El gobierno estatal y el municipal firmarán un convenio de colaboración, para que elementos de Tránsito puedan tener acceso a la inspección del transporte público, informó Ramón Guzmán Benavente, con lo que se aliviará la problemática de abusos a estudiantes y usuarios que continuamente se dan.
Dijo que las nuevas tarifas del transporte público se aplicarán una vez que sean autorizadas por el Ejecutivo del estado.
Usuarios y estudiantes denunciaron ayer que los choferes del transporte público cobran tarifas en forma irregular, a causa de la inexistencia de la moneda fraccionaria, con lo que se ve mermada la economía sobre todo para las personas que utilizan en grandes cantidades este medio para llegar a sus lugares de trabajo y estudios.
Los estudiantes denunciaron que los choferes del transporte público no respetan en muchas ocasiones el descuento del 50 por ciento, mientras que los usuarios se ven afectados por la inexistencia de la moneda fraccionaria, cuando en ocasiones se les cobra hasta 3.50 un pasaje de autobús.
Al respecto, Ramón Guzmán Benavente informó que el gobierno estatal y el municipal firmarán convenio de colaboración, de tal modo que la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través de la Subdirección de Vialidad, podrá coadyuvar a la inspección de las unidades del transporte público, como autobuses, microbuses, combis y taxis, de tal modo que esta medida aliviará en gran medida los presuntos abusos que denuncian estudiantes y usuarios, con respecto al no respeto de las tarifas del transporte.
Guzmán Benavente explicó que para tratar de evitar abusos por parte de los choferes, es necesario que los usuarios puedan pagar con moneda fraccionaria, con lo que sólo pagará lo justo.
Dijo el titular de la DGTE que con este convenio los elementos de Tránsito no sólo podrán inspeccionar al transporte público con facultades de la Ley de Transportes, sino para también aplicar el Reglamento de Vialidad.
Con respecto a los posibles abusos que pueda existir contra estudiantes, informó que se está formando una Comisión en forma tripartida, establecida por autoridades del transporte, sindicatos choferiles y estudiantes, para que con cierta periodicidad se revisen las irregularidades que se presenten, sin que haya menoscabo de las facultades del Consejo Consultivo del Transporte.
Los estudiantes también afirmaron que el transporte debe tener un mejor servicio, mientras que usuarios señalaron que algunas unidades deben ser cambiadas, pues sus condiciones son inadecuadas.
Guzmán Benavente dijo que en lo que respecta a taxis, casi el 100 por ciento de las unidades se encuentran en buen estado. En lo que respecta a autobuses, el 75 por ciento está en óptimas condiciones y en donde podría haber problema es en las combis.
Finalmente, dijo que una vez que el Ejecutivo estatal autorice las tarifas que recomendó el Consejo Consultivo del Transportes, éstas serán de la siguiente manera: “autobús 3.36, microbús 2.94, combi 2.52, la tarifa de estudiante quedó en 1.78, en microbús estudiante 2.83, el banderazo en taxi fue de 3.59, el kilómetro en 3.37 y la hora en 50.32”, de acuerdo al 5 por ciento de aumento que recomienda este órgano.
El incremento total que hubo en los insumos fue del 5.7 por ciento, según el aumento que se derivó de los mismos, también se consideró el aumento al salario mínimo que fue del 5.2%, la revisión de los contratos colectivos de trabajo que se colocaron entre el 6 y 9%, concluyó.
Exigen a las autoridades no pretendan hacer cumplir la ley violando otras
Mientras el Presidente de la Barra de Abogados de Durango y el Director de la Facultad de Derecho de la UJED consideraron anticonstitucional la medida que pretenden aplicar el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de Durango, al detener a los conductores para revisar su documentación como automovilistas, la Subdirección de Vialidad Municipal y el regidor del PRI Rosauro Meza Sifuentes coincidieron que se justifica tal estrategia como medida preventiva, además de que no se opone a lo dispuesto por la ley de tránsito.
Juan Francisco Vázquez Novoa, líder de los abogados de Durango, opinó que las autoridades estarían violando “a todas luces” los artículos 11 y 16 de la Constitución General de la República, los cuales establecen la libertad de tránsito por el territorio mexicano y la garantía de no ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente. Por su parte, Roberto Aguirre Návar, director de la Fader, dejó claro que no hay un fundamento legal para detener a los automovilistas cuando no han cometido ninguna infracción ni violentado ningún reglamento.
En ese mismo tenor, el diputado Alfonso Mercado Chávez exigió al Gobernador del Estado y al Alcalde capitalino que no pretendan hacer cumplir la ley violando otras normatividades; peor aún, pasando por encima de la Carta Magna, y coincidió con el Presidente de la Barra en el sentido de que la medida es más recaudatoria que preventiva. También Pedro Ávila Nevárez consideró que el programa sería injusto e incorrecto; por ende, se pronunció radicalmente en contra de su aplicación.
Emilio Escamilla Castrellón, subdirector de Vialidad, no solamente dijo que es legal el dispositivo, sino informó además que desde el viernes de la semana pasada se está implementando en la ciudad de Durango, aplicando infracciones “de cortesía”, según dijo, en una primera etapa, para infraccionar a partir del 4 de marzo a todo aquel conductor que no cuente con sus placas 2003, licencia y tarjeta de circulación.
El regidor Rosauro Meza, presidente de la Comisión de Protección Ciudadana del Cabildo, dejó claro que la verificación de los vehículos “es una medida legal”, aunque ciertamente causará polémica entre la ciudadanía, reconoció.