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MÉXICO, DF.- El gobierno de España presentó ayer la solicitud formal de extradición contra los seis presuntos etarras detenidos en México durante un operativo conjunto efectuado en seis estados del país, en lo que fue el mayor operativo en la historia contra la organización terrorista vasca en el país.
A punto de concluir el plazo de 45 días para presentar formalmente la solicitud de extradición contra los seis detenidos, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales notificó hoy a los seis detenidos, entre ellos una mujer, que serían sometidos al proceso de extradición conforme lo solicitaran las autoridades españolas.
Los presuntos miembros de la ETA, Ernesto Alberdi Elejalde, Félix Salustiano García Rivera, Juan Carlos Artola Díaz, María Asunción Gorrochategui Vázquez, José María Urquijo, y Asier Arronategui Duralde, fueron notificados ayer en la rejilla de prácticas de la solicitud formal de extradición que en su contra presentó el gobierno de España.
Ahí, los acusados hicieron uso de la palabra y acusaron al gobierno español de efectuar una venganza política en contra de la ciudadanía vasca instalada en México "por el solo hecho de ser vascos"; dijeron que la persecución contra el pueblo vasco ha sido consentida por el gobierno mexicano.
Su abogada defensora, Bárbara Zamora, dijo que esta situación se refleja también en el hecho de que todos se conocieron hasta que fueron internados en el Reclusorio Norte, salvo en el caso de Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategui.
La petición contra los presuntos miembros de la ETA, detenidos el pasado 18 de julio con tres supuestos cómplices mexicanos, María del Pilar Sosa Espinosa, Pedro Ulises Castro Vargas y Noé Camarillo Cantú, ocurre apenas cinco días después de que otro juez federal avaló en su opinión jurídica la entrega a España del presunto etarra Lorenzo Llona Olalde.
A los acusados se les responsabiliza de ser los representantes de la célula de la ETA responsable de toda una red financiera a través de la constitución de al menos diez fondos de inversión y de cuentas puente en cuatro bancos nacionales y dos instituciones extranjeras, cuyo objetivo era allegar recursos que la organización terrorista enviaba a sus supuestos miembros huidos y establecidos en México.