El presidente del Centro Empresarial de Durango, Gilberto Sánchez Rodríguez, expresó que sólo con transparencia es como se emprenderán acciones decisivas para la solución de la inseguridad.
Estimó que la causa central del auge de la inseguridad es un desempeño más ineficiente de las instituciones de seguridad pública y de las de justicia penal en general.
Explicó que en este año tendrá plena vigencia la ley de transparencia que aprobó el Congreso de la Unión; los ciudadanos podrán acceder a la información gubernamental y los funcionarios públicos que la nieguen serán sancionados. El alcance de esta ley es federal, razón por la cual se requiere de leyes locales similares. De hecho hay un proceso de discusión al respecto en el país, de intensidad y resultados diversos. De cualquier manera el acceso a la información del nivel federal es un logro y a través de diversas instituciones federales es posible tener acceso a información pública de las entidades federativas.
Dijo que precisamente una información estadística suficiente y completa permitiría una verdadera rendición de cuentas. Ésta no se limita a divulgar ciertos datos discrecionalmente elegidos por los servidores públicos, sino en poner a disposición del público toda la información significativa que permita a la sociedad evaluar el desempeño de quienes le sirven y a quienes les paga sus sueldos.
Sánchez Rodríguez comentó que si se quiere mejorar la seguridad se debe transparentar lo más posible la información, para que eso a su vez sirva como estímulo para mejorar el desempeño. “Como se ha ilustrado con los casos de secuestro y robo de vehículos, la información estadística sobre seguridad pública es más limitada y pobre que frente a cualquier otro asunto”.
Comentó que Coparmex en el ámbito nacional considera que son cuatro principales deficiencias en materia de información estadística en materia de seguridad: La disponibilidad de información con un horizonte temporal muy limitado; su temática restringida y escasa desagregación; la ausencia de cifras nacionales consolidadas sobre algunos temas decisivos, y la difusión tardía y poco puntual de la información.
Respecto al primer punto, relativo a horizonte temporal, cabe señalar que, por ejemplo, no hay datos oficiales sobre incidencia de delitos del fuero común de años anteriores a 1994. En cambio si hay información estadística judicial de años anteriores, pero que se vuelve poco útil y comparable a falta de datos sobre delitos denunciados.
Por lo que hace a la temática pobre y la escasa desagregación, está el caso de la información de la información estadística judicial que no hace distingos entre delitos intencionales y no intencionales, como es el caso del homicidio o las lesiones, o entre robos con violencia y sin violencia.
Por lo que hace a la información de entidades federativas los gobiernos locales siguen una gran variedad de criterios de agregación, precisamente porque no hay criterios uniformes.