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Lima, Perú.- El estado de emergencia impuesto por el gobierno consiguió ayer parte de su objetivo, cuando el líder de 1.5 millones de agricultores anunció la suspensión temporal de uno de los paros que durante varios días convulsionaron al Perú.
Desde el amanecer de ayer, tropas del ejército custodian edificios públicos y patrullan las calles en el país al entrar en vigor el estado de emergencia para poner fin a una oleada de huelgas.
El dirigente Enrique Málaga anunció que los hombres del campo acordaron suspender temporalmente su paro y pedir al presidente Alejandro Toledo levantar la medida de excepción en un plazo de 48 horas.
Málaga pidió diálogo con Toledo “pero sin tanques en las calles”, y demandó la renuncia del ministro de Agricultura, Álvaro Quijandría, a quien los agricultores declararon persona non grata “por no informar verazmente al país sobre la situación del agro”.Los trabajadores de la seguridad social, por su parte, reanudaron sus labores, dijo el jefe del gabinete de Toledo, Luis Solari.
En los paros a nivel nacional, por mejores salarios y otras reivindicaciones, participaban millares de agricultores, maestros de escuelas públicas y trabajadores de la seguridad estatal.
Los agricultores habían bloqueado con piedras y neumáticos encendidos las carreteras del país que estaban interrumpidas en 35 lugares, según el ministro del Interior, Alberto Zanabria.
El bloqueo de carreteras impedía la circulación de vehículos de carga y de autobuses, cuyos pasajeros quedaban varados en despoblados o pueblos donde escaseaban alimentos y agua potable.
Toledo dijo por televisión sorpresivamente el martes en la noche, que su gobierno había decidido “declarar el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, para que se ejercite plenamente las libertades personales y el derecho al libre tránsito”.
Añadió que “como presidente constitucional y jefe supremo de las fuerzas armadas, he decidido encargarle a las fuerzas armadas asumir el control del orden interno, para cuyo propósito contribuirá la policía”.
También dijo que “hemos decidido reabrir las escuelas y restablecer el tránsito en las carreteras”.
Según analistas, el gobierno habría decidido implantar el estado de emergencia y encargar a los militares el control del orden interno, ante rumores de un eventual paro policial por mejores condiciones de vida.
Las garantías constitucionales suspendidas son las de libre tránsito, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión, y libertad y seguridad personal.
En el primer día del estado de emergencia tropas y vehículos blindados del ejército custodiaban también locales sindicales y de partidos políticos en Lima, mientras policías y soldados despejaban las carreteras bloqueadas en el interior del país.
La congresista Mercedes Cabanillas, del opositor Partido Aprista Peruano, dijo: “Deploro que el presidente Toledo haya tenido que acudir a una medida de fuerza y recurrir a los militares para que asuman el control del orden interno. De repente no confía en la policía. El ha invocado a la fuerza armada para reprimir. Reprimiendo no se soluciona nada”.
El líder de los maestros, Nilver López, dijo que “ante la falta de alternativas para solucionar integralmente nuestras demandas, Toledo escogió el camino del garrote, de la represión y de la fuerza, que caracteriza a los gobiernos débiles”.
López dijo que “la lucha continúa” y que los dirigentes magisteriales se reunirán este fin de semana para determinar si levantan el paro o no.
“Estos días vamos a desarrollar diferentes actividades. Consecuentemente llamo al magisterio a la prudencia, a la unidad, a la serenidad, a desarrollar acciones de la mejor manera posible”, añadió.
Los 280 mil maestros demandan un aumento salarial de 210 soles mensuales, unos 60.34 dólares. El gobierno dijo que solo puede aumentarles 100 soles al mes, unos 28.74 dólares.