Difícil momento el que vive nuestra democracia. Tenemos que revisar algunos mitos y repensar la responsabilidad que pesa sobre los principales actores. En ese ambiente es esperanzador que los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) preparan una especie de testamento sobre las reformas más urgentes que se requieren.
Uno de los mitos más extendidos es la creencia de que basta con elecciones confiables para que florezca la democracia. Son un ingrediente indispensable pero es a todas luces insuficiente y para demostrarlo está Colombia. Nadie disputa la certidumbre de unos comicios que se ven empañados por una violencia e inseguridad generalizadas. Para que una democracia funcione no basta con comicios confiables; se requiere que trabajen bien, instituciones como el Poder Judicial, el Legislativo y los partidos políticos. Sin este ingrediente no existirá un Estado de Derecho ni se resolverán las principales carencias (alimentación y seguridad).
En México, hay una creencia muy generalizada de que tenemos elecciones confiables. En las elecciones del pasado seis de julio se dieron hechos que obligan a revisar el supuesto. El viernes pasado, en Guadalajara, todos los partidos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandaban la anulación de las elecciones porque, según ellos, el Partido Acción Nacional (PAN) había cometido graves irregularidades electorales. Al día siguiente, en Hermosillo, el candidato a gobernador del PAN, Ramón Corral, acusaba al PRI de haber comprado credenciales de elector y haber repartido despensas y amenazas para obtener votos.
En la Delegación Álvaro Obregón de la capital, observadores de Alianza Cívica documentaron que el PRI y el PRD habían practicado el acarreo y la compra de votos. Pese a que todavía no se establece la importancia de estas irregularidades llama la atención la escasa atención concedida a estas denuncias. En buena medida se debe a que existen instancias donde pueden presentarse quejas, pero también es probable que se esté dando un fenómeno de costumbre. Antes indignaba que fuera uno sólo (el PRI) el que cometía fraudes con alevosía y ventaja; mientras que ahora hay silencio porque son todos. También es posible que las imperfecciones se pasen por alto porque hay un cansancio muy generalizado frente a los procesos electorales y los partidos. Lo anterior tiene una serie de consecuencias negativas que afectan la salud de una democracia ya de por sí imperfecta. Revisando con algo de perspectiva lo que está pasando, la victoria del PRI no estuvo solamente en las urnas.
Lo fundamental es que se ungió de la legitimidad democrática que conceden las urnas. Hace años las victorias del PRI estaban manchadas por las evidencias de fraudes. Actualmente sus triunfos están legitimados sin que pesen acusaciones como las que reproduje en líneas anteriores. Es evidente que han modificado el lenguaje y las actitudes pero es inevitable preguntarse qué tanto ha cambiado los métodos de ese partido.
Si uno revisa a los dirigentes son los mismos que estaban en el 88, el 91, el 94, el 97 y el 2000: Roberto Madrazo, Elba Esther, la Güera Rodríguez Alcaine, Fidel Herrera, el Meme González Garza y, en fechas recientes, Carlos Salinas de Gortari. Que sus métodos no han cambiado demasiado lo demuestran esos mil millones de pesos de multa que le aplicó el IFE. Tal vez lo que está pasando es que estamos viendo una modernización de la irregularidad electoral que se practica, ahora, de manera descentralizada. Diversos analistas han señalado en los últimos días la aparición de los gobernadores como nuevo factor de poder y manejo electoral. Más autónomos y con muchísimos más recursos, tienen la capacidad para desplegar los viejos recursos que en algunos casos se modernizaron tecnológicamente. En este sentido la distinción ya no se debe hacer entre siglas partidistas sino en la disposición que tengan los diferentes gobernantes.
Estos comportamientos diferenciados explicarían lo que parece estar pasando al interior del PAN. Sería injusto afirmar que todo el PAN le entró a la compra de votos, ni tampoco se puede acusar al gabinete de haberse volcado a favor del panismo (por más lamentable que resultara el esfuerzo presidencial por inclinar la balanza a favor de su partido). Pero sería un error ignorar las evidencias de que en algunos estados (Jalisco y Morelos, por ejemplo) los gobernantes panistas le entraron a las irregularidades con tal de alzarse con la victoria. Ante la derrota panista del seis de julio y lo difícil que se anticipan los próximos tres años, es inevitable preguntarse si el Gobierno Federal va a mantener la contención hasta ahora exhibida o si, por el contrario, cederá a quienes argumentan que la única forma de competir es con los métodos priistas.
El colmo de las paradojas estaría en que los métodos del PRI fueron adoptados voluntariamente -e invocando el pragmatismo- por partidos que alguna vez fueron oposición. Ante la evidencia del deterioro en la ética pública, la salida está siendo preparada por el principal responsable de la organización electoral. En un reportaje de María Elena Cantú (“Crisis en el sistema político mexicano: IFE”, julio 14 del 2003, de una revista capitalina), tres consejeros del IFE, Jaime Cárdenas, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard anuncian la preparación de un “memorial” con los cambios constitucionales y las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que consideran impostergables. Como las entregarán al Legislativo antes del 31 de octubre será una especie de testamento político porque en noviembre se decidirá la integración del nuevo Consejo General del IFE en el que, por cierto, sería deseable que permanecieran algunos de ellos (legalmente es posible).
El boceto de esas reformas puede corregir algunas de las carencias, tan evidentes para cualquier observador de la realidad electoral. Entre las propuestas que mencionan está el reducir el tiempo de las campañas y la absurda cantidad de dinero que se entrega a los partidos; en endurecer los requisitos para el acceso a partidos nuevos “pero sin llegar al extremo de no permitir aire fresco en el sistema de partidos”; en modificar la relación tan perversa que actualmente tienen los partidos y los medios de comunicación y en lograr la democratización plena de los partidos. Con estas y otras medidas se darían pasos fundamentales para mejorar el funcionamiento de la democracia. Si hace años la exigencia era tener elecciones libres y confiables, la urgencia actual consiste en lograr que los partidos sean limpios y confiables. La reforma avanzará conceptualmente porque depende de Consejeros del IFE que han demostrado su profesionalismo. La incertidumbre nace cuando se piensa que su aprobación dependerá de partidos que parecieran preferir las imperfecciones existentes.
La miscelánea
El primero de julio pasado explotó un conflicto que tendrá enormes repercusiones. En una Asamblea Extraordinaria realizada en Toluca la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezó a otras 18 comisiones estatales para lanzarse contra el Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH). En ese acto rechazaron un donativo muy importante que la Comisión Europea había concedido a la FMOPDH para mejorar la capacidad profesional del personal de las Comisiones. El hecho, que tendrá graves repercusiones diplomáticas, anuncia un grave conflicto en un sector estratégico para la construcción de la democracia y la contención de los abusos de autoridad.
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