Solicita el Alcalde apoyo de la Procuraduría para desalojar las invasiones en el ejido Zaragoza
Torreón, Coah.-El alcalde Guillermo Anaya Llamas declaró ayer que el Municipio no será rehén de seudo-líderes e invasores abusones, por lo que en el caso del problema del ejido Zaragoza, ya se pidió el apoyo del Gobierno del Estado y de la PGJE para que intervengan al respecto.
Se debe actuar con apego a la ley y desalojarlos de los predios que tienen invadidos, para evitar que este problema que “floreció” en años anteriores, vuelva a generarse.
Desde el pasado fin de semana, alrededor de 200 personas invadieron terrenos en el ejido Zaragoza, precisamente a la altura de donde confluyen el bulevar Laguna y Diagonal Las Fuentes.
Como supuestamente ya existe denuncia por invasión ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, según Anaya Llamas deben ser desalojados y acusarlos de despojo.
En estos asuntos de las invasiones hay gente que lo hace una y otra vez, no todos tienen necesidad de hacerlo, ni tampoco porque busquen un terreno barato para levantar su vivienda, hay otras situaciones que se manejan en estas acciones.
El Alcalde reconoció lo limitado de las las posibilidades del Municipio para darle respuesta a las necesidades de terrenos baratos, de los ciudadanos de bajos recursos económicos.
La realidad es que “el problema más que nada de la vivienda es que nosotros lo queremos resolver por dos vías, pues las invasiones de terrenos no beneficia ni a 20 por ciento de quienes las protagonizan, ya que es en realidad gente que busca otra cosa”.
Según Anaya Llamas, por el momento lo que se está haciendo es “revivir” el Coproder pues lo dejaron muerto sin inversiones sin tierras, sin servicios no tenemos ninguna que ofrecer y debemos de invertir alrededor de ocho millones de pesos para comprar tierra, urbanizarla y ofertar a gente necesitada un terreno a precios accesibles”.
Negó que su administración vaya a trabajar con privilegios hacia los fraccionadores y que de las reservas que se vayan adquiriendo se les vayan a facilitar a éstos para que paguen mejores precios.
También manifestó que nada tiene que ver esta manipulación de los terrenos con los proyectos para la construcción de un nuevo Estadio de la Revolución.
Bosque Venustiano Carranza.
Por otra parte dijo que se licitará en breve la construcción de la reja perimetral del bosque Venustiano Carranza, una vez que está por terminarse el derribo de la barda.
Igualmente se convocará a la ciudadanía para que aporte sus propuestas respecto a un proyecto de cultura integral a fin de que sea la gente quien decida y enriquezca este quehacer.
Pocas reservas territoriales
Pese al grave déficit de vivienda que existe, el Municipio sólo cuenta con 41 hectáreas disponibles como Reservas Territoriales para proporcionarlas a gente de bajos recursos económicos que necesite realmente terrenos baratos.
Ayer el titular del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales, Coproder Roberto Natera Hernández indicó que aunque quisiera, no puede intervenir en los casos de invasión de propiedades privadas como es el caso del llamado Ejido Zaragoza, que es de propiedad particular en su mayor parte.
Indicó que estos terrenos datan desde la pasada administración e igualmente los juicios por 145 hectáreas en el ejido La Joya y 146 hectáreas en el ejido San Luis.
Por lo que hace a las 41 hectáreas disponibles, son en breña y corresponden 12 y 29 en el mismo ejido, que aunque no están urbanizadas, sí fueron ya escrituradas al Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales, Coproder.
Roberto Natera Hernández dijo que en el caso del ejido Zaragoza, precisamente donde se registra actualmente un problema de invasión de terrenos, se sabe que la mayoría de ellos ya tiene dueño y uno de ellos Raymundo Becerra Martínez ya presentó su denuncia ante las autoridades correspondientes.
Por lo que hace a las personas que desde hace años están posesionados del derecho de vía en el bulevar Diagonal Las Fuentes, casi llegando al bulevar Nueva Laguna, indicó que “este asunto debe resolverlo la empresa Ferromex y el gobierno del Estado”.