El enésimo conflicto suscitado entre concesionarios del transporte público de Gómez Palacio, Durango y el Subdirector de Transporte en el Estado, reside en un viejo vicio de nuestra vida pública que premia el incumplimiento de las normas. El motivo de la queja de los inconformes, apunta a la condonación de las multas aplicadas a taxis y autos de ruta que operan sin permiso y por tanto de manera irregular.
La interpelación señala que si ninguna consecuencia enfrentan quienes operan en forma “pirata”, carece de sentido el cumplimiento de los requisitos que la ley impone a los permisionarios regulares. La actitud que se critica de la autoridad implica un aliento a la evasión al control y una afrenta para quienes hasta la fecha han hecho un esfuerzo por mantenerse dentro de la legalidad.
La persistencia de los problemas del transporte público, reside en antecedentes históricos que durante el régimen de partido de Estado hicieron del reparto de concesiones un botín a la luz de criterios de control político. La superación de dicha etapa ha provocado un desorden, en virtud de la falta de voluntad política para establecer por parte de los diversos niveles de gobierno, nuevas reglas que metan en cintura a los concesionarios.
Mientras no se tomen en serio medidas de control ni se castigue penalmente la piratería en el trasporte como una forma de falsificación y engaño a ciudadanía y autoridades, la situación seguirá como hasta ahora. Es necesario que los niveles Estatal y Municipal de Gobierno asuman la solución tomados de la mano y no sólo en Durango, sino en Coahuila y en toda entidad que adolezca de este problema ancestral.