La casa de la familia Vázquez fue derrumbada, los hijos quedan desamparados
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La familia Vázquez Carreón lo perdió todo. Desde hace dos meses José y Silvia están en la cárcel. Sus cuatro hijos quedaron desamparados, la mayor cuidaba de los pequeños. El delito fue pedir tres mil pesos prestados a un agiotista. Ayer la casa de los inculpados fue derrumbada y todavía hay más.
Hoy en el lugar donde se encontraba la casa marcada con el 452 de la avenida Doroteo Arango de la colonia El Dorado, sólo hay ruinas. Los pocos muebles quedaron en la calle, afuera estaba Karla Paola Vázquez de 18 años, su rostro muestra tristeza y desesperación.
Vecinos de la familia Vázquez Carreón informaron sobre lo que consideran una arbitrariedad y un exceso. A las 14:30 horas, una máquina entró a la casa y empezó a destruir las paredes. Minutos antes, se logró rescatar los pocos muebles básicos del hogar de los niños desamparados.
“Llegó un abogado y dijo que tenía orden del Juez para destruir la casa, que si había alguien mayor de 16 años adentro mejor lo sacaran porque si no también iba a parar a la cárcel”, dijo un vecino del lugar.
Cuando caían los muros de la humilde vivienda, Silvia Alejandra, Valeria Berenice y José Eduardo Vázquez Carreón, regresaban de la escuela. Los niños tienen 13, diez y ocho años respectivamente. “¿Por qué tiran la casa?, ¿Dónde vamos a vivir”?, preguntaban los pequeños.
Temerosa de hablar, con la voz baja, Karla Paola comentaba que no conocía bien los detalles del caso: “Mi mamá era la que se movía para todo, el ocho de junio cumplía 39 años, ese día vinieron por ella, le dijeron que mi papá estaba en la cárcel, que sólo tenía que firmar algo, pero ya no volvió”.
José Vázquez Rubio tiene 44 años y trabajaba como herrero; según los vecinos dicen que pidió prestados tres mil pesos a Juan Orozco Espinoza en 1994, en el 2000 se efectuó un embargó por seis mil 500 pesos, herramientas, muebles y la ropa de la familia fue tomada, pero la deuda no se saldó.
Karla Paola dice que ningún abogado los ha querido ayudar, que los pocos que se acercaron sólo les pidieron dinero y nada. “Una vez, mis papás le dieron a un abogado Gamboa ocho mil 500 pesos, pero dicen que no se arregló nada”, señala, la jovencita.
El representante legal del prestamista fue identificado como Rafael Cháirez Castro, según los vecinos llevaba consigo documentos que le permitían el desalojo y la destrucción de la casa, una patrulla de la Policía Preventiva se acercó al lugar, tomó datos y se fue.
Una buena amiga de Silvia Carreón detalló el problema: “Lo que pasa es que no ha liberado la casa, la están presionando para que firme, por eso está en la cárcel, si firma sale libre, pero pierde la casa”.
Hoy una familia más está devastada, las ruinas de la vivienda denotan la situación emocional de los Vázquez Carreón. En teoría, la Ley castiga a los usureros, en la práctica, son los necesitados los que pagan el delito y algunos lo pagan muy caro.
Lucro desmedido
Candelaria González Castillo, de la Unión de Colonias Independientes, opina que existe una gran cantidad de personas que de alguna forma se han visto afectadas por los agiotistas, quienes amparados en abogados sin ética, acaban con el patrimonio de las familias.
La difícil situación económica por la que atraviesan los trabajadores, está siendo aprovechada por quienes se dedican a la usura, pues ante la emergencia de conseguir dinero rápido, obligan a firmar documentos en blanco y aplican elevados intereses para después multiplicar el monto del adeudo.
“A veces las personas son muy humildes y desconocen el cause de las denuncias, no saben de citatorios y cuando acuerdan están a punto de perder sus bienes”, dice Candelaria González.
Respecto a este tipo de casos, el 21 de mayo del presente año, el asesor jurídico del Colegio Regional de Abogados de La Laguna del Estado de Durango, Alberto Montes Rodríguez, manifestó que la ciudadanía no se debe dejar llevar por la urgencia de dinero y el desconocimiento de la Ley para ceder a todas las presiones que ejercen los prestamistas al momento de facilitar una cantidad determinada de dinero.
La usura es una práctica para la que existe una penalidad, pero además de ello hace falta que la ciudadanía, cuando celebra este tipo de contratos, establezca todo por escrito para evitar al máximo verse involucrada en conflictos legales que no les rendirán ningún resultado favorable.