08 de diciembre de 2003
Mérida, México, (EFE).- Más de un centenar de delegados de países de todo el mundo se reunirán mañana en la ciudad colonial de Mérida, capital del sureño estado mexicano de Yucatán, para suscribir la Convención de la ONU contra la Corrupción.
Este instrumento pretende combatir ese flagelo mundialmente, al obligar por primera vez al cumplimiento de normas en ese sentido en Asia y Africa e incluir al sector privado, ausentes de convenios regionales de este tipo.
La Conferencia en la que se firmará la Convención será inaugurada por el presidente de México, Vicente Fox, quien será el único gobernante que asista, ya que el evento coincide con la primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información, en Ginebra, y a la que se prevé asistan 55 jefes de Estado.
Las delegaciones serán encabezadas por los ministros de Justicia y fiscales generales de los diversos países, quienes se reunirán entre el 9 y el 11 de diciembre en Mérida.
La seguridad es la ciudad ha sido reforzada hasta el extremo de instalar un laboratorio para prevenir ataques bioterroristas, señaló el secretario de salud del estado, José Pereyda.
El principal avance de la Convención es "balancear apropiadamente la prevención, la penalización, la cooperación internacional y la recuperación de activos", dijo el representante regional para México y Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas (ONU) Contra la Droga y el Delito (ONUDD), José Vila.
Señaló que por primera vez se acuerdan definiciones a nivel mundial sobre delitos como soborno, enriquecimiento ilícito, malversación y conflicto de interés, que deberán ser establecidos en los códigos penales de los diversos países, además de precisar el término de "funcionario público".
También contiene un conjunto de "medidas preventivas" que incluyen políticas y prácticas anticorrupción, medidas específicas para el sector fiscal, como dotar de mayor transparencia la financiación de campañas electorales y partidos políticos, así como las compras públicas y la contratación de personal.
Asimismo, el documento incluye recomendaciones para mantener la integridad del Poder Judicial, sancionar y prevenir la corrupción en el sector privado, promover la participación de la sociedad en las denuncias y tratar de evitar el lavado de dinero.
El punto más novedoso se refiere a la cooperación internacional en la devolución de activos robados o malversados y las regulaciones más estrictas para el sector financiero.
Estas últimas incluyen que el secreto bancario no pueda ser esgrimido para obstaculizar las investigaciones sobre delitos de corrupción.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de México, Alejandro Ramos, señaló que la "principal bondad" de esta Convención será "establecer un terreno común en que todas las naciones se obliguen a tipificar bajo el mismo criterio las conductas que impliquen corrupción".
"Este marco homogéneo mundial facilitará la cooperación en la lucha contra este flagelo a través de extradiciones ágiles y certeras y de asistencia jurídica mutua", dijo.
"Para los países que hemos sufrido actos de corrupción y vemos fuga de capitales a otros países es altamente significativo, es un cerco a la corrupción y la impunidad", añadió.
Por su parte, la subsecretaria de Temas Globales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Patricia Olamendi, adelantó que su país firmará la Convención "sin reserva alguna".
Destacó además que el instrumento servirá para igualar a todos los países en la lucha contra la corrupción y terminar con la división entre "buenos y malos" en que sólo el país que se corrompe y no el corruptor es considerado como culpable.
En ese sentido, el consultor jurídico adjunto de la Cancillería, Joel Hernández, destacó que los países en que existen los denominados "paraísos fiscales" demostraron "suficiente receptividad para entender la importancia de cooperar con la recuperación de activos".
Tal es el caso de Suiza, famosa como refugio de capitales por la discreción con que opera su sistema financiero, que presidió el grupo que negoció precisamente el capítulo de devolución de activos a los países donde hay corrupción.