“La condescendencia crea amigos y la verdad crea enemigos.” Terencio
Casos como el de Digna Ochoa se convierten, por naturaleza, en temas políticos. Hemos visto así surgir en torno a la investigación de la muerte de la activista en materia de derechos humanos una serie de posiciones y actitudes que sólo pueden explicarse por razones políticas. Para muchas organizaciones era muy importante que se comprobara que Digna había sido asesinada porque eso confirmaría su papel de mártir de los derechos humanos en nuestro país. En cambio la nueva investigación llevada a cabo por la fiscal especial Margarita Guerra sólo ha ratificado la tesis del suicidio.
La conclusión de la fiscal Margarita Guerra se basa fundamentalmente en el trabajo del perito Óscar Lozano. Este establece que, el 19 de octubre del 2001 la abogada Ochoa se disparó a sí misma con una pistola de su propiedad. Esto lo hizo en su apartamento de la calle de Zacatecas 31-A en la colonia Roma de la ciudad de México. No hay ninguna indicación de que la puerta de la pequeña vivienda haya sido forzada, de que haya habido alguna lucha o siquiera de que haya habido otra persona en su interior con Digna Ochoa en ese 19 de octubre del 2001.
Parte de las dudas legítimas que se pueden tener sobre este caso parten del hecho que la primera de las tres investigaciones que la Procuraduría del Distrito Federal llevó a cabo determinó que Digna había sido asesinada. El caso fue retomado a partir de enero del 2002 por un segundo grupo de investigación el cual avaló la tesis del suicidio. La elección de Margarita Guerra, una jurista con amplia experiencia para convertirse en la tercera investigadora, buscaba poner fin de una vez por todas a las dudas.
Yo escribí el año pasado un artículo, fundamentado en el primero de los peritajes, que ponía en duda la tesis del suicidio y sugería la posibilidad de un homicidio. Más tarde conversé con funcionarios involucrados en la segunda investigación, los cuales me señalaron algunas de las razones más importantes que los llevaron a postular la tesis del suicidio. Me impresionó en particular la información de que en el diminuto apartamento de Digna Ochoa no había una sola señal —ni huella digital, ni cabello, ni marca de zapato en un polvo blanco regado por el piso— de la presencia de alguna persona que no fuera Digna. Sería casi imposible, me dicen, que una persona no dejara ninguna huella de su estancia en un lugar de esas características y especialmente si estuviera cometiendo un homicidio.
La conclusión de la fiscal Guerra no convence a todo el mundo. La familia de Digna insiste que la muerte fue obra de un homicida. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si bien no ha analizado todavía el expediente de la tercera investigación, ha decidido rebautizar uno de sus salones con el nombre de Digna Ochoa. Quienes en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han seguido este caso afirman que el suicidio no encaja en la hipótesis que ellos tienen sobre la muerte de Digna y afirman que buscarán medidas contra México por no haberse hecho justicia en este caso.
No me queda ninguna duda de que, si esta investigación la hubiese realizado una procuraduría panista o priista, habríamos visto una mayor oleada de acusaciones por supuesto encubrimiento. Pero los trabajos han sido realizados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la cual pertenece a un gobierno perredista que, se supone, tiene lazos más estrechos con activistas de los derechos humanos. Margarita Guerra, la fiscal especial, es una mujer que tiene especial reconocimiento en la izquierda.
Yo sé que para la sociedad es difícil aceptar que una mujer que tuvo un destacado papel en la defensa de los derechos humanos pueda haberse suicidado. Esto es especialmente difícil para quienes necesitan convertir a Digna en mártir de esa causa. Por otra parte, las conclusiones de suicidio en casos políticamente sonados han quedado desacreditadas en los últimos años con las investigaciones sobre la muerte del ex secretario del transporte capitalino Luis Miguel Moreno o del ex subsecretario de comercio Raúl Ramos Tercero.
Pero una investigación criminal no puede resolverse por dogmas o prejuicios populares. A final de cuentas lo que se debe buscar es la verdad. En este sentido la fiscalía especial encabezada por Margarita Guerra y la Procuraduría capitalina de Bernardo Bátiz merecen un aplauso por la valentía de postular una conclusión impopular.
Disímiles
Pablo Gómez en el PRD y Elba Esther Gordillo en el PRI. Difícilmente pudieron haberse encontrado dos personajes más disímiles para encabezar la oposición legislativa al régimen del presidente Vicente Fox.
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