La quincuagésima octava legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, declaró esta semana concluido su último período ordinario de sesiones e hizo un recuento de sus trabajos, entre otras razones, con la finalidad de dejar asentado que sus integrantes no son los culpables de la “parálisis legislativa” que percibe el pueblo y que es motivo de justificación para la forma en que se ha conducido el gobierno de Vicente Fox.
En cifras, no se puede afirmar que esta legislatura no hizo su tarea, por más de que esa tarea no sea del agrado del Poder Ejecutivo.
Los diputados registraron 1,264 iniciativas de reformas legales y dictaminaron 206 modificaciones o nuevas leyes, lo que implica, en proyectos de leyes, casi el doble de los que se presentaron en la legislatura anterior; y las que aprobaron, son un 30 por ciento más que las dictaminadas y puestas en vigor por sus antecesores.
Debe destacarse que de las 51 iniciativas que llegaron a la Cámara provenientes del Ejecutivo, esto es, como iniciativas presidenciales, se aprobaron 46. Aunque debe puntualizarse que algunas de esas iniciativas fueron modificadas por la Cámara, como sucedió con la reforma fiscal propuesta en el 2001 para operar el año pasado.
Sin embargo, lo que generó serios enfrentamientos con el titular del Ejecutivo, fue el hecho de que los diputados rechazaron, en su momento, la propuesta de gravar con el Impuesto al Valor Agregado, las medicinas, los alimentos y las colegiaturas, pues eso le hubiera permitido de un día para otro al gobierno hacerse de recursos frescos.
Eso y las modificaciones a aquellas propuestas del paquete fiscal, sirvieron de “ejemplos” para que el Ejecutivo iniciara una campaña de desprestigio en contra del legislativo, acusándolo de paralizar el cambio que el pueblo desea.
Es cierto que el pueblo desea un cambio, pero no necesariamente en los términos y con el rumbo que el Gobierno Federal le quiere imprimir, prueba de ello es que la mayoría de los sectores estuvieron de acuerdo con los diputados en que no se gravaran los alimentos, las medicinas y las colegiaturas; y si se siguiera la lógica de los funcionarios federales no se puede decir que “el pueblo frenó el cambio”.
En este sentido, conviene recordar que en una entrevista que a finales del dos mil uno le hizo al Presidente Héctor Aguilar Camín, el mandatario razonó, palabras más o menos, de esta forma: Yo creí que como el pueblo me eligió a mí y también a los diputados, unos y otros íbamos a seguir el mismo camino y no fue así.
Es evidente que una cosa es que el pueblo nombre a sus gobernantes y otra muy distinta que éstos hagan lo que les dé su gana, máxime si, como reza el artículo 39 constitucional: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio”. Lo que dicho en otros términos implica que el que manda sigue mandando a aquellos que ostentan el poder que sólo al pueblo le pertenece.
Porque, Vicente Fox nunca dijo en campaña que si llegaba a la presidencia iba a proponer que se gravaran esos productos y servicios, por lo que ni siquiera podía apelar al argumento de que los ciudadanos que votaron por él sabían que eso iba a hacer y aún así lo eligieron.
Los congresos siempre serán entes controvertidos y los legisladores servidores públicos a los que más les exige el pueblo. Porque lamentablemente éste tiene la impresión de que aquéllos trabajan poco y van a las cámaras a muchas cosas menos a legislar, lo que no es así. Pero ya se sabe que en estas cuestiones la percepción de la realidad es más importante que la realidad misma.
Por otra parte, el equilibrio de poderes implica precisamente que unos a otros vigilen su actuar, de manera que ninguno pueda establecer una preeminencia ante los otros dos. En esos términos se ideó la separación de poderes por Montesquieu y así ha funcionado desde el siglo antepasado en la mayoría de los países de nuestro continente y concretamente en México.
El propio presidente Vicente Fox ha sostenido en repetidas ocasiones que el Ejecutivo propone y el Congreso dispone. Así que no hay porqué formular reclamos si acaso, como ha sucedido, los legisladores disponen algo distinto a lo deseado por las instancias del Ejecutivo.
Si atendemos a las cifras citadas, tendremos que admitir que la Cámara de Diputados que está por concluir su gestión hizo su trabajo. Y que el que no lo hiciera en los términos en que lo quería el Ejecutivo no quiere decir que no lo haya hecho o lo haya hecho mal, pues los diputados en temas como el del IVA tenían que atender al sentir de la ciudadanía y no a lo que el Presidente quería.
Es por ello también, que la frase de campaña que reza “quítale el freno al cambio”, no es muy feliz.
Primero, porque el cambio como tal, si se hubiera realizado en los términos ofrecidos en campaña, se podría haber llevado al cabo desde el Ejecutivo en un buen número de aspectos y no ha sido así.
Segundo, porque en el símil que se utiliza se alude a un coche y el freno no es lo único que detiene una marcha, pues de nada sirve quitarle el freno a un vehículo si carece de llantas o su motor está descompuesto. Y aún suponiendo que fuera tal, eso lo sabía desde el principio la actual administración, puesto que en ello basó buena parte de su campaña política.
Coincido con los que estima que el próximo seis de julio ningún partido político logrará la mayoría en la Cámara de Diputados, por lo que no es posible pensar, como lo hacen algunos, que con la renovación de ésta se logren mayores avances.
Y no se podrán lograr, porque el Congreso no es el que ha dejado de hacer su trabajo.