y es la fuerza política con la que el gobierno foxista requiere negociar y acordar las reformas estructurales.
El efecto de esa decisión del presidente de la Cámara de Diputados no se hizo esperar. El discurso conciliador del priismo se endureció y la posibilidad de llegar a acuerdos a favor de las reformas estructurales quedó en peligro. Antier, sin embargo, ese peligro se diluyó. Fuera del orden del día, el priismo puso a discusión el valor legal de la decisión de Juan Dios Castro y, con el apoyo y los votos de los diputados de la chiquillada política petista, verde y convergente, logró echar abajo la supuesta pretensión de someter a juicio a uno de los suyos, el senador Ricardo Aldana.
El priismo ganó la votación y, ahora, ya quedó claro que el próximo miércoles no habrá ningún juicio de procedencia, que de nuevo el dirigente petrolero y senador priista que participó en el desvío de 500 millones de pesos a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida mantendrá su fuero e impunidad.
La victoria priista parece, sin embargo, un pleito arreglado con los albiazules. A nadie escapa que, dentro de los recursos parlamentarios para evitar un madruguete como el del jueves, está la práctica de romper el quórum. Si el coordinador de la fracción parlamentaria, Francisco Barrio y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, hubieran querido evitar el albazo, sencillamente hubieran vulnerado el quórum y pedido la suspensión de la sesión. Sin embargo, no hicieron eso. Dejaron correr la sesión y perdieron la votación. Aldana quedó a salvo y, a la vez, se conjuró el riesgo de una confrontación entre el PRI y el PAN que hubiera dejado en un predicamento la posibilidad de sacar adelante las reformas estructurales.
En otras palabras, el panismo quería perder porque tenía claro que de la aparente derrota derivaba ganancias.
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Tan dados a presumir la cultura de la rendición de cuentas, no estaría de más que el presidente de la Cámara y el coordinador de la fracción parlamentaria albiazul, Juan de Dios Castro y Francisco Barrio, rindieran cuentas de su actuación frente a lo ocurrido el jueves en San Lázaro. El asunto no es menor y menos lo será si, como se presume, en cuestión de días se anuncia que el sindicato petrolero reintegrará a Pemex un monto de dinero semejante al que desvió.
Todavía está fresco en la memoria el que ese tipo de operaciones políticas con un barniz de legalidad fue la herramienta que el PRI y el PAN privilegiaron durante el salinismo para sacar ganancias políticas compartidas. La misma gubernatura de Guanajuato que encabezó Carlos Medina y en donde en la negociación política aparecieron involucrados Diego Fernández de Cevallos y el propio Vicente Fox, fue producto de esas negociaciones políticas que hacen del Estado de Derecho un mero recurso retórico.
Si no se rinde cuenta cabal de lo ocurrido, tendrá que tomarse nota de que tanto el PAN como el PRI sacaron del cajón ese tipo de arreglos y que, probablemente, vayan a una especie de cogobierno aunque con los papeles invertidos. Ahora, el PRI será el partido opositor al que el gobierno albiazul hará concesiones para lograr sacar adelante sus proyectos.
De ser así no podrá negarse la idea de que al PAN le va mejor cuando cogobierna con el PRI que cuando gobierna solo.
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En la aparente derrota que, en esta ocasión, habría sufrido el panismo, hay ganancias para esa fuerza. Esas ganancias tendrían varias vertientes.
Por un lado, el panismo habría logrado exhibir una vez más al PRI como una fuerza incapaz de deslindarse de la cultura de la corrupción y la defensa de la impunidad. El PRI mordió el anzuelo que les lanzó Juan de Dios Castro y, en un arrebato, se mostró de cuerpo entero como una entidad dispuesta a autoinmolarse en defensa de un presunto delincuente tricolor. Sí, efectivamente, el panismo no habría logrado llevar al sartén a ese pez gordo que, en principio, es Ricardo Aldana pero, a fin de cuentas, el costo de la imposibilidad lo carga el PRI junto a sus aliados del PT, el PVEM y los convergentes de Dante Delgado que, con todo, no logran revestir de legalidad la defensa de la impunidad.
Por otro lado, dos cuadros importantes del priismo habrían salido salpicados del asunto. Uno de ellos, el senador Enrique Jackson. Un legislador que, a buen ritmo y con pasos firmes, venía construyéndose la imagen de un posible precandidato presidencial estampó su firma en una carta que lo presenta no como un político de nuevo cuño tricolor, sino como un ortodoxo del viejo estilo. A nombre del Senado y no a nombre propio salió en defensa de Ricardo Aldana, pretendiendo darle un revestimiento legal y principal a su actitud pero, en el fondo, el saldo le deja un costo político. El mismo que denunció a “Los Amigos de Fox” es el que defiende a Ricardo Aldana.
El otro cuadro, la diputada Elba Esther Gordillo. La maestra sale de la escaramuza con un margen de maniobra menor al que pretendía tener frente a su propia fracción parlamentaria. En el caso de Aldana, los duros del priismo le jalaron la rienda a la maestra y es claro que fue acotada. El discurso que pronunció el primero de septiembre no resistió el primer embate y sus compañeros de bancada ya le hicieron sentir el horizonte y el límite de su actuación.
Se precipitó el priismo y mostró que la división interna le impide reaccionar rápido y con inteligencia. Roberto Madrazo debería tomar nota de un hecho cada vez más evidente: tiene operadores pero no estrategas. Esta vez, el PRI le dio carpetazo al caso Aldana, sin darse cuenta de que tiene los dedos dentro de la carpeta.
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La ganancia mayor de Acción Nacional consiste en quitarle al gobierno esa papa caliente que es el Pemexgate.
Ya no habrá juicio de desafuero, ya no habrá motivo de desencuentro entre el gobierno y el PRI y, con el barniz de legalidad que se le dio al asunto, el gobierno no asumirá el costo de dejar ir a un delincuente. Si a ésa se añade que quizá el sindicato petrolero reintegre el monto del desvío a Pemex, es factible que el asunto se diluya al paso de los días y, entonces, se puede emprender la otra operación política que supondrá la instrumentación y legislación de las reformas estructurales.
El asunto coyuntural quedó resuelto. No así el asunto estructural que, desde hace años, marca al PAN y ahora al gobierno foxista: la callada manía de sacrificar el Estado de Derecho a favor de la política. Desde hace años Acción Nacional ha caído en esa tentación. Lo hizo durante el salinismo y ahora lo repite, por mucho barniz legal que le quiere imprimir a sus negociaciones.
A lo largo del sexenio, el panismo no ha logrado marcar la raya que separa a la política del derecho. En el discurso oficial no existe esa duda. Una y otra vez al foxismo y al panismo se les ha llenado la boca hablando del Estado de derecho. Un Estado que, en los hechos, una y otra vez ha sido sacrificado para evitar que la aplicación de la ley agrande los problemas o enrarezca la atmósfera política.
De ese modo, proyectos, carreteras, reformas, funcionarios han sido secuestrados por grupos sociales o políticos y, ante eso, el panismo y el foxismo han resuelto no aplicar la ley porque, en su lógica, eso agranda el problema y enrarece la atmósfera. El tratamiento del Pemexgate es la ratificación de esa práctica.
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Acción Nacional no logra salir de ese dilema aunque obtenga ganancias políticas de esa conducta que sacrifica al Estado de derecho.
Con el caso Aldana, el PRI mostró de nuevo su talón de Aquiles, el PAN mostró que regresa a la senda de las concertacesiones que le rindió frutos durante el salinismo y, sobre todo, pone en práctica la idea absurda de que le va mejor cuando cogobierna con el PRI, que cuando gobierna solo.
Allá el PRI y el PAN, esa historia ya es conocida.