Gómez Palacio

Temen que expidan placas para “piratas”

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El dirigente del comité municipal del Partido de la Revolución Democrática, Cecilio Campos Jiménez, dijo que existe el temor de que el Gobierno Estatal expida más de 300 juegos de placas para unidades de taxis “piratas”, contra las que no se ha tomado ninguna medida y que prestan el servicio con toda libertad.

El perredista dijo que así como el gobierno “dobló las manos” y otorgó un plazo de 30 días sobre los seis meses que ya se les habían concedido, para que los transportistas cumplieran con sus obligaciones fiscales, es probable que ceda a las presiones de los grupos y otorgue los juegos de placas que éstos demandan.

Cuestionó que desde hace algunos meses, la Subdirección de Transporte de la Región Lagunera de Durango, tenga plenamente identificados los vehículos que no tienen permiso para operar, pues las principales agrupaciones integraron una lista de éstos y les colocaron engomados que los mismos líderes mandaron hacer, pero que no tienen ninguna validez oficial.

Sin embargo, no se ha actuado contra quienes operan dichas unidades, y por el contrario, los inspectores de la dependencia están siendo más estrictos con los permisionarios cuyos taxis todavía no terminan los trámites con la Secretaría de Finanzas y aún no portan todavía las nuevas láminas para circular.

Consideró que la ciudadanía ha padecido en carne propia los efectos de la incapacidad y la falta de voluntad de las autoridades para hacer más eficiente la prestación de este servicio y poner un alto a los excesos que cometen las bases que lo monopolizan.

Dijo que de otorgarse los 360 juegos de placas que las organizaciones están reclamando, ello generaría una jugosa ganancia para los líderes, quienes negocian ilícitamente con las concesiones y permisos, pues su costo en el mercado negro es de hasta 30 mil pesos cada una.

Según Cecilio Campos, no se han aplicado las modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado que realizó el Congreso a finales de 2001, que facultaban al gobierno a cobrar por la emisión de las mismas hasta 900 salarios mínimos.

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