01 julio 2003
Washington, (EFE).- EU congeló hoy casi 48 millones de dólares en ayuda militar a 35 países, ocho en América Latina, por no subscribir acuerdos que eximan a sus ciudadanos de la jurisdicción del Corte Internacional, dijo el Departamento de Estado.
"Desde la fecha de hoy, la asistencia militar que no se ha dado se congelará", dijo Brooke Summers, una portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado afirmó que los países afectados serán los que hayan ratificado el Estatuto de Roma, que establece el Corte Penal Internacional (CPI), pero que no tengan acuerdos bilaterales que eximan a los estadounidenses de su jurisdicción. En esta categoría están ocho países de América Latina: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Colombia, que es el tercer mayor receptor de ayuda exterior de EU en el mundo tras Israel y Egipto, perdió cinco millones de dólares, según Richard Boucher, el portavoz jefe de ese Departamento, quien indicó que los fondos para la lucha contra el narcotráfico no se verán afectados.
Todavía no se han divulgado las cifras de ayuda perdida por las otras naciones. Si estos países no firman los acuerdos antes del 30 de septiembre, no recibirían partidas el próximo año fiscal, que en el caso de Colombia podrían ser de 98 millones de dólares.
EU también interrumpió la ayuda a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania, pero estos países estarán exentos de esta medida cuando entren el próximo año en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Los otros países afectados son Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Benin, Croacia, Dominica, Fiyi, Lesoto, Malawi, Mali, Malta, Namibia, Níger, República Centroafricana, Samoa, San Vicente y Granadinas, Serbia y Montenegro, Sudáfrica, Tanzania, Trinidad Tobago, y Zambia.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que apoya el CPI -creado para juzgar crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio- protestó la decisión.
HRW afirmó que EU usa "tácticas de matón" para conseguir que otros países se comprometan a no extraditar nunca a esta Corte a ciudadanos estadounidenses que estén en su territorio.
"Las autoridades de EU realizan una campaña mundial para presionar a Gobiernos democráticos pequeños, vulnerables y frecuentemente frágiles para que firmen acuerdos bilaterales con Washington", señaló la organización en una carta que envió hoy al secretario de Estado, Colin Powell.
EU ha suscrito estos convenios con más de 50 países, "más de siete" de ellos de forma secreta, según el Departamento de Estado, pero todos los que se han divulgado son con países pequeños, excepto India y la República Democrática del Congo.
La Casa Blanca informó hoy de que mantendrá, por motivos de "interés nacional", la ayuda militar a los países latinoamericanos que han firmado pero no han ratificado todavía el acuerdo bilateral, en el caso de Honduras hasta el 1 de noviembre, y de Panamá y Bolivia hasta el 1 de enero de 2004. El Salvador, República Dominicana y Nicaragua ya han ratificado estos convenios.
En total, el Departamento de Estado dijo que EU congelará casi 47 millones de dólares en ayuda militar prometida pero no desembolsada, así como 613.000 dólares en fondos para la educación militar internacional.
Estos fondos se usan principalmente para la formación de soldados extranjeros en instituciones de este país, como el controvertido Instituto para la Cooperación de Seguridad en el Hemisferio Occidental, la antigua Escuela de las Américas.
Summers agregó que se hará una excepción con los militares extranjeros que se encuentran en este momento en instituciones de este país, a quienes se les permitirá terminar el curso.
Las ayudas que no se verán afectadas por la suspensión son la asistencia para el desarrollo, la financiación de las operaciones de paz de la ONU y el apoyo económico.
Summers añadió que los países extranjeros también podrán comprar armas a EU con sus propios fondos "sujetos a las restricciones de la Ley", en referencia a la Ley de Protección de los Soldados Estadounidenses, aprobada el año pasado.
Esta norma estableció la amenaza de la suspensión de la ayuda militar como medida de presión, pero eximió de ella a los diecinueve miembros actuales de la OTAN y otros nueve aliados importantes, como Argentina, Egipto e Israel.
EU se opone al CPI porque afirma que sus ciudadanos -especialmente funcionarios y militares- podrían ser sujetos a juicios por motivos políticos.
No obstante, las organizaciones de defensa de los derechos humanos argumentan que la propia Corte tiene mecanismos para eliminar este tipo de casos.
"Todo el mundo puede presentar una demanda ante el CPI, pero el fiscal no tiene la obligación de hacer que prospere", dijo Brigitte Suhr, abogada de Human Rights Watch, quien predijo que la corte recibirá tantas querellas que se concentrará en las importantes y no en las de dudosa relevancia.
Por ello, Suhr calificó la política de Washington de "equivocada y maliciosa", ya que, a su juicio, EU usa "un gran palo" para obligar a muchas naciones a hacer lo que no quieren.