La Comisión Nacional de Derecho Humanos solicitó que se indemnice al agraviado
TORREÓN, COAH.- Un año de impotencia, tristeza, llanto y lucha constante ha transcurrido desde aquel 29 de junio del 2002 en que el joven Raúl Medina García, ingresó al Seguro Social donde se le practicaría una sencilla operación de circuncisión, pero por un descuido, su vida llena de ambiciones y objetivos cambió radicalmente. Hoy sobrevive sentado o acostado, con serias dificultades para cumplir sus necesidades más esenciales, sin recibir ayuda de ninguna institución, a pesar de que todas reconocen el daño ocasionado.
El caso de Medina García, es el ejemplo contundente de la forma en que se puede terminar con una vida llena de sueños, planes y deseos de toda una familia sin que nadie se haga responsable. Derechos Humanos pide una investigación a fondo, el IMSS trata de deshacerse del asunto, la Procuraduría de Justicia asegura seguir el proceso, el anestesiólogo Javier de la Torre Buendía, quien según la autoridad incurrió en una conducta violatoria al derecho humano de la salud, al descuidar a un paciente, sigue trabajando normalmente en el Seguro Social, pero la madre y la esposa del afectado, Belem García Chávez y Elsa Guadalupe Rodríguez, claman justicia, pues sus recursos económicos se agotan.
A un año de provocado el daño a Raúl Medina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió al director del Seguro Social, Santiago Levy, que abra una investigación y que se indemnice al agraviado conforme lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de que se le proporcione la atención médica y terapéutica que requiere para su rehabilitación.
De igual forma, la Comisión finca responsabilidad en el anestesiólogo Javier de la Torre, quien durante la intervención quirúrgica no vigiló estrechamente el estado físico y clínico del paciente.
El Siglo de Torreón encontró ayer a Raúl y a su madre Belem, en la casa marcada con el número 36 de la calle Mimbre en el fraccionamiento Obispado y de inmediato la progenitora expresó: “hemos luchado por un año y no hemos conseguido nada, no es posible que con tanta tranquilidad y de la forma más deshumana se perjudique una vida de esta manera”.
El miércoles pasado, recordó, las autoridades del Seguro Social lo dieron de alta, ya no tiene rehabilitación, ni médico, dice la directora de la institución que nos está ofreciendo toda la ayuda, pero no es cierto. El médico que cometió el error sigue trabajando, “imagínense cómo me siento al ver a mi hijo, hace un año un joven lleno de vida y de la noche a la mañana, terminaron con él”.
Belem recuerda cómo su hijo inició su trabajo como intendente en la empresa “Cimaco”, donde llevaba una carrera de ascenso, ocupaba el cargo de jefe de marcaje y como muchos jóvenes cada fin de semana jugaba futbol, sin fumar, ni tomar, en su mente la meta de salir adelante, siempre activo.
Me siento muy triste porque a veces lo veo que no puede comer y me desespera verle la comida en la boca, no podemos andar en camión y por ello debemos pagar un taxi. En el Seguro Social nos niegan la pensión y pretenden darle un 30 por ciento solamente, unos mil 600 pesos que no representa ninguna ayuda para su esposa y sus dos hijos, sostiene la madre de Raúl.
A un año de la tragedia, la familia de Raúl Medina no se explica cómo se puede perjudicar la vida de una persona y después simplemente tratar de olvidar el daño causado.
Tienen 15 días
En la Comisión de Derechos Humanos con sede en esta ciudad, Omar Sifuentes Bocardo, Segundo Visitador General, explicó que la institución tiene 15 días para aceptar o rechazar la recomendación de la CNDH, aunque si se acepta la indemnización, hay ciertas lagunas legales en nuestro país para ese tipo de derechos. Si rechaza la determinación, la situación se complicará seriamente, advierte.
En la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se informó que la averiguación previa penal empezó el 4 de julio del 2002, en que se ejecutó acción penal contra el inculpado, Javier de la Torre Buendía, el 11 de enero del 2003, por los delitos de lesiones gravísimas que ocasionan deformidad o incapacidad permanente para trabajar, así como responsabilidad profesional en forma culposa, según proceso penal 28/2003. El caso se lleva en el Juzgado Primero Local Letrado.
Responsabilidad profesional
Según el Código Penal de Coahuila, en su sección tercera de la responsabilidad profesional, señala:
Artículo 277. Modalidad típica punible de responsabilidad profesional: A quien cometa un delito con motivo del ejercicio de una profesión, arte o actividad técnica; aprovechando su condición de profesional; además de las sanciones que le corresponden por el delito que cometió, se le aplicará suspensión de un mes a cinco años en los derechos para ejercer la profesión, arte o actividad técnica.
FUENTE: Código Penal de Coahuila