Si no hay cambios, que sindicatos no se opongan a que discapacitados obtengan concesión o permiso para dar servicio a los suyos: Jaime Pérez Calzada.
Hubo un compromiso y un plazo de 18 meses para que el sistema de autotransporte público pudiera cambiar sus rampas y accesos para facilitarle el abordaje a los discapacitados, y a la fecha no han existido cambios, dijo el presidente del Consejo Estatal de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, Jaime Pérez Calzada, quien añadió que pertenecía al Consejo Consultivo del Transporte y ya no ha sido tomado en cuenta; “al parecer pedía mucho y por eso ya no me invitan”, explicó.
Informó el entrevistado que desde finales del año 2001 hubo el compromiso con el Consejo Consultivo del Transporte para que se hicieran los cambios correspondientes en los automóviles y camiones, para que se establecieran las rampas y accesos correspondientes para su traslado; sin embargo, no se ha hecho nada, aseguró el dirigente.
Dijo que en las últimas reuniones del Consejo Consultivo del Transporte, al cual pertenecía, ya no se le volvió a invitar, “tal vez porque pedíamos mucho”, dijo; sin embargo, en la última junta se pudo conocer que los autobuses y microbuses tendrían que hacer una inversión muy fuerte para hacer las rampas de acceso para discapacitados, lo que significaría un gasto considerable.
Sin embargo, también se les propuso que a través de los discapacitados también pudiera darse una concesión o un permiso para que uno o varios discapacitados que tengan ciertas facultades motoras conduzcan autobuses que presten el servicio correspondiente a este tipo de personas, mismos que deberán contar con la infraestructura necesaria para este propósito.
Indicó que la misma Ley para la Integración Social para Personas con Discapacidad establece lo anterior; en su artículo 65 determina que a través de la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado, así como de las direcciones municipales de Vialidad y el Consejo Consultivo del Transporte deben establecer los mecanismos para facilitar el transporte y el libre desplazamiento de las personas que sufren alguna discapacidad.
En su fracción I. Indica: “Los vehículos del servicio público de transporte deberán cumplir con las especificaciones técnicas que permitan el acceso y uso a las personas con discapacidad, incluyéndose la adecuación de sus instalaciones físicas como paraderos y estaciones conforme a esta ley y su reglamento (que aún no ha sido publicado)...”
Jaime Pérez Calzada expuso que sí ha existido disposición de las autoridades estatales y municipales, sobre todo en los cambios de infraestructura en aceras y rampas de acceso a algunos lugares, como lo será el Teatro Ricardo Castro, en donde se ha instalado un elevador; sin embargo, aún falta mucho qué hacer en otros lugares. Con respecto al transporte público, sí estableció que aún no se han hecho los cambios.
Espera que haya eco entre las autoridades correspondientes para que pueda establecerse un permiso de autotransporte para que discapacitados conduzcan y den servicio a estas personas; además, señaló que es necesario para este proyecto que podría apoyar el gobierno estatal, y pidió que los mismos sindicatos del transporte público no se opongan.
Debe recordarse que, de acuerdo con lo que informó hace algunos días Juan Francisco Hernández, coordinador de la Comisión Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad, se habló de serios problemas para que el autotransporte público preste el servicio adecuado, pues continuamente discriminan al discapacitado, porque pierden tiempo y dinero.
Todavía nada del Reglamento para Discapacitados
La Dirección de Gobernación del Estado no tiene conocimiento de la entrega del proyecto del Reglamento para la Integración Social para Personas con Discapacidad, según lo reconoció el titular de esta área, Hugo Carlos Quiñones Saravia, pues dijo que seguramente pueda estar en otro departamento, “tal vez el jurídico o en la Subsecretaría General”.
Indicó que de cualquier modo el proyecto deberá pasar por la Dirección de Gobernación, para darle el último “vistazo”, con lo que se pasa al Ejecutivo para que lo autorice, pues esta actividad es exclusiva de este Poder de Gobierno.
Sin embargo, se comprometió a que el próximo viernes podría indicar en qué estado se encuentra el reglamento y en dónde está. Agregó que es obvio que no son las únicas tareas que realiza esta área y que la revisión de reglamentos varía, pues no existe un promedio exacto.
De acuerdo con la ley, deben existir facilidades para el uso y desplazamiento de personas con discapacidad si se consideran obstáculos como:
· Las aceras, banquetas y cordonerías
· Las intersecciones de aceras o calles
· Las coladeras, sumideros o bocas de alcantarillas
· Los estacionamientos
· Las escaleras y puentes peatonales
· Las rampas
· Los teléfonos públicos
· Los tensores para postes
· Los buzones postales
· Los contenedores de basura y puestos ambulantes
· Semáforos, banderolas, postes, cadenas y anuncios que limitan el tránsito vehicular
· No deben utilizarse banquetas y postes como estacionamiento de bicicletas, motocicletas, carretillas, ni existir expansión de comercios establecidos sobre aceras
Fuente: Ley Estatal para la Integración Social para las Personas con Discapacidad