El nombre de “trabajo sucio” con el que designan algunos priistas al acuerdo de la oposición con el Poder Ejecutivo al través del Congreso, en el tema de la Reforma Fiscal, es un error que revela el subdesarrollo en que se debate la transición mexicana hacia la democracia plena.
Gobierno Federal y fuerzas políticas, coinciden en que es necesaria para el desarrollo de nuestro país una Reforma Fiscal que facfilite los trámites, aumente la recaudación y reduzca la evasión. Tal propósito se haya en riesgo de fracasar, en virtud de la falta de acuerdo entre el Gobierno Federal y la oposicón que hace mayoría en el Congreso.
El Gobierno de Fox propone reducir del quince al diez por ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado, al tiempo que sugiere aplicar el IVA a medicinas y alimentos, cuyos rubros se encuentran exentos hasta hoy de tal impuesto en virtud de un régimen de tasa cero. La propuesta presidencial no satisface a un sector de legisladores del partido Revolucionario Institucional, porque su aprobación los haría contradecir su discurso de campaña, al que se aferraron con ánimo demagógico para mantener la exención del IVA en alimentos y medicinas.
La bancada priista en la Cámara de Diputados por counducto de su líderesa Elba Esther Gordillo, propuso la creación de nuevos impuestos que gravan la fabricación, intermediación e importación de productos, lo que implica la incorporación del impuesto al costo final y por tanto un aumento de precios al consumidor, además de la generación de complicaciones adicionales en la recaudación, que alientan la evasión.
A la propuesta priista que fue calificada por Sergio Sarmiento como “Mounstro fiscal”, siguió un movimiento de rebelión al interior del PRI, en virtud del cual algunos de los diputados del tricolor se deslindaron de la propuesta acusando a su coordinadora de haber actuado sin obtener un consenso previo en el seno de su bancada.
La semana pasada el diputado priista Carlos Jiménez Macías, acusó a Elba Esther de hacer el “trabajo sucio” a la Presidencia de la República y a esa voz se sumó el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Roberto Madrazo Pintado, quien se expresó en idénticos términos al considerar como “trabajo sucio” el diseño y propuesta del moderno régimen fiscal que nuestro país tanto necesita. La postura de Madrazo, se advierte como un intento ramplón por llevar a la Secretaria General de su Partido al linchamiento político.
Al embate madracista en su contra, la maestra Gordillo replica asegurando que “Madrazo miente”, en un tono que pone de manifiesto que las divisiones del PRI y la lucha por el poder al interior de dicho partido enturbian el proceso legislativo y amenazan con hacer fracasar la Reforma Fiscal, lo que implica un modo de contaminación de nuestra vida pública nacional.
En efecto, Roberto Madrazo miente cuando asegura que el diseño del marco legal en materia fiscal corresponde al Poder Ejecutivo y “a la oposición sólo le corresponde revisarla”. Le faltó agregar al dirigente del PRI que desde su óptica, dicha revisión implica una sumisión servil si la iniciativa proviene de un Presidente priista y un rechazo ciego si viene del presidente Fox o de un presidente de cualquier otro partido.
Los artículos 73, 74 fracción IV y siguientes de la Constitución General de la República, establecen como facultades del Congreso la elaboración de las leyes y respecto de la Cámara de Diputados, consagra la facultad “exclusiva” de establecer las contribuciones que “a su juicio deban decretarse”.
Es cierto que el Poder Ejecutivo Federal puede iniciar leyes fiscales y de toda índole, pero al Congreso compete la responsabilidad del proceso legislativo en su conjunto, habida cuenta que todos y cada uno de los legisladores, diputados y senadores, tienen la facultad individual de presentar iniciativas, lo que hace posibe a cada una de las fuerzas políticas en el Congreso, el expresar en forma de propuesta, su propia versión de la Reforma Fiscal que el país necesita.
Suponiendo que al Poder Ejecutivo corresponda hacer su propia propuesta de Reforma Fiscal, no se entiende que los diputados y senadores deban limitarse a aceptar o rechazar las iniciativas del Presidente y por el contrario, les corresponde hacer una propuesta diversa si no fuere de su agrado la del Ejecutivo.
El proceso parlamentario implica la participación constructiva en la tarea de hacer las leyes que habrán de regir la vida de todos los mexicanos y no debe entenderse como un juego simplista de sumisión o rechazo, al calor de los intereses clientelares de corto plazo, de cada facción o gupo político.