18 de diciembre de 2003.
La Haya, Holanda, (EFE).. El gobierno de México solicitó hoy de forma implícita la revisión de los juicios que condujeron a la condena a muerte de 52 ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, al presentar sus conclusiones finales ante los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI).
Fue el último día que México tuvo para exponer sus argumentos y rebatir los presentados por Estados Unidos, el martes, en el caso que enfrenta a los dos países ante los jueces internacionales.
México llevó a principios de año ante los jueces de la CIJ, con sede en La Haya, el caso de los ciudadanos de su país condenados a la pena capital en diferentes estados estadounidenses, por la presunta violación al derecho de información consular de los reos mexicanos.
En las audiencias que comenzaron el lunes, el gobierno de Vicente Fox ha sostenido que las autoridades estatales y municipales estadounidenses violaron la obligación de informar a los detenidos de su derecho de comunicarse con la representación consular de su país, contenido en la Convención de Viena.
A su juicio, esto podría haber cambiado sustancialmente el curso de los acontecimientos y aumentado la vulnerabilidad de los detenidos que en la mayoría de los casos tenían un bajo nivel cultural y no hablaban ni entendían inglés.
Rebatieron los representantes del Gobierno de Fox los argumentos estadounidenses de que los mexicanos tuvieron un juicio justo con todas las garantías en condición de igualdad con los ciudadanos norteamericanos. "Deteniendo, encarcelando, juzgando y sentenciando a los 52 mexicanos, EU violó sus obligaciones internacionales e impidió que nuestras autoridades pudieran ayudar a sus ciudadanos", dijo el embajador Oñate.
Igualmente negó que los condenados a muerte tuvieran nacionalidad estadounidense y solicitó que la corte dicte medidas para evitar que EU siga violando estos derechos y se den garantías de que no va a volver a ocurrir en el futuro.
México se negó a aceptar los argumentos estadounidenses de que los condenados agotaran las vías judiciales nacionales, presentaran recursos y solicitaran indulto o clemencia. "Detrás de estas decisiones hay siempre una gran carga política", dijo la letrada estadounidense Sandra Babcok, que actuó en representación del Gobierno Mexicano.
Babcok acusó a Estados Unidos de dejarse llevar por criterios políticos y discriminatorios a la hora de tomar decisiones sobre las condenas a muerte. "Hay estudios que muestran que la nacionalidad de los acusados juega un importe papel", declaró a EFE la letrada.
Puso como ejemplos los casos de Hector García Torres y José Trinidad Losa, que aguardan en el corredor de las muerte en prisiones estadounidenses en los que fiscales y jueces esgrimieron como argumentos para condenarles que no tenían papeles o eras "espaldas mojadas".
Mañana, Estados Unidos tendrá oportunidad de presentar de nuevo sus argumentos y conclusiones definitivas dando por concluidas las vistas.
No obstante, la decisión de los jueces puede prolongarse todavía varios meses, ya que los procedimientos de la CIJ son, de forma habitual, muy lentos.
Nacida en 1946, la CIJ es el más alto órgano judicial de Naciones Unidas y dirime las diferencias entre Estados a diferencia de otros tribunales, con sede también en La Haya que juzgan la responsabilidad penal de los individuos.