Hay muchas cosas que yo no entiendo de algunos miembros de la jerarquía católica. Entre ellas, su afán de inmiscuirse en cuestiones políticas alegando para ello su obligación de orientar a los feligreses, como si éstos fueran incapaces a los que deben guiar de la mano, porque ellos no pueden caminar por sí solos.
Cuando en enero de 1992 se publicó la reforma al artículo 130 constitucional, mediante la cual se otorgó personalidad jurídica a las iglesias y agrupaciones religiosas, así como el derecho de votar a los ministros de cultos religiosos yo pensé que dado el avance que la reforma significaba, con ella la gran mayoría de los sacerdotes y pastores se darían por satisfechos cuando menos durante algunas décadas.
Pero al poco tiempo tuve que reconocer que me había equivocado y que para un buen número de ellos esa reforma era insuficiente, pues querían más, mucho más, pues no faltaron los que exigían el derecho a ser votados y a participar activamente en todas las actividades de tipo político.
De entonces a la fecha, las cosas lejos de atemperarse se han ido recrudeciendo cada vez más, de manera que, en los tiempos electorales, nunca faltan casos de sacerdotes u obispos que en franca violación a lo preceptuado por la Constitución General de la República, hacen proselitismo político apelando, para fundamentar su activismo, a “principios superiores”.
En nuestro sistema jurídico, no hay nada que pueda estar por encima de la Constitución, ni siquiera en la misma jerarquía que ella. De manera tal que lo establecido en su texto es, como bien se sabe, la Suprema Ley de toda la Unión.
El citado artículo 130, en su inciso e), establece literalmente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”.
La claridad del texto no deja lugar a dudas y en ese sentido, la denuncia presentada por el Partido México Posible debe ser atendida y en consecuencia el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco; el obispo de Tlaxcala, Jacinto Guerrero Torres y el de Cuernavaca, Florentino Olvera Ochoa, deberán responder por sus actos, sin tomar en cuenta su condición de jerarcas de la Iglesia Católica.
Desde el punto de vista jurídico, el asunto no tiene vuelta de hoja, pues los ministros de las iglesias no pueden hacer propaganda ni a favor ni en contra de candidatos o partidos. Y lo que hicieron los jerarcas católicos fue hacer propaganda en contra de los partidos que están a favor del aborto.
Pero además, ¿acaso pensarán esos sacerdotes que los fieles católicos que no están de acuerdo con el aborto, no son capaces de repudiar por sí a quienes postulan ideas contrarias a sus creencias? ¿Requerirán que ellos (los sacerdotes) se lo hagan ver para darse cuenta de que no deben votar por ellos? ¿O acaso temen fundadamente que los fieles van a ignorar esas posiciones de la Iglesia, como lo hacen en otros temas?
Creo que en el fondo, los sacerdotes que se inmiscuyen en política se atienen a la fuerza de la sotana y en ella se escudan sabedores de que, muy posiblemente, la misma los volverá impunes.
¡Qué ironías de la vida e incongruencias de la persona humana! Muchos de ellos se rasgan las vestiduras denunciando la impunidad que priva en ciertos ámbitos de la vida nacional y de manera ostensible buscan ser parte de esa impunidad que airadamente censuran.
Ante los argumentos de quienes defienden a aquellos sacerdotes que se inmiscuyen en política alegando valores superiores, no puede uno sino recordar los argumentos de Sócrates cuando injustamente fue condenado a beber la cicuta.
No obstante ser considerado por sus contemporáneos como un soldado valeroso y admirado por su extraordinario civismo, el filósofo griego fue condenado a muerte, por no aceptar a las deidades griegas y por corromper a la juventud.
El propio Platón, su discípulo, lo instaba a no cumplir con la sentencia que le había sido impuesta por considerarla injusta. Pero Sócrates le argumentaba que era necesario que él cumpliera con aquella fatídica sentencia, aún siendo inocente, para evitar con su ejemplo que algún culpable se negara a cumplir con una sentencia justa.
Sócrates antepuso la verdad legal contenida en aquella histórica sentencia, a la verdad real de su inocencia y sin temores apresuró el recipiente en el que se contenía el mortal veneno.
Podríamos decir que otro tanto hizo el propio Jesucristo cuando aceptó su martirio y crucifixión en acatamiento de una sentencia injusta, producto de un juicio sumarísimo orquestado por el sanedrín que contó con la complicidad de Poncio Pilato, quien dictó su sentencia de muerte, porque ésta le estaba impedida a aquel consejo de ancianos.
Si Jesucristo no se evadió a la ejecución de una sentencia injusta, ¿puede uno solo de sus “más fieles” seguidores sentirse autorizado para evadir el texto de la ley suprema?
El Rey de Reyes, según rezan los evangelios de Mateo y Marcos, dejó asentado con claridad meridiana la división que debe existir entre las cuestiones terrenales y las celestiales.
Pretendiendo hacerlo incurrir en contradicción, unos fariseos le preguntaron a Jesús: “¿Está permitido o no pagar el impuesto al César?”.
Jesús comprendió su maldad y les contestó: “Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con la que se paga el impuesto”.
Ellos, pues, mostraron un denario y Jesús les dijo: “¿De quién es esta cara y el nombre que está inscrito?”. Contestaron: “Del César”. Entonces Jesús replicó: “Por tanto, den al César lo que es del César, y a Dios lo que a Dios corresponde” ( Mateo 22).
Para algunos “Príncipes” de la Iglesia, ciertas palabras de Jesús son anacrónicas, las interpretan a su conveniencia o simplemente fingen no verlas. Para ellos todo, absolutamente todo lo del César también debe ser de Dios; aunque ÉL ni por aludido se dé, de lo que estos modernos fariseos andan haciendo en Su nombre.