A punto de cumplir los treinta días el actual Gobierno municipal, la ciudadanía de Torreón espera el informe de la Comisión de Entrega Recepción, relativo al estado en que fueron encontrados los asuntos del régimen que presidieron por su orden Salomón Juan Marcos y Javier Garza de la Garza.
Se trata de un informe preliminar, pues el ayuntamiento tiene en todo tiempo el deber de informar a la ciudadanía sobre cuestiones que afecten al interés público que no fueran detectadas hasta el momento y pudieran emerger en el futuro.
Esta posibilidad de auditar en serio a la administración precedente por la que le sigue, es un importante fruto de la alternancia en el ejercicio del poder porque el relevo de un equipo de gobierno por otro de diferente signo partidista, obliga al segundo a deslindarse de los vicios del pasado, con el objeto de no cargar con sus efectos nocivos y sobre todo, a cumplir con el deber de informar a la comunidad.
Las reglas que imperan en el presente caso, imponen la obligación a las actuales autoridades, en el sentido de dar a conocer cualquier irregularidad que se hubiere cometido en el pasado inmediato y proceder en consecuencia consignando los hechos ante las autoridades encargadas del control administrativo y la procuración de justicia. Esto debe hacerse de manera objetiva y responsable, dentro de un marco jurídico y tratando de evitar que dicha labor se convierta en una “cacería de brujas”.
Lo anterior sea dicho, sin perjuicio de reconocer que un informe como el que es objeto de comentario, implica una carga política por naturaleza propia. Lo anterior con mayor razón en un año electoral, en el que el desempeño de los gobiernos de todos los niveles, emanados de los diversos partidos, serán objeto de escrutinio y debate público, con fines de propaganda.
La penosa labor de señalar irregularidades debe ser ejercitada de manera responsable, sustentada y dentro del marco legal. Está por demás insistir en que cualquier señalamiento infundado, revertirá en desprestigio del acusador mal intencionado, frívolo o irresponsable.
Es necesario detectar de manera especial los casos en que los latrocinios que llegaren a descubrirse, fueren producto no sólo del descuido o del dolo eventuales, sino de estructuras creadas y operadas en forma deliberada y planeada, en aras de conservar el poder político. La gran diferencia que existe entre la corrupción que deriva del régimen de partido de Estado y sus resabios y cualquier otra, es que en el primer caso se concibe el ejercicio del poder como fin en sí mismo y por tanto se ejerce como herramienta para mantener el estado de cosas y se disfruta como botín. En el segundo caso la corrupción es ocasional y ocurre por defecto y no por sistema.
En el análisis que se haga en esta forma de revisión administrativa y contable y cualquier otra, debe aplicarse un criterio analítico que lleve a cuestionar la justificación de cada gasto y a revisar la pertinencia y funcionalidad en el empleo de los recursos materiales y humanos. En otras palabras, no basta que las partidas de gastos se amparen en comprobantes que reúnan requisitos meramente formales o normativos, es necesario que la necesidad de cada salida de dinero se justifique en función de los fines últimos de cada institución, la etiqueta presupuestal que ostenten y el bien concreto de la comunidad.
Ese mismo criterio debe aplicarse en el caso de la obra pública. A los informes de gobierno que periódicamente se hacen debe seguir un muestreo de cada obra que se realice, a fin de determinar si se han incorporado los materiales cuya compra se encuentra consignada en la contabilidad.
La administración que preside Guillermo Anaya debe hacer todo esto y más, no en aras de una revancha política ni mucho menos, sino en cumplimiento elemental a sus promesas de campaña, según las cuales ofreció actuar con transparencia plena.
Lo más importante es que después de aplicar la receta que antecede, proceda bajo los mismos criterios a controlar el ejercicio de su propia administración y a rendir cuentas claras, con la seguridad de que al término de tres años, con la misma vara que midiere será medido.