Reuters
LA HABANA, CUBA.- El gobierno cubano, ignorando las protestas internacionales, mantenía detenidos ayer a 72 disidentes en un intento de asfixiar la creciente labor de la oposición, denunciaron fuentes de la disidencia.
Con la opinión pública internacional concentrada en el ataque encabezado por Estados Unidos contra Iraq, las autoridades cubanas iniciaron el martes una vasta operación en todo el país contra opositores a los que acusan de conspirar con Washington contra la revolución del presidente Fidel Castro.
“El gobierno lleva años soñando con aplastar el pacífico movimiento prodemocracia... Está preocupado por los espacios internos e internacionales ganados por la disidencia”, dijo Elizardo Sánchez, presidente de la proscrita Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Según familiares de los detenidos, la mayor operación contra la disidencia en muchos años se ha estado desarrollando con un amplio despliegue de policías y agentes de seguridad, que han bloqueado calles y registrado minuciosamente las casas de los opositores.
En los allanamientos, los agentes incautaron todo tipo de material, desde computadoras hasta fotos y cartas personales, agregaron.
“Están tratando de sembrar el terror, quieren asustar”, señaló el disidente Vladimiro Roca, quien fue liberado el año pasado tras pasar cinco años en la cárcel por su labor opositora.
Roca, al igual que otras destacadas figuras de la disidencia como Sánchez y Oswaldo Payá, dijo estar convencido de que en cualquier momento llegarían a arrestarlo.
En la isla sólo se permite la existencia del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), pero hay decenas de pequeños grupos, con frecuencia divididos y desconocidos por sus compatriotas, que en los últimos años han aumentado tímidamente su labor opositora.
Entre los 72 detenidos, según cifras de la Comisión, figuran la economista Martha Beatriz Roque, el periodista independiente Raúl Rivero y el opositor Héctor Palacios, así como decenas de promotores del disidente Proyecto Varela, una iniciativa liderada por Payá que pide un referéndum sobre cambios políticos y que ha logrado amplio reconocimiento internacional.
El gobierno cubano acusa a los detenidos, cuya cifra exacta aún no ha confirmado, de “actos de traición” al servicio de Estados Unidos y ya ha anunciado que serán llevados ante los tribunales.
Todas estas detenciones fueron precedidas de fuertes críticas del gobierno cubano contra el nuevo jefe de la Sección de Intereses de Washington en La Habana, James Cason, por su apoyo abierto a los disidentes, con quienes ha mantenido numerosas reuniones.
Castro, en el poder desde 1959, incluso amenazó a principios de mes con cerrar la misión diplomática norteamericana en La Habana por ser “una incubadora de contrarrevolucionarios”.
El Departamento de Estado norteamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA), y organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional condenaron las detenciones y pidieron al gobierno que libere a los arrestados.
En el Congreso norteamericano, donde la próxima semana está previsto que se presente un proyecto de ley para levantar las restricciones de viaje contra Cuba, también se despertaron interrogantes sobre si la ola de detenciones podría afectar esos intentos de algunos legisladores de suavizar el embargo que Washington mantiene desde hace cuatro décadas sobre la isla.